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ARGENPAPERS

Santiago O'Donnell y Tomás Lukin

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Fragmento

INTRODUCCIÓN
PUNTO DE PARTIDA

En estos tiempos de poder blando y ciberguerra global, las megafiltraciones nunca son geopolíticamente neutras. Las que perjudican a los Estados Unidos benefician por descarte a sus rivales Rusia y China. Es el caso del llamado “Cablegate” de WikiLeaks y de los documentos sobre la vigilancia masiva a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana filtrados por el ex espía Edward Snowden. Por el contrario, la megafiltración de los denominados Panama Papers, que aquí nos ocupa, favorece a los Estados Unidos porque sus revelaciones golpean al círculo íntimo del hombre fuerte de la política rusa, Vladimir Putin, y a varios familiares y amigos cercanos de los principales jerarcas del gobierno chino, pero no toca de cerca a ningún funcionario estadounidense importante. Claro que estas megafiltraciones globales se disparan en mil direcciones y terminan produciendo un daño colateral considerable en terceros países, incluso en aliados importantes de las superpotencias que, a priori, emergen como las beneficiarias de la megafiltración. Pero no parece casual que así como altos funcionarios de los Estados Unidos denunciaron las filtraciones de WikiLeaks y Snowden como actos de terrorismo en la forma de operaciones de inteligencia vinculadas con Rusia, del mismo modo, Putin denunció que la filtración de los Panama Papers fue una maniobra de inteligencia de los Estados Unidos para perjudicar a su gobierno.

Recibe antes que nadie historias como ésta

Aunque las consecuencias y los resultados están a la vista y los perjudicados han hecho saber de quién sospechan y por qué, no conviene sacar conclusiones apresuradas sin conocer a los intermediarios. Los principales intermediarios entre la información y el consumidor son los filtradores, los medios y los periodistas. Los filtradores, conocidos o anónimos, en los tres episodios mencionados dijeron actuar por razones altruistas y sin ningún ánimo de inclinar para uno u otro lado la balanza de poder global entre las superpotencias. Por su parte, la gran mayoría de los medios de comunicación que participaron en la difusión de las megafiltraciones se jacta de su independencia editorial, aunque ya sabemos que la objetividad pura no existe y que todos los medios son influenciables, en mayor o menor medida, por los intereses y las ideas que representan. Sin embargo, al publicar esas historias, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, los medios han demostrado estar mucho más interesados en su impacto local —esto es, el impacto en el mercado y el Estado dentro de los que se manejan—, y no tanto en las consecuencias a nivel global. Y, por último, están los periodistas. Lejos de ser jugadores pasivos o meros empleados o representantes de sus medios, los periodistas fueron determinantes en lo que se publicó y lo que se dejó de publicar, según el tiempo que invirtieron, los temas que buscaron priorizar y las estrategias que eligieron para relacionarse con los individuos que toman las decisiones en sus respectivas empresas. En otras palabras, los periodistas pueden ocuparse solamente de los temas que encajan en la agenda de su medio, o pueden sacrificar capital simbólico y poder dentro de la estructura laboral en la que se manejan y difundir información incómoda para éste, ya sea por conflictos de interés propios o con factores de poder vinculados con el medio.

En el Cablegate y los Panama Papers —no así en el caso de Snowden— aparece un cuarto intermediario al que podríamos llamar “distribuidor”, y que también juega un rol fundamental porque es el encargado de recibir el material, proteger a la fuente, elegir a los periodistas y medios que difundirán la información y establecer las fechas de publicación. En el caso del Cablegate, el distribuidor fue WikiLeaks, un sitio web de filtraciones europeo fundado y dirigido por un matemático autodidacta australiano con pasado de hacker y okupa, llamado Julian Assange. En los Panama Papers, el distribuidor fue el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Washington DC fundada en 1997 y financiada por fundaciones de los Estados Unidos y Europa occidental, entre las que se destaca la del inversionista y filántropo liberal y anticomunista George Soros. En ambos casos, cientos de periodistas accedieron a la información, lo cual hizo que la mayor parte de las historias importantes o jugosas, de una u otra manera, saliera a la luz. En cambio, en el caso de las revelaciones de Snowden, en que sólo dos periodistas de un único medio y una documentalista independiente obtuvieron todo el material, menos del 20% de la documentación se ha dado a conocer. Eso se debe en parte porque la información es difícil de procesar en términos periodísticos, en parte porque los periodistas quisieron guardarse algunos ases en sus mangas y, sobre todo, porque Snowden no quiso que se diera a conocer información sensible sobre, por ejemplo, las guerras de Afganistán e Irak, que él mismo había extraído y entregado a sus fuentes en Hong Kong antes de partir despojado de documentos a su exilio en Rusia.

Los Panama Papers salieron a la luz el domingo 3 de abril de 2016, y la Argentina quedó en el centro de la escena porque el presidente Mauricio Macri era uno de los cinco mandatarios en funciones que figuraban entre los más de 11,5 millones de documentos sustraídos de Mossack Fonseca, una firma de abogados y contadores con presencia global especializada en montar negocios offshore. Los archivos fueron filtrados por una fuente anónima con pseudónimo en inglés, “John Doe”, a dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, a lo largo del año 2015 en tandas escalonadas. Antes del primer envío grande de información, “John Doe” sugirió que el diario se asociara a un gran medio de los Estados Unidos: “Se necesita un gran socio de habla inglesa como el The New York Times u otro medio del mismo nivel”.1 Entonces, los periodistas decidieron convocar al ICIJ y compartir el material de muestra que habían recibido con el entonces director ejecutivo de la institución, Gerard Ryle. Ese periodista era quien había aportado la fuente anónima y todavía desconocida de los Offshore Leaks (2013), la primera filtración que trabajó en equipo y a nivel mundial el ICIJ sobre un directorio secreto con 2,5 millones de documentos vinculados con el mundo offshore. Los alemanes habían participado en aquel proyecto y también en Swiss Leaks (2015), la siguiente filtración del ICIJ, cuyo blanco fueron las cuentas secretas del HSBC Private Bank en Ginebra y que tuvo como filtrador a su ex empleado Hervé Falciani. Ryle aceptó entusiasmado la propuesta de colaboración que Obermaier y Obermayer le hicieron en nombre del diario alemán y convocó al mismo equipo que había trabajado en Offshore Leaks y Swiss Leaks, que incluía a periodistas del diario The Washington Post y a los medios británicos The Guardian y BBC. El ICIJ también decidió temprano en el proceso agregar dos equipos de periodistas freelance para que trabajaran específicamente los documentos de Rusia y China, con el argumento de que en esos países no había medios independientes que pudieran respaldar semejante tarea. Ese equipo se fue ampliando con la incorporación de periodistas de todo el mundo, a medida que el alcance de los documentos se extendía por todo el planeta. En medio de ese proceso también se incorporó The New York Times.

Uno de los primeros periodistas convocados por el ICIJ fue el argentino Hugo Alconada Mon del diario La Nación. El primer contacto ocurrió once meses antes de la publicación de los archivos secretos de los abogados panameños, el 5 de mayo de 2015. Los distribuidores de la megafiltración creían que existía un “ángulo argentino fuerte, mucho más que en cualquier otra historia reciente”,2 según le escribió al periodista Marina Walker, la directora del proyecto del ICIJ que, casualmente, también es argentina. Pero el “ángulo argentino” que había despertado el interés del ICIJ y de La Nación no tenía que ver con Macri, que por entonces estaba en medio de la campaña presidencial y ocupaba la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros archivos en formato PDF que la fuente anónima compartió con el periodista Bastian Obermayer del diario alemán Süddeutsche Zeitung, o sea, los que dieron origen a los Panama Papers, estaban vinculados con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los documentos hablaban de la disputa entre el país y los fondos buitre. No de la pelea central en los tribunales de Nueva York, sino de una causa paralela impulsada por el fondo buitre NML Capital. El fondo encabezado por el multimillonario Paul Singer denunciaba que existía un conjunto de sociedades en Nevada, Estados Unidos, vinculadas con el empresario argentino Lázaro Báez —sindicado por los buitres como testaferro de los Kirchner—, que tendrían activos pertenecientes a la Argentina y, por lo tanto, pasibles de ser embargados. La encargada de instalar y administrar el entramado de empresas investigadas por la justicia era la subsidiaria de Mossack Fonseca en Las Vegas. Según el libro sobre los Panama Papers escrito por Obermaier y Obermayer, la demanda de NML Capital contra Mossack Fonseca y los e-mails internos acerca de cómo contestarla formaron parte del botón de muestra que “John Doe” había compartido con Obermayer mientras negociaban los términos de la filtración. La segunda muestra incluía información sobre las firmas offshore de un amigo de la infancia y presunto testaferro del presidente Vladimir Putin.

Que las dos primeras “muestras” de los Panama Papers se refieran a Kirchner y Putin puede dar una idea de la valoración que hizo la fuente de sus documentos, pero no necesariamente de su intencionalidad, mucho menos de su identidad. La historia oficial habla de un ciudadano común, cuya única intención es terminar con “el continuo aumento de la desigualdad” y la “corrupción masiva y omnipresente en la sociedad”, tal como escribió “John Doe” en su manifiesto. Entrevistado para este libro, Obermaier dijo que cree la historia de “John Doe”: “Por el trato te das cuenta de si te mienten o te dicen la verdad, y yo creo que el tipo es sincero. La fuente no mostró un interés especial en Rusia o Argentina, sino en las actividades ilícitas de Mossack Fonseca”. Sin embargo, ¿se puede descartar que detrás de la filtración esté la CIA u otra agencia de inteligencia? ¿Se puede descartar a Singer y a los buitres, cuando tenían miles de millones de dólares en juego y su objetivo inmediato era romper el secreto de Mossack Fonseca? ¿Se puede descartar al propio Soros?

Con el tiempo, el “ángulo argentino” mutó. La hipótesis proclamada por Singer para intentar embargar fondos se convirtió en una poderosa herramienta mediática conocida como “ruta del dinero K”. Pero los supuestos vínculos entre los fondos girados por Báez y la familia Kirchner no pudieron comprobarse con los documentos filtrados. Por otro lado, ocho meses después de iniciado el proyecto, casi tres meses antes de la fecha de publicación y dos días antes de la asunción de Macri, el periodista Iván Ruiz, del equipo de La Nación, detectó en uno de los últimos paquetes de datos filtrados por la fuente la presencia del presidente argentino en el directorio de una offshore bahameña llamada Fleg Trading. Entre uno y otro hallazgo, distintas celebridades, empresarios y políticos argentinos de ambos lados de la grieta se fueron sumando al elenco que desataría el escándalo global, demostrando una vez más la pasión argentina por la evasión y la fuga de capitales a través de los paraísos fiscales. En los casi tres meses entre el hallazgo del nombre de Macri y la fecha de publicación, tanto La Nación como otros medios internacionales tuvieron oportunidad de consultar e informar al presidente argentino lo que decían de él los archivos encontrados, tal como indica la buena práctica periodística. Pero no todas las víctimas de los Panama Papers tuvieron la misma suerte. El primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson fue emboscado en plena entrevista televisiva. Al no tener respuestas sobre una empresa offshore que había ocultado en sus declaraciones y vendido a su esposa por el módico precio de un dólar, huyó despavorido de las cámaras y al poco tiempo, ante una ola de protestas, debió renunciar. El video rápidamente se convirtió en el ícono visual de los Panama Papers.

La primicia la tuvo La Nación, pero frente a las pasiones que despertó la investigación, Alconada Mon instó al consorcio a abrir el juego a periodistas y medios de la competencia, con el doble fin de aventar sospechas de ocultamiento de información y de forzar a su propio medio a no esconder nada o, en todo caso, lo menos posible. Cuando lo entrevisté para este libro, el periodista describió su jugada como un “movimiento de pinzas” hacia el interior de su diario. Por un lado, los compromisos asumidos con el ICIJ y la imposibilidad de ocultar información pasible de ser revisada por cientos de periodistas de todo el mundo; por otro lado, la competencia directa de periodistas locales.

Más de un año después del comienzo del proyecto y de tres semanas del inicio de las publicaciones, en virtud de la sugerencia e insistencia de Alconada Mon, las recomendaciones que según Walker le llegaron de distintas fuentes y el antecedente de mi manejo periodístico cuando WikiLeaks me dio la exclusiva del Cablegate, obtuve así acceso a las bases de datos de los Panama Papers. Gracias a las dos semanas que me dio el diario para ponerme al día relevándome de otras funciones, pude quemarme las pestañas en soledad para achicar la brecha del año de ventaja que me llevaba el equipo de Alconada Mon y logré publicar información exclusiva en Página/12 que La Nación no había llegado a cubrir.

La maniobra de Alconada Mon resultó en un mayor grado de transparencia, pero no alcanzó para disimular la agenda política del diario que había obtenido la primicia. O sea, la comparación con la cobertura de sus competidores mostró el entusiasmo desbordante del diario en el uso de los Panama Papers para criticar y castigar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus allegados, con títulos catástrofe en primera plana. Pero también mostró que ese entusiasmo era inversamente proporcional a su exagerada discreción a la hora de publicar revelaciones aun más graves que perjudicaran al presidente Mauricio Macri, su gabinete y su entorno, al establishment empresario que conforma el grueso de la lista de avisadores del medio y al mismo diario. En esos casos, las noticias fueron relegadas a páginas interiores de la publicación y acompañadas dentro o fuera del texto por aclaraciones exculpatorias del tipo “abrir una empresa en un paraíso fiscal no constituye delito en sí mismo”. A su vez, los medios más cercanos a los Kirchner actuaron en forma inversa, destacando todo lo referido a Macri y a los grandes empresarios. Y en muchos casos fueron más lejos que La Nación, ya que no sólo disimularon la información que perjudicaba al universo vinculado con el kirchnerismo, sino que directamente la ignoraron.

Por otra parte, las revelaciones sobre Macri relativizadas o semiocultadas por La Nación, pero revelaciones al fin, y firmadas por quizá la pluma más prestigiosa del diario, permitieron que periodistas de medios como Página/12 y Tiempo Argentino tiraran de la piola y llegaran más lejos que La Nación en lo que descubrieron y publicaron sobre la presencia de Macri en los documentos filtrados. Así fue como Tomás Lukin, coautor de este libro, publicó una serie de investigaciones, basadas en documentos de la Junta Comercial del Estado de San Pablo y en el Registro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda brasileño, que demostraron que el Presidente había faltado a la verdad al intentar explicar su presencia en los Panama Papers. También demostraron que la falsa versión del mandatario, lejos de ser inocua, había ocultado un movimiento de millones de dólares entre la Argentina, Panamá, Brasil e Italia. Al leer su trabajo y después de mi tanda inicial de notas sobre los Panama Papers, me acerqué a Tomás y le propuse combinar mi acceso y experiencia en filtraciones con sus conocimientos sobre la pista Macri y los paraísos fiscales en general. Nuestra primera colaboración resultó en el descubrimiento de una offshore melliza de Fleg Trading llamada Karter Properties, que era controlada por una familia italiana muy cercana a los Macri. La información sobre esa empresa que revelamos en Página/12 fue incorporada por la fiscalía en la causa judicial que se abrió en contra del Presidente a partir de los Panama Papers.

Así es como dos periodistas que trabajan en el diario Página/12, un licenciado en economía y un mágister en periodismo internacional, dos personas que tuvieron y tienen acceso a los Panama Papers, a los 2,6 terabytes de datos que componen la megafiltración más grande de la historia, dos tipos que durante meses pasaron días enteros tratando de leer todo lo posible para aprender y comprender de qué viene la cosa, decidieron escribir juntos este libro.

Nuestro criterio de selección es bastante sencillo: pusimos todos los nombres que encontramos en los Panama Papers. Seguramente no encontramos a todos los que están porque los nombres y casos interesantes siguieron apareciendo prácticamente hasta el último día de nuestra investigación. Pero la búsqueda incluyó miles de cruces con bases de datos de empresarios, funcionarios públicos, políticos, sindicalistas y dueños de medios, además de búsquedas de parientes y socios de las principales figuras públicas. También rastreamos con el buscador de los Panama Papers todo lo vinculado con la palabra “Argentina” y relevamos todo lo publicado en medios argentinos y extranjeros disponibles que nos pareció relevante a la temática de los paraísos fiscales. Queremos que se entienda fácil para que te enteres bien de lo que dice de Macri y su entorno, de los empresarios más grandes del país, de Lázaro Báez y de los demás famosos y notables involucrados, de Mossack Fonseca, de los paraísos fiscales y del poder mediático en la Era de la Información.

SANTIAGO O’DONNELL

1 Obermaier, Frederik y Obermayer, Bastian, Panama Papers. El club de los evasores de impuestos, Buenos Aires, Planeta, 2016.

2 http://www.lanacion.com.ar/1886577-Panamá-papers-como-se-hizo-una-investigacion-de-pelicula

NO “OFFSHORES” POR MÍ, ARGENTINA

La cifra no parece exorbitante. En una base de datos que acumula 11.445.650 archivos, hay 61.857 donde se menciona la palabra “Argentina”. Tampoco es un número irrelevante. Pero la consulta por el país en la poderosa plataforma de búsqueda montada por ICIJ para rastrillar los 2,6 terabytes de información, algo así como 39.000 libros, no garantiza identificar a la totalidad de los usuarios nacionales de los servicios de Mossack Fonseca. Entre todos esos archivos no aparecen, por ejemplo, ni Mauricio Macri ni la empresa llamada Fleg Trading, donde figuró como director junto a su padre y a su hermano. Una búsqueda exclusiva por el apellido del presidente argentino arroja 354 resultados. Ahora sí, saltan los archivos vinculados con la firma bahameña que le dio un dolor de cabeza y a otros negocios de su padre, Franco Macri. Una situación similar se repite con el apellido Kirchner. La plataforma web devuelve 407 resultados referidos a los ex presidentes argentinos. Emerge, por ejemplo, como resultado vinculado en averiguaciones de antecedentes realizadas por Mossack Fonseca sobre sus clientes por medio de distintos servicios especializados de búsqueda de información comercial y judicial. Además, entre los correos electrónicos hay recortes de artículos periodísticos que se envían las oficinas de la firma basada en Panamá vinculados con investigaciones sobre lavado de dinero, evasión y fuga de capitales en el país donde se los menciona. Algunos documentos hacen referencia a un tal Greg Kirchner. Portador de apellido, Greg no está vinculado con Néstor y Cristina. Una rápida revisión online permite identificarlo como un ciudadano de los Estados Unidos, empleado en una empresa de telecomunicaciones y a punto de jubilarse. El Kirchner norteamericano le escribió a Mossack Fonseca porque estaba interesado en abrir una cuenta bancaria personal para su esposa en Panamá, donde ambos actuarían como firmantes.

Un dato relevante pero que no suele mencionarse sobre los Panama Papers es que Néstor y Cristina fueron el punto de partida, la carnada, para el proyecto. “¿Se trata sólo de Argentina?”, preguntó decepcionado el periodista Bastian Obermayer del diario Süddeutsche Zeitung a su fuente anónima cuando terminó de analizar la primera muestra de los archivos que darían origen a la filtración más grande de la historia, al menos hasta la publicación de este libro. Los documentos encriptados que recibió a comienzos de 2015 estaban vinculados con una causa judicial iniciada en Nevada por los fondos buitre para conocer datos que la oficina de Mossack Fonseca en ese estado norteamericano pudiera tener sobre las operaciones offshore del empresario de la construcción Lázaro Báez. Pero, aun cuando esa presencia inicial fue suficiente para que las autoridades de ICIJ utilizaran una caricatura de la ex presidenta argentina a la hora de ilustrar a los jugadores de peso relacionados con el escándalo internacional en su sitio web —los “Power Players”—, los Kirchner no aparecieron vinculados directamente como directivos o apoderados de ningún instrumento montado con la ayuda de los panameños y sus subsidiarias. Al menos hasta que finalizó esta investigación, a mediados de 2017, ningún periodista con acceso a los documentos identificó a un miembro de la familia Kirchner en la base de datos.

En los archivos sustraídos de los servidores de Mossack Fonseca existe información para reconstruir operaciones vinculadas con presuntos abusos de algunos ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. La base de datos proporciona material para exponer los usos del mundo offshore de personajes involucrados en la promocionada investigación periodística y judicial conocida como “ruta del dinero K”, que llevó a la detención de Báez y sus colaboradores por lavado de dinero. Sin minimizar la relevancia y el interés que despiertan los casos relacionados con los hechos de corrupción registrados entre 2003 y 2015, que deben ser investigados en tribunales y que son abordados en este libro, el capítulo argentino de los Panama Papers expuso uno de los canales utilizados por las elites económicas del país para fugar divisas, ocultar sus patrimonios y, en muchos casos, evadir impuestos. En este tema, el paraíso no conoce grietas.

Si a escala global los Panama Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales. Característica estructural de la economía argentina a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976, la fuga de capitales involucra los fondos de residentes locales, tanto de origen ilícito como legal, ubicados en el exterior, esto sumado a las divisas que circulan en el país fuera del circuito formal.

La fuga de capitales es, desde entonces, un atributo permanente de la economía argentina. Hubo fuga en períodos de crecimiento y en etapas recesivas; con gobiernos populistas y con gobiernos neoliberales; en episodios de crisis internacional y en los momentos de estabilidad global; con restricciones para el acceso al mercado cambiario o con un escenario de liberalización absoluta; con déficit fiscal o con programas de ajuste del gasto; con el precio del dólar planchado o con volatilidad cambiaria; con alivio por el desendeudamiento y abundantes reservas y con inestabilidad en el frente externo. Como explican los economistas Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, “la fuga de capitales lejos de representar un fenómeno aislado y vinculado a una ‘diversificación de inversiones’ inherente a la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas, forma parte de una lógica de acumulación cuyo origen se asocia a las transformaciones estructurales resultantes de la política económica implementada por la dictadura militar a partir de 1976. […] La fuga de capitales locales tiene lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos o financieros. No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones directas o adquirir títulos, acciones, inmuebles o efectuar depósitos bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de capitales mediante los denominados ‘precios de transferencia’ y de los ‘créditos intrafirma’”.1

Existen distintas alternativas para estimar la fuga de capitales, pero todas revelan la persistencia del fenómeno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica la denominada Posición de Inversión Internacional donde figuran los datos necesarios para realizar la versión más conservadora. A comienzos de 2017 existían 240.067 millones de dólares de argentinos en el exterior. El dato equivale aproximadamente al 35% del PBI. Estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), elevaban el stock fugado del país hasta los 500.000 millones de dólares, alrededor del 80% del PBI.2

Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas. El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican alrededor del 63% del total de flujo≠s financieros ilícitos globales. El restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos porcentuales.3 El monto de la “corrupción privada” canalizada a través de las prácticas abusivas disfrazadas de legalidad, que atentan contra las posibilidades de desarrollo y la estabilidad de países como la Argentina, resulta significativamente superior al vinculado con los gobiernos y políticos, pero su difusión es inversamente proporcional.

No es sorprendente, entonces, que quienes figuran con nombre y apellido entre los documentos sustraídos del estudio panameño sean exponentes de las grandes compañías, locales y extranjeras, que operan en la Argentina. Tampoco es casualidad que los apellidos y sociedades identificadas por los autores entre los Panama Papers se repitan en los distintos registros y filtraciones sobre fuga de capitales que se conocieron a lo largo de las últimas dos décadas. El recuento comienza con el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en el año 2001 pero existen, al menos, otros cinco registros que dan cuenta de la intensidad y relevancia que tiene la salida de capitales a través de distintos eslabones de la red global de servicios financieros. Ellos son:

La denuncia del ex ejecutivo del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, presentada en 2008. La lista provista por el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, sobre las personas físicas y jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009. El listado publicado por el periodista Alfredo Zaiat de los principales 100 compradores de divisas en 2011, antes de la instalación de las medidas de control de cambio conocidas como “cepo cambiario”. La denuncia presentada por la AFIP en el marco de la filtración de las cuentas bancarias a nombre de argentinos abiertas en el HSBC Private Bank de Ginebra. Las evidencias ofrecidas en los Bahamas Leaks.

Durante los meses que los autores dedicaron a revisar la base de datos de los Panama Papers fue posible identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de sesenta grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore no revelan casos de “corrupción gubernamental”. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta, ante todo, del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Los detractores del mandatario podrían alegar que la presencia representa la contraparte empresarial de algún hecho de corrupción gubernamental. No se identificó información entre los Panama Papers que permita sostener tal afirmación. Sin embargo, como analizaremos en los próximos capítulos, parece irrefutable que la presencia del apellido Macri en la megafiltración está directamente asociada a dos actividades: los negocios del Grupo Socma, donde el mandatario argentino cumplió un rol prominente, y la administración de la fortuna familiar.

La misma lógica que explica la presencia de Macri es extensiva a la mayoría de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en los Panama Papers o identificados en bases alternativas, como Opencorporates.com y el Registro Público de Panamá. Tiene sentido. Tres de cada diez de los funcionarios jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín expuso que fueron 114 los ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados de la Argentina que ocuparon alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyeron la estructura del Estado nacional a comienzos de la gestión macrista. La pasión por el mundo offshore no sólo es un atributo del Presidente y su Gabinete, sino que se conforma como una práctica permanente entre las grandes corporaciones y los propietarios, accionistas, directivos y gerentes de esas compañías.

TOMÁS LUKIN

1 Basualdo, Eduardo y Kulfas, Matías, “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina”, Realidad Económica, nº 173, Buenos Aires, agosto de 2000.

2 La cifra representa una actualización de las estimaciones para 2012 realizadas por los investigadores Jorge Gaggero, Magdalena Rúa y Alejandro Gaggero.

3 Baker, Raymond, Capitalism’s Achilles Heel. Dirty Money and How to Renew the Free-Market System, New Jersey, John Wiley & Sons, 2005.

CAPÍTULO I
ESCURRIRSE POR EL CANAL DE PANAMÁ

Existen investigaciones que rebobinan hasta la independencia panameña de Colombia a comienzos del siglo XX para comprender el origen del negocio offshore en ese país centroamericano. Afirman que la “creación” de Panamá fue orquestada y promovida por el gobierno estadounidense de Theodore Roosevelt en representación de un grupo de banqueros con intereses directos sobre la construcción de un canal interoceánico en Panamá, en lugar del que estaba proyectado sobre el territorio de Nicaragua. La historia narrada en el libro El país creado por Wall Street, de Ovidio Díaz Espino, puede parecer exagerada, pero el JP Morgan terminó siendo el primer agente fiscal del incipiente Estado y el monumental cruce para las embarcaciones fue habilitado en 1914.

Aunque esa versión sea cuestionada por contradecir el mito fundacional panameño, lo cierto es que los primeros pasos formales del país en su carrera para convertirse en una plaza financiera internacional estuvieron directamente vinculados con los Estados Unidos y el Canal de Panamá. En 1919, las autoridades comenzaron a promover que embarcaciones extranjeras se registraran en el país y navegaran bajo su bandera. Esa práctica, que persiste hasta el día de hoy, facilitó a grandes empresas estadounidenses, como la Standard Oil, evadir regulaciones laborales en su país y minimizar sus obligaciones fiscales. Aunque las petroleras aprovecharon las innovaciones, la leyenda dice que la primera transferencia de buques a los registros panameños involucró a dos barcos de pasajeros de Chicago en los que querían servir alcohol durante los años de la prohibición.

Un segundo elemento tuvo lugar en febrero de 1927 cuando se aprobó la ley 32. Una vez más, de la mano de un grupo de banqueros de Wall Street que buscaban mecanismos para maximizar ganancias, el gobierno de Panamá puso en marcha el primer cuerpo legislativo que, por su laxitud, promovía la creación de estructuras societarias destinadas a garantizar el anonimato de sus propietarios (verdaderas S.A.), que estaban exentas del pago de impuestos siempre y cuando se tratara de inversores extranjeros. La promesa de confidencialidad no sólo implicó bloquear la capacidad de investigación sobre las cuentas bancarias, sino que se estipularon penas de prisión y abultadas multas para quienes violaran esas leyes. Pero no fue sino hasta los años setenta del siglo XX que el país se incorporó en forma plena al mundo offshore. En esa época, cuando los precios del petróleo golpearon sobre la actividad naviera y los eurodólares comenzaron a girar por el mundo, Panamá consolidó el modelo tradicional de centro financiero offshore: adoptó por ley el secreto bancario; desreguló sus mercados financiero y cambiario, y facilitó un competitivo marco legal para el registro de compañías prácticamente libres del pago de impuestos.

Los vaivenes en la economía internacional y las crisis latinoamericanas no le permitieron a Panamá consagrarse de manera inmediata, pero la propuesta lentamente comenzó a atraer clientes. Por su cercanía geográfica y la connivencia política del dictador Manuel Noriega, una de las primeras experiencias a escala del sistema financiero panameño fue la administración —fuga y lavado— de una porción de los fondos de narcotraficantes colombianos. Pero ese negocio había comenzado casi una década antes. Una investigación de la autoridad tributaria estadounidense, el Internal Revenue Service, afirma que, de todas las acciones criminales descubiertas entre 1978 y 1983 vinculadas con el tráfico de drogas, el 28% involucraba a Panamá. La evolución de los depósitos del sistema bancario durante los años ochenta muestra cómo el negocio financiero comenzó a crecer, pero su despegue definitivo no llegaría sino hasta después de la invasión estadounidense, que desplazó a su otrora aliado Noriega y repuso en el poder a las antiguas elites de banqueros y empresarios. Desde entonces, el sistema bancario y los servicios financieros de Panamá han experimentado una floreciente trayectoria que día a día incorpora, renueva y actualiza su menú de servicios.

Panamá Offshore Legal Services es una pequeña firma de abogados que instaló sus oficinas en el barrio de Bella Vista en la capital del Estado centroamericano, desde donde ofrece la más amplia variedad de productos para sus clientes: “¡Tome el próximo paso para su libertad financiera e inicie su corporación en Panamá hoy! Simplemente llene el formulario de aplicación en línea, y envíenos tan sólo 1.300 dólares para constituir su sociedad o fundación en Panamá. Podemos tenerla lista y funcionando en 2 días laborales. Usted experimentará el alivio de darse cuenta de que ha dado un paso importante para lograr su privacidad financiera, protección de sus activos y diversificación de sus inversiones”, ...