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ARGENTINA. UN SIGLO DE VIOLENCIA POLíTICA

Marcelo Larraquy

4


Fragmento

PRÓLOGO

Un largo viaje por la Argentina del siglo XX

¿Cuándo fue que comenzó el siglo XX en el país?

Quizás haya sido veinte años antes de la fecha cronológica, cuando el Estado, con una Constitución y una organización territorial y política, tendía las líneas de su configuración económica con la expansión de las fronteras productivas, la ampliación de las redes ferroviarias y la exportación de sus materias primas. O quizás el siglo XX haya iniciado en 1890, cuando el sistema electoral restrictivo que permitía el control de la sucesión presidencial comenzó a ser contestado por dirigentes cívicos que se levantaron en armas contra los privilegios, el fraude y la corrupción pública y privada del orden conservador, guiado por el general Julio Argentino Roca. Fue un retorno a la actividad política, manifestado con violencia inusual, legitimada por la validez de sus reclamos. La violencia será desde entonces una herramienta política que abrió las puertas del siglo XX. El día que la Revolución del Parque de 1890 fue derrotada, con las manchas de sangre todavía frescas en las paredes y los cadáveres amontonados en las calles, el jefe vencido Leandro N. Alem se fue caminando a su casa. Dos semanas después estaba otra vez en la tribuna, como orador en un acto. Quizá la aparente singularidad de este detalle ayude a comprender que la violencia política era una opción estratégica aceptada para la resolución de conflictos de poder.

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Alem fundó un partido de indiscutida vocación republicana —la Unión Cívica Radical— y su legado es siempre recordado en las cumbres partidarias. Aun así, el jefe radical entendía que la violencia era un acto de desobediencia frente a un poder establecido, tan valioso como también lo eran las instancias electorales.

Ese universo de creencias y valores que impedía disociar en forma categórica la violencia de la acción política también fue compartido por su sobrino, Hipólito Yrigoyen, dueño de un pensamiento más estratégico que el de Alem.

Yrigoyen comandó la intransigencia radical contra el orden conservador durante casi veinte años. Creía en la revolución como un imperativo moral, y organizó rebeliones armadas en las que los civiles irrumpieron a sangre y fuego en las comisarías y cuarteles militares para descabezar el régimen, en busca de una representación política más transparente.

El anarquismo, que desembarcó en el Río de la Plata al filo del siglo XX, también fue tributario de la violencia. Sin embargo, sus acciones, que intentaban deponer el orden social vigente, no estaban legitimadas por la comunidad de representantes políticos, que se unieron en forma orgánica en defensa del ideal de Nación y del “patriotismo”. El todavía incipiente aparato de coerción estatal promovió contra el anarquismo la deportación y una carga penal cuya rigurosidad no era equivalente a la de los sublevados del radicalismo, que con frecuencia eran amnistiados tras sus intentos revolucionarios.

De todos modos, el anarquismo, con la propagación de su doctrina en favor de una sociedad sin Dios, sin Estado y sin patrones, y la intencionalidad explícita y violenta de su mensaje, señaló una problemática social en la Argentina del Centenario de la Revolución de Mayo, que el orden conservador, deslumbrado por el rinde que le proporcionaba el modelo agroexportador de ultramar, no alcanzó a calibrar en su justa medida.

La elite conservadora, sin embargo, reaccionó con rapidez —luego de que el sufragio universal terminara por desalojarla del poder en 1916— cuando observó que el sistema político ampliado a las clases medias y bases populares, estrenado en el gobierno de Yrigoyen, no sería un protector confiable de sus intereses.

Con la necesidad de hacerse obedecer, el régimen desplazado se reagrupó en una suerte de Estado concurrente para ejercer una represión de facto sobre el mundo obrero, frente al peligro de una “revolución maximalista”, en defensa del orden legal y de la jerarquía social, pero vulnerando la legalidad republicana que decía defender.

A su vez, avanzada la década de 1920, frente a las luchas político-partidarias, el Ejército comenzó a percibirse como la expresión única y legítima de la Nación. La institución que mejor la identificaba, la que debía guiar su destino. La crisis de gobierno apenas iniciada la segunda presidencia de Yrigoyen lo impulsó a quebrar un orden constitucional que se mantenía vigente desde 1862 e irrumpir en la Casa de Gobierno con una manifestación de fuerza militar que ganó el aplauso de buena parte de la sociedad civil. Su autoritarismo —una violencia institucional ilegítima, no avalada por la ley— los decidió a encarcelar y torturar a disidentes de su misión reparadora, y también a algunos de los que la habían aplaudido.

La metodología de la tortura como soporte de un proyecto corporativo que prescindía de la Constitución de 1853 y del sistema de partidos políticos, tendría un alcance limitado. El régimen militar lo supo, y aceptó el retorno al sufragio universal propiciado por la Ley Sáenz Peña, aunque a condición de manipular sus resultados para mantenerse en el poder; una conducta que sus críticos no dudarían en calificar de “infame”.

Ese orden político fraguado, que mantuvo al radicalismo proscripto y que tuvo en el general Agustín Justo a su figura más empinada, perduró más de una década.

Hasta que el coronel Juan Domingo Perón, que había llegado a la orilla del poder del Estado con un grupo militar de corte nacionalista, el GOU, advirtió que el promisorio desarrollo industrial de la década de 1930 también había producido masas obreras carentes de representación política.

Perón resultaría la vía de escape de un gobierno de facto en crisis, que percibía la caída de Berlín como la antesala de su propia caída. Su alianza con los obreros, que el coronel Perón había forjado en pocos años desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que se mantendría inconmovible durante décadas, le serviría para vencer las elecciones presidenciales en 1946, frente a una Unión Democrática que alineaba en su seno componentes políticos opuestos: conservadores, liberales, socialistas y comunistas.

La oligarquía conservadora tuvo dificultades para aceptar el paradigma de justicia social que promovió Perón en su gobierno. Como réplica, prefirió caracterizarlo como un hombre sin moral ni escrúpulos, que rompía con los valores constitutivos de la sociedad argentina.

Durante las dos primeras presidencias, el peronismo tampoco aceptó los disensos. Por un lado, el aliento oficial para la organización gremial implicaba también la supresión de la autonomía del movimiento obrero frente al Estado; además, la Policía Federal se transformó en la institución clave para mutilar las libertades civiles y políticas, y disciplinar a opositores. Y aunque Perón jamás rompió las reglas del juego político-institucional, las tensó de tal forma que la sociedad quedó dividida en torno a su liderazgo.

La antinomia “peronismo/antiperonismo” será a partir de ese momento la categoría política central.

Muchos de los opositores al oficialismo, estudiantes, dirigentes políticos o gremiales marcharán al exilio, padecerán la cárcel y la tortura en las comisarías. Y también impugnarán la autoridad presidencial con bombas y atentados, para propiciar el ambiente necesario para su caída.

Pero será la Marina de Guerra, con el atentado terrorista de mayor magnitud de la historia argentina, la que bombardeará la Casa Rosada y sus alrededores para matar a Perón. El plan conspirador fracasó en su objetivo inmediato, pero hirió de muerte a un gobierno ya fatigado.

La oposición civil se asoció al golpe de Estado que pocos meses después del bombardeo depondría a Perón; quienes durante años dijeron actuar por la defensa de la democracia y las libertades civiles, ahora las minaban en sus cimientos.

El daño institucional que provocó el éxito de esa empresa se prolongaría a lo largo de los años. Perón fue obligado al exilio. Solo podía ser mencionado como el “tirano prófugo”. Por primera vez en diez años, el peronismo quedó huérfano de la protección del Estado: muchos de sus simpatizantes fueron perseguidos, encarcelados y torturados. Su proscripción electoral provocó un cisma en el sistema político que no pudo ser resuelto ni por los siete presidentes militares que asumieron por la fuerza el control de la Casa Rosada, ni tampoco por los tres presidentes civiles que gobernaron bajo la tutela militar: Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia.

Fueron años de inestabilidad.

La caída de Perón provocó nuevos y múltiples dilemas en el país: cómo revertir la distribución del ingreso, qué hacer con el peronismo como fuerza política —excluirlo definitivamente del sistema o integrarlo de manera limitada— y, básicamente, cómo establecer desde el Estado una estrategia de dominio político y social estable y duradero.

Perón en el exilio fue un obstáculo constante para las Fuerzas Armadas. La misma perturbación se irradió en el interior del peronismo. El poder gremial que en la década de 1960 pretendió liberarse de sus directivas e integrarse de manera autónoma al sistema político debió enfrentar las múltiples y ambiguas maniobras de Perón, que no estuvo dispuesto a ceder su protagonismo, ni su capital político.

En su horizonte, siempre se mantuvo latente su retorno al poder.

Por otra parte, durante la década de 1960, la Argentina no permaneció inmune a los conflictos políticos mundiales: la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Revolución cubana, el auge de la guerrilla, la radicalización de sectores católicos, las movilizaciones sociales anticapitalistas y las doctrinas militares contrarrevolucionarias, para la seguridad del hemisferio occidental, ejercieron un fuerte impacto sobre los acontecimientos locales.

La recepción de estos fenómenos internacionales, con su carga de tensión y complejidad, agudizó el problema político central del país: la proscripción del peronismo.

Ante la emergencia de nuevos actores —el Che Guevara y las guerrillas locales que lo reivindicaban—, Perón se puso al frente de las banderas de liberación nacional y social, y actualizó la doctrina peronista para adaptarla a los nuevos tiempos. Si quince años antes había sido caracterizado como “fascista”, ahora muchos entendían que el peronismo y la clase obrera representaban un fenómeno político y social inevitable para encauzar el tránsito hacia el “socialismo nacional”.

A partir de las oleadas insurreccionales contra la dictadura de Juan Carlos Onganía (el Rosariazo, el Cordobazo), y del secuestro y fusilamiento del general Pedro Eugenio Aramburu —un bautismo de fuego que selló la identidad de la organización guerrillera Montoneros—, los acontecimientos adquirieron una dinámica que definió las condiciones políticas para el retorno de Perón a la Argentina.

Su regreso se convirtió en un hecho necesario —en algunos casos, ineludible— para los actores en pugna que buscaban, de manera inmediata, una salida al encierro político-institucional provocado en el país por la intervención militar desde 1955.

Diecisiete años después, Perón no tenía tan presente la dimensión de las contradicciones internas que se habían engendrado bajo su liderazgo durante su exilio. O, en todo caso, creía que la aplicación directa de su autoridad sería suficiente para controlarlas.

Sin embargo, los antagonismos se agigantarían a su regreso. La voz persuasiva de Perón en favor de la pacificación y los pactos corporativos e institucionales que intentó para garantizar la gobernabilidad fueron inaudibles para los grupos que se enfrentaban en torno a su figura.

Perón intentaría cargar sobre sus espaldas el desafío político de un país que lo invocaba, pero en un tiempo que dejaba de ser el suyo. Desplegadas las armas, la violencia se convirtió en la táctica dominante en la lucha por el poder.

La década de 1970 fue el paroxismo, el momento más agudo del desarrollo de la violencia política en todo el siglo XX. El crecimiento de las organizaciones armadas, que luchaban por la creación de un incierto orden revolucionario, fue contrarrestado por la represión ilegal de la Triple A, impulsada desde algunos sectores del Estado durante el gobierno de Perón y el de su esposa, Isabel, que lo sucedió tras su muerte en 1974. Y en esa espiral irreversible de violencia se fue vaciando el tercer gobierno peronista. La progresiva pérdida del poder civil en favor de las Fuerzas Armadas produjo, con el golpe de Estado de marzo de 1976, el mayor aniquilamiento sistemático organizado desde el poder en la historia argentina.

A partir de la instauración del terrorismo de Estado, las persecuciones —que contaron con la colaboración de corporaciones empresarias— a dirigentes, militantes políticos, estudiantes y obreros fueron ejecutadas con una metodología represiva sin antecedentes. Con órdenes internas, manuales secretos, órganos de inteligencia, centros clandestinos y la práctica de desaparición de los cuerpos de las víctimas en “vuelos de la muerte”, o con matanzas masivas fraguadas como “combates” o “intentos de fuga”.

La dictadura militar logró establecer el control ideológico sobre la sociedad, desintegró las distintas organizaciones guerrilleras y a la oposición obrera, pero una vez que concluyó “la lucha contra la subversión”, su orfandad política provocó fricciones internas entre dos grupos castrenses: los que eran permeables a una salida institucional consensuada con fuerzas civiles, y los “señores de la guerra”, que habían comandado la represión ilegal en sus territorios y creían necesario que el proceso militar se mantuviese de forma inalterable, con los mismos principios que lo habían fundado.

Sin lograr consenso alrededor de una fórmula que asegurara la continuidad política, el gobierno del general Leopoldo Galtieri decidió prolongar a todo o nada su permanencia en el poder con la recuperación de las islas Malvinas en 1982. La posterior derrota frente a Gran Bretaña en el Atlántico Sur obligó a la salida institucional.

El retiro del poder militar en un país con baja producción industrial, déficit fiscal, una inflación de tres dígitos y condicionado por los pagos de la deuda externa, representó un campo minado para una nación que iba perfilando su nuevo rumbo institucional mientras se revelaba el horror de la represión ilegal.

La transición a la democracia, no acordada con los militares, fue liderada por el radical Raúl Alfonsín. Su intento de subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil y a la Constitución Nacional fue un factor de tensión, inestabilidad y también de riesgo constantes para el sistema político.

La creación de la Conadep para recabar denuncias de secuestros y desapariciones durante la dictadura, además del inédito juicio a los ex comandantes de las juntas militares, y la ampliación de la persecución penal a cuadros medios del Ejército involucrados en torturas y crímenes, generaron un proceso judicial que escapó al control del Presidente, que lo había impulsado y tuvo como reacción una serie de rebeliones de “carapintadas”.

Alfonsín debió convivir con el peso constante de la amenaza militar, que finalmente lo obligó a limitar, y luego cerrar, la acción judicial con leyes de perdón. Su liderazgo político se deterioró, y también su credibilidad. La crisis económica haría el resto: el agobio de los pagos externos, la hiperinflación, los saqueos y el caos social signarían sus últimos meses de gobierno, que cedería en una elección y sucesión adelantadas a Carlos Menem, el nuevo y también inesperado líder del peronismo, ahora unificado.

Para terminar con las crisis militares y disciplinar a las Fuerzas Armadas bajo su autoridad, un problema que Alfonsín había sido incapaz de resolver, el caudillo riojano apeló a una medida pragmática que contradecía la voluntad de la sociedad que acababa de elegirlo: dispuso la libertad de los ex comandantes de las juntas militares condenados por la Cámara Federal, de un jefe guerrillero también condenado, e indultó a centenares de militares y civiles que estaban investigados, procesados o buscados por la justicia. Con su sola firma, decidió clausurar las “heridas del pasado” y contribuir a la reconciliación y a la pacificación nacional, que se volvían ahora todavía más lejanas.

* * *

Argentina. Un siglo de violencia política tiene el propósito de analizar la violencia como motivación política en un siglo de historia argentina. Entender por qué se mataba. En nombre de qué o de quiénes. Con qué fundamento. Sobre qué bases. Con qué finalidad. De qué manera.

Y si bien en el siglo XIX ya se había vertido mucha sangre en la Argentina para organizar las leyes y la forma de gobierno, la Revolución del Parque, que inicia el relato de este libro, significó el primer rechazo político violento al Estado nacional ya constituido.

Argentina. Un siglo de violencia política intenta subrayar, con cierto nivel de detalle, aspectos oscuros de la vida política desde su expresión más extrema, la violencia. Para una comprensión más acabada, la indagación persigue objetivos más profundos que el relato lineal de los hechos. Este propósito obliga a abordar la motivación de los actores y revelar su lógica de acción, sin precipitarse a la descalificación o los juicios morales, sino a entender sus razones.

Y las razones recorren el siglo: ¿por qué la violencia podía ser considerada una táctica y también una estrategia política —como lo fue a lo largo del siglo XX— para instalar una posición o una fuerza; para defender una causa —las libertades civiles conculcadas, la Constitución Nacional—; para resguardar la Nación, la nacionalidad, la religión católica; para salvar al país de la “antipatria” o de los “vendepatria”; para poder votar; para romper con un poder establecido y torcer el rumbo de la historia; para reparar una injusticia; para responder a otra violencia; para eliminar a los “enemigos internos” que expresan una ideología diferente…?

En definitiva, la violencia, la idea de la violencia como modo de resolución de un conflicto, social, económico, político, o antagonismos de intereses o de poder, fue una opción recurrente a la que apelaron distintos actores, con distintos fundamentos y modalidades, y marcó a fuego el siglo XX argentino, la historia del país.

I

El Parque

El país entero está fuera de quicio, desde la Capital hasta Jujuy. Las instituciones libres han desaparecido de todas partes; no hay república, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en una industria lucrativa.

LEANDRO N. ALEM Y OTROS, 
Manifiesto de la Junta Revolucionaria, 1890

El martes 29 de julio de 1890, después de cuatro días de combates con centenares de muertos esparcidos por las calles de Buenos Aires, la Revolución había sido derrotada. Esa mañana, a las ocho, uno de sus jefes civiles, el senador Aristóbulo del Valle, firmó un armisticio con las fuerzas oficiales en la casa de Francisco Madero, un representante de la burguesía comercial y miembro de la comisión mediadora. Las tropas rebeldes acordaron su rendición. En la negociación, según Del Valle, se habían asegurado condiciones “honrosas” y no habría juicio contra los sublevados. Solo debían deponer las armas y volver a los cuarteles.

HECHOS RELEVANTES

1890. Leandro Alem lidera la Unión Cívica, un frente opositor al Partido Autonomista Nacional. El 13 de abril, un acto público en el que reclama la libertad de sufragio convoca a veinte mil personas.

De manera clandestina, en abril Alem convoca a civiles y militares para tareas revolucionarias. Planea secuestrar al Presidente, su vice y distintos dirigentes del régimen conservador.

En la madrugada del 26 de julio, los cívicos revolucionarios dominan el Parque de Artillería (hoy plaza de Tribunales) y cien manzanas de Buenos Aires.

El 26 de julio, el presidente Juárez Celman es trasladado en tren a Campana. Las tropas del Ejército, en defensa del Régimen, se instalan en El Retiro y la plaza Libertad.

El 27 de julio, los rebeldes no lanzan el ataque final y sus hombres quedan inmovilizados en el Parque. Falla la coordinación de las acciones militares.

Mientras algunos coroneles rebeldes intentan el avance de sus tropas, el 27 de julio a las 10 se acuerda un cese de fuego por 24 horas para recoger heridos y muertos.

El 29 de julio, frente al fracaso de la conducción política y militar, la Junta Revolucionaria decide entregar las armas y rendirse. Centenares de muertos quedan en las calles. Alem se marcha caminando a su casa.


Por la presión del ex presidente Julio Roca, el 6 de agosto Juárez Celman renuncia a la Presidencia. Asume el vicepresidente Carlos Pellegrini.

Parecía un mandato alucinante. Una revolución que intentó ser gestada en sigilo durante casi un año y se soñó popular y segura de conquistar el poder, entregaba sus armas al enemigo. Algunos soldados, a la espera de instrucciones en medio de los combates, no habían tenido oportunidad de luchar. Ahora no entendían la derrota.

Dos regimientos, el 1º de Artillería y el 9º de Infantería, no aceptaron la capitulación. Mientras se organizaba la rendición, el coronel Mariano Espina, a cargo del 9º, que aspiraba a ser el jefe militar y fue relegado por la Junta Revolucionaria, ordenó el ataque hacia Plaza de Mayo. Quería tomar la Casa de Gobierno. Sus tropas irían por la calle Tucumán. Preveía que, en cercanías a la plaza, lo contendrían las fuerzas estatales, y que desde la plaza Libertad lo encerrarían por la retaguardia. Su avanzada sería cercada por dos fuegos.

Pero el principal obstáculo del coronel insurrecto no eran las tropas oficiales, sino sus propios jefes revolucionarios. Espina ya era un sublevado de su propio bando: “Si no te rindes, nos veremos obligados a pegarte cuatro tiros”, lo previnieron. Espina respondió: “A ustedes debería despedazarlos una bala de cañón, por cobardes y borrachos”, respondió. El mayor Ricardo Day, del 1º de Artillería, propuso la ofensiva hacia el cuartel de El Retiro, donde se habían asentado las tropas del Régimen apenas se escucharon los primeros tiros callejeros. Y los soldados del Regimiento 5º de Infantería de línea, que había quedado inmovilizado en el Parque de Artillería —actual Palacio de Justicia—, se negaban a ser desarmados.

En el atardecer del martes 29 de julio, el jefe civil de la Revolución, el diputado Leandro Alem, se iba del Parque vestido de negro, como un viudo de la Patria, entre decenas de cadáveres y heridos, derrotado. Un coronel lo miró pasar en silencio. Se acercó, lo saludó con un abrazo y luego le preguntó: “¿Es verdad que nos han vendido?”. Alem, melancólico y místico, propenso al alcohol y a la poesía, continuó sus pasos inconmovible con un estigma nuevo en su vida política, la traición. Seis años más tarde se pegaría un tiro, pero esta vez no lo hizo, aunque le admitió al subteniente que lo acompañaba en su retirada que merecían ser fusilados. Mientras caminaba, escrutando los restos de la batalla perdida, el subteniente intentó evitar que continuara. Sobre la calle Talcahuano, en el cruce con Lavalle, había soldados dispersos del Regimiento 5º que estaban dando “mueras” a los traidores. “Lo matarán”, lo alertó el subteniente. Antes que un alerta, era un pronóstico de su propio destino. Alem lo desoyó. Cuando vieron su barba larga y encanecida, varios soldados levantaron los fusiles. El subteniente logró saltar sobre Alem y lo empujó hacia el vagón de un tranvía volcado para protegerlo. Tras la múltiple descarga, los soldados los dieron por muertos y se fueron: la traición o la ineptitud, el mal comportamiento de un jefe revolucionario, en suma, ya había sido cobrado. En parte, era cierto: el subteniente ya no pudo alzarse. Pero Alem sí lo hizo. Y siguió caminando por Talcahuano y dobló por Cuyo —actual Sarmiento— y se detuvo en el número 1752. Entró en su caserón, se sentó en el sillón del living-comedor. Tenía colgado de la pared un retrato del general San Martín, héroe de la Patria, vencedor de mil batallas. Las fuerzas cívicas se habían comprometido a enfrentar el régimen conservador que dominaba el poder del Estado desde hacía diez años. Para ellos, los postulados de paz y modernización del Régimen eran una máscara que encubría los negocios escandalosos, el fraude electoral y el nepotismo. Alem había pensado la acción armada en favor de la restauración de los principios constitucionales y las libertades públicas conculcadas por esa “oligarquía de advenedizos”.

El caudillo cívico hubiera preferido que la Revolución se iniciara a la luz del día. Su plan consistía en agrupar a las autoridades del Régimen en un mismo espacio físico para secuestrarlas. Las reuniría en el Congreso de la Nación con el ardid de una interpelación parlamentaria, que obligaría al presidente Miguel Juárez Celman, a su vice, Carlos Pellegrini, al ministro de Guerra y Marina, Nicolás Levalle, y al vicepresidente del Senado, el general Julio Argentino Roca, a presentarse en forma conjunta. Entonces, imaginaba Alem, los civiles armados saldrían de casas cercanas que ya estaban dispuestas e irrumpirían en el recinto con sus fusiles Remington para detener a los que habían labrado la desgracia de la República. Luego, en la Plaza de Mayo sonarían las campanas de la iglesia y se convocaría al pueblo en armas. Si el Presidente no concurría al Congreso, lo detendrían en el momento de la conquista de la Casa de Gobierno. En forma simultánea, los soldados rebeldes del Ejército se batirían con las fuerzas militares y policiales para asegurar el triunfo revolucionario.

Cuando Alem expuso su plan a los militares que se habían incorporado a la insurrección, estos lo rechazaron. Salir con las tropas hacia la Casa de Gobierno los obligaba a combatir contra el Ejército en cada cuartel. El resultado de la batalla sería incierto. Según la hipótesis militar, la luz del día no beneficiaba el levantamiento armado.

Alem planteó entonces otra estrategia para tomar el poder. La idea era más o menos parecida, pero dependía de un hecho cultural antes que institucional: secuestrar al Presidente en algún espectáculo teatral nocturno. Apenas se conociera su asistencia, Alem haría uso de casas vecinas para concentrar a civiles armados y romper la custodia policial en el teatro. Con Juárez Celman hecho prisionero, los militares que participaran del movimiento revolucionario ocuparían Buenos Aires.

El plan fue desestimado con los mismos fundamentos. Para los militares, la tarde o la noche eran lo mismo. Lo que intentaban evitar era que los jefes de los cuarteles estuvieran despiertos en el momento del alzamiento. Alem terminó por ceder.

El jefe cívico ya había probado el peligro por voluntad propia en el campo de batalla. Había peleado como soldado de caballería del Ejército de la Confederación que intentaba integrar a Buenos Aires por la fuerza, y luego formó parte de las tropas autonomistas porteñas del general Bartolomé Mitre, que terminó por disolver la Confederación. Su ardor belicista lo llevó a combatir contra el Paraguay, de donde regresó herido. Su padre Leandro Alén había sido colgado en la plaza pública, por haber prestado servicio en la maquinaria policial rosista, la Mazorca. El desenlace paterno atormentó su infancia. Decidió modificar su apellido y llamarse Alem.

Alem dejó que los militares le expusieran su propio plan. Era el siguiente: los batallones saldrían de los cuarteles a la madrugada y se encolumnarían hacia el Parque de Artillería. Todos debían coordinar sus relojes de acuerdo con la hora de la iglesia de San Ignacio. Una vez concentrados en el Parque, la Infantería y la Artillería, sumadas a la asistencia de grupos civiles, tomarían el Departamento de Policía de la Capital y la Casa de Gobierno. Todos los puntos estratégicos de Buenos Aires —las estaciones de ferrocarriles, el Arsenal de Guerra, los regimientos, las oficinas del telégrafo— serían ocupados en el alzamiento. Varias unidades militares serían enviadas a las provincias para propagar la Revolución.

La jefatura de esta expedición estaría a cargo del coronel Martín Yrigoyen, sobrino de Alem y hermano de Hipólito. Este, comisario del barrio de Balvanera a los 20 años por influencia de su tío, sería designado el nuevo jefe de la Policía de la Capital.

El plan preveía también la acción de la escuadra naval. Una vez que redujeran a sus jefes y tomaran los buques en las aguas del Riachuelo y del Río de la Plata, los militares de mar bombardearían El Retiro y la Aduana, donde estaban establecidas las tropas oficiales.

La escuadra también dominaría el acceso del litoral fluvial y enviaría por río a las tropas hacia el interior. Si llegaban refuerzos estatales desde las provincias, por agua o por vía férrea, se los enfrentaría a cañonazos.

Este nuevo diseño, que hacía pesar el control militar de la ciudad antes que las detenciones de las autoridades del Régimen, no convenció al jefe cívico. Alem prefería el secuestro como detonante del hecho revolucionario, que provocara la convulsión en la ciudad y lanzara a las calles al movimiento popular. Garantizar la salida limpia de los cuarteles, en cambio, reducía la posibilidad de golpear sobre el núcleo del gobierno, una operación que Alem consideraba imprescindible para el triunfo.

Si bien aceptó el plan militar, el jefe revolucionario pensó que ambas acciones —el desplazamiento de las tropas y el secuestro de las autoridades— podrían efectuarse en forma simultánea. Para ese fin, durante los preparativos revolucionarios, coordinó la inteligencia previa con partidarios de la Unión Cívica.

Esta coalición política sin participación electoral había sido gestada en septiembre de 1889 por jóvenes independientes con “conciencia cívica”, que se manifestaron en el Jardín Florida en favor de la libertad de sufragio y contra la inmoralidad administrativa, la arbitrariedad jurídica, la desmovilización política y otros males cargados en la cuenta del Régimen, al que acusaban de promover una década de aparente e indigna prosperidad. Pronto, la juventud cívica reclamó y obtuvo el apoyo de personalidades como Mitre, Alem, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen, y de grupos católicos, liberales, ex autonomistas y nacionalistas hermanados por la oposición al Régimen. El 13 de abril de 1890, en un acto con más de veinte mil personas en el Frontón de Buenos Aires de la calle Córdoba, Alem, ahora presidente de la Unión Cívica, agitó el nervio de la moral ciudadana. “Un pueblo sin vida política es un pueblo corrompido”, afirmó. El meeting alentó aún más el descontento contra el Régimen y lo afectó: provocó la renuncia del gabinete de Juárez Celman. Pero también era una máscara para encubrir los trabajos revolucionarios.

Por los informes de inteligencia que recibió, Alem comprendió que la casa de Juárez Celman era una fortaleza inabordable. Estaba ubicada sobre 25 de Mayo, entre Lavalle y Tucumán, al lado de una comisaría, y además la custodiaba la Prefectura. La calle no estaba cerrada al tránsito, pero quien pasara por ahí estaba obligado a circular bajo apercibimiento de ser detenido. Tampoco resultaba sencillo conseguir casas vecinas para concentrar un grupo armado. El vicepresidente Carlos Pellegrini, su ex compañero de la Universidad de Buenos Aires, no le interesaba tanto a Alem como objetivo militar. En cambio, consideraba que el asalto a los domicilios de los generales Roca y Levalle, que aunque vigilados ofrecían facilidades de ingreso, era imprescindible para desarticular la cadena de mando político. Los detenidos serían conducidos al Parque de Artillería.

Sin embargo, para sorpresa del jefe de la Unión Cívica, los militares rebeldes no quisieron incorporarse a las acciones de secuestro, porque preferían evitar cualquier enfrentamiento directo con las fuerzas oficiales. Alem tuvo que planificarlas con médicos, abogados y comerciantes, que conformaron la Legión Ciudadana. Aceptaba la posibilidad de que las operaciones tuvieran efectos colaterales. Si se producía un combate en el intento de captura, la salida silenciosa de los soldados de los cuarteles estaría en riesgo. El plan perdería sorpresa. Esta variable, sumada a la reticencia de los militares, hizo que Alem diera prioridad al movimiento de tropas hasta que se lograra el dominio de la ciudad, y luego procedería a las detenciones. Más tarde se arrepentiría de esta y otras modificaciones a su plan militar original.

La conducción política de la Revolución ya estaba en manos de Alem; el general Manuel Campos se hizo cargo de la jefatura militar. Forjado en el fuego de la guerra contra el Paraguay, Campos también había sido jefe de la frontera sur de Buenos Aires durante la lucha contra los indígenas y ayudante del general Roca en la campaña del Desierto. Pero, ahora que asumía la conducción del alzamiento armado contra el Régimen, debía tratar a su antiguo jefe como a un enemigo. En 1890, Campos acababa de regresar de la legación argentina en Londres, donde había sido agregado durante un año. Un incidente callejero precipitó su incorporación a la Revolución. En la marcha posterior al meeting de El Frontón, Campos salió en defensa de un hermano, que era civil, y le partió el bastón en la cabeza a un agente policial, gesto por el que fue detenido, pero también valorado por la jefatura cívica.

Para las citas nocturnas con Alem y Del Valle, los conspiradores del Ejército se vestían de paisanos o se disfrazaban. El jefe de los cívicos también intentaba engañar a la policía. Solía llegar último a las reuniones y se iba antes que nadie, a fin de que los espías fueran detrás de él y los preparativos prosiguieran. La inteligencia policial lo apodaba “Cristo”. La vigilancia sobre los conspiradores era tarea de los agentes secretos de la Policía de la Capital. Entonces, la fuerza estaba compuesta por alrededor de tres mil hombres, la mayoría de ellos veteranos con licencia del Ejército, bajo la dirección del coronel Alberto Capdevila, quien reportaba en forma directa a Juárez Celman. La presión policial se hacía notar sobre los clubes parroquiales de la Unión Cívica. En una oportunidad, una asamblea fue disuelta a balazos por delincuentes protegidos por la fuerza policial, que estaba habituada a irrumpir en los registros electorales, arrebatar boletas y apalear a los opositores al Régimen para desalentar su participación en las elecciones.

Noche tras noche, en distintas casas de Buenos Aires, se hacían cálculos sobre quiénes podrían formar parte de la Revolución en los cuarteles: “150 hombres en el Regimiento 1º de Artillería”; “130 en el 1º de Infantería”; “200 en el 5º”; “200 en el Batallón de Ingenieros…”. Los cálculos más optimistas aseguraban que se llegaría a los cuatro mil quinientos soldados. Más allá de los aportes de la tropa, Campos consideraba decisivo atraer a la mayor cantidad de jefes de la Artillería, la Infantería y el Batallón de Ingenieros. En su planificación, si había que combatir para tomar el cuartel, se combatiría; pero prefería una toma de unidades pacífica, para no provocar enfrentamientos en otros cuarteles.

Uno de los puntos fuertes del plan militar era la toma del Parque de Artillería. Se lo consideraba parte de la Revolución desde el inicio por la adhesión del jefe de la unidad, el general Domingo Viejobueno, y la de su hermano Joaquín, también general. El “día D”, las puertas del Parque se abrirían a los soldados rebeldes y habría a su disposición cincuenta mil fusiles y quinientas sesenta mil municiones.

Otro foco de la conspiración contra el Régimen estaba en la ciudad de La Plata. Un comité compuesto por el abogado Álvaro Pinto y el coronel Julio Campos, hermano del jefe militar, aseguraba tener trescientos hombres, pero le costaba conseguir fusiles y fondos económicos. Pinto quería que las sublevaciones de Buenos Aires y La Plata fuesen simultáneas, pero Alem prefería lanzarse primero y luego remitir el material sobrante para fortalecer el alzamiento platense. Lo mismo decidió para los revolucionarios de Rosario.

El plan insurreccional avanzó sin sobresaltos. Para todos los que se sumaban, la Revolución era un deber a cumplir. Había conciencia de eso. Con discreción, los militares rebeldes, que al principio componían una logia de solo treinta y tres capitanes y tenientes, fueron sumando voluntades. Los oficiales fundacionales se denominaron a sí mismos los hombres del “primer momento”; los que fueron hablados luego eran los del “segundo momento”; por último, los oficiales que fueran captados durante la Revolución serían mencionados como los de “la última hora”. Para ellos, el compromiso propuesto era imposible de rechazar. Si lo hacían, serían apresados.

A menos de dos semanas del alzamiento, el general Campos hizo un recuento ante la Junta de lo que ya había reclutado: elementos del 1º de Artillería; el 1º, el 5º y el 9º de Infantería; además, cadetes del Colegio Militar y del Batallón de Ingenieros. Pero las gestiones con los de “la última hora” continuaron. En los días previos, a Campos le fue presentado un oficial del Regimiento 11º de Caballería. Tenía antecedentes: en el ’74 había sublevado a la tropa contra el fraude electoral, en favor del general Mitre, que era el espejo político en el que Campos deseaba reflejarse. El mayor Palma —de él se trataba— en principio rechazó la idea de volver a levantar el regimiento, aunque dos días después condicionó esa tarea a una entrevista con Campos. Temía que el levantamiento fuese una aventura cuartelera. Campos aceptó el diálogo, pero solo dijo que el plan era serio y que la Revolución triunfaría. A Palma le pareció suficiente y se estrecharon las manos. Su compromiso causó satisfacción en la oficialidad rebelde, porque algunos habían imaginado a Palma como un adversario a vencer. El 11º fue el último regimiento integrado.

Con el plan acordado con la Junta Revolucionaria, la insurrección debía estallar en la madrugada del sábado 19 de julio de 1890. En esas horas, algunas tropas avanzarían hacia el Parque de Artillería desde el norte, por la avenida Alvear; otras marcharían desde el oeste y el sur, por la calle Garay. La escuadra naval debería navegar hasta aguas cercanas a la Casa Rosada y El Retiro. Sería un ataque combinado por tierra y agua. En forma simultánea también, los jefes cívicos impulsarían la movilización de sus clientelas políticas y se dirigirían al Parque. Cuando la multiplicidad de las acciones se desplegara, el Régimen se fragmentaría y la Junta Revolucionaria tomaría el poder.

Pese al recelo de Campos y a la desconfianza del propio Mitre —que avaló la Revolución pero se marchó meses antes a Europa, incluso con una restitución de honores militares por parte del Régimen—, Alem era la mayor garantía política de la Unión Cívica. Al momento de la caída de Juárez Celman, Alem se convertiría en el presidente de la República.

Pero en el plano militar, a tres días de la insurrección, la cohesión interna se resquebrajó. Una delación condujo a Campos a prisión. El viernes 18, Palma convocó de urgencia al general a una reunión en los suburbios de la ciudad. Pese a la intrigante invitación, Campos creyó en la buena fe de Palma. Sin embargo, recibió el aviso de que se trataba de una emboscada. Palma lo había traicionado. El jefe militar se lo transmitió a Alem y todos los mecanismos de seguridad se activaron. Esa misma noche, para desorientar a la policía, los jefes cívicos asistieron a una fiesta, pero el ardid era innecesario. A la mañana de ese día, el Presidente había reunido en su casa a los ministros de su gabinete y como resultado de la investigación policial se expuso que Campos invitaba a la Revolución en los cuarteles. También se dieron detalles de reuniones secretas y de los oficiales de Ejército y Marina que estaban involucrados en el complot, y se mencionó la casa de Belgrano 432 del subteniente José Félix Uriburu, donde se había gestado la Logia de los 33 Oficiales. La revelación del plan revolucionario, a consecuencia de la rivalidad que el jefe de Policía, Capdevila, mantenía con el ministro de Guerra, puso en aprietos al general Levalle por su supuesta pérdida de control de la fuerza. Capdevila había reclamado a Juárez Celman el retiro de los batallones militares de la Capital para hacerse cargo de la seguridad del territorio porteño con sus hombres. La eficacia de su inteligencia permitía creer que podía asumir esa tarea.

El sábado 19, por orden de Levalle, el general Campos, su asistente, el coronel José Figueroa, y el mayor Garaita ya estaban detenidos bajo acusación de “conspiración”. Si antes la Revolución caminaba por las calles, ahora salía en los diarios. Palma, que además había pedido dinero para los preparativos, había informado de sus movimientos, aunque el Estado ya los conocía.

Certificados los hechos, todos los oficiales comprometidos con la rebelión quedaron a la intemperie. No se sabía qué había informado Palma al gobierno, qué habría revelado Campos en los interrogatorios ni a quiénes alcanzaría la prisión. La Junta Revolucionaria suspendió las acciones y transmitió la orden de no precipitarse. Los militares revolucionarios rechazaron la postergación: querían lanzarse a la batalla, sobrevivir como fuese antes que ser sacrificados en los cuarteles. Pasadas las horas, el Regimiento 1º de Infantería exigió una definición a la Junta: o la Revolución se hacía o ellos se disgregaban.

Entonces reapareció Álvaro Pinto en Buenos Aires. Propuso ceder la jefatura al coronel Julio Campos. Alem aceptó el reemplazo, pero el coronel no quiso subordinarse a las instrucciones militares del jefe cívico. La Revolución volvió a la incertidumbre.

En el orden económico, el oro había aumentado su valor y el peso se había depreciado. Existía la presunción de que el país no podía hacer frente a los pagos externos ni tampoco obtener nuevos créditos de Inglaterra. A fines de mayo, el senador Del Valle agregó un elemento más de tensión a la crisis financiera cuando denunció que el gobierno había emitido papel moneda en forma clandestina para ayudar a los Tesoros de los bancos oficiales.

Campos, encarcelado en el Regimiento 10º de Infantería de la calle Azcuénaga e incomunicado, fue interrogado por un fiscal. El general reconoció que había hablado con Palma, pero solo para saber cuál sería su posición personal si Juárez Celman llegara a renunciar frente a la evolución de la crisis. Aunque admitía que se preocupaba por la situación del país, Campos aseguró que no existía un plan revolucionario. Palma lo había malinterpretado. En la misma línea expusieron Figueroa y Garaita.

Levalle, en tanto, reaccionó: envió al Regimiento 1º de Infantería, infiltrado por la Logia de los 33, a la frontera del Chaco austral y fortificó el cuartel de El Retiro y la Aduana vieja con el 6º de Caballería, que viajó desde el Chaco, y el 2º de Infantería, procedente de Córdoba. Al general Viejobueno, al mando del Parque de Artillería, le encargó una comisión fuera de Buenos Aires.

Pero de manera sorpresiva el Ejército levantó la incomunicación de Campos, quien empezó a conversar con otros oficiales sobre la necesidad de deponer al gobierno. El capitán Jacinto Espinosa, afín al jefe militar, hacía sondeos para sumar adeptos a la “causa santa”. En prisión, Campos recibió una visita significativa, la del general Roca. No pudieron ser hallados documentos que prueben el contenido expreso de la conversación, pero la reunión fue en sí misma un mensaje demasiado disonante como para no ser atendido por los jefes cívicos.

Con la información reunida por Espinosa y bajo la presión de los militares rebeldes, la Junta Revolucionaria —por impulso de Del Valle, que gozaba de mayores simpatías en la Logia de los 33 Oficiales que el propio Alem— decidió levantar el Regimiento 10º y liberar a Campos de ese cuartel, y ordenó que el resto de los batallones marchara hacia el Parque en la madrugada del 26 de julio. La Revolución ya estaba resuelta. El plan militar acordado sería respetado. La orden comenzó a propagarse la noche previa al alzamiento.

La escuadra naval también debía sublevarse en la misma madrugada. Desde el Parque, le lanzarían globos de colores al aire para que abriera fuego. Dos globos significaban el bombardeo sobre El Retiro. Tres globos, sobre la Casa de Gobierno. Si no había globos, la Revolución se suspendía.

Esa misma noche, los grupos de civiles que debían proteger la salida de los militares del Batallón de Ingenieros se concentraron en un corralón a la espera de la hora. A uno de ellos se le escapó un tiro. Los vigilantes, alertados por el estampido, detuvieron a cinco cívicos, aunque el “telegrama urgente” cursado al coronel Capdevila no llegó a destino. El coronel dormía. Él, como Roca, quien desde enero de 1890 recibía informes sobre la conspiración, solo debía dejar que la Revolución hiciera su propio camino.

En la madrugada del 26 de julio, las tropas rebeldes comenzaron a movilizarse. Hicieron rendir a los comandantes del Parque de Artillería y tomaron las azoteas y las puertas de acceso. No hubo resistencia. Alem entró antes de las cuatro. El 5º y el 9º de Infantería, el 1º de Artillería, los cadetes del Colegio Militar y los soldados destacados en el Correccional y la Penitenciaría fueron concentrándose en el Parque. Por las calles se desarmaban vigilantes y se tomaba el control de la ciudad.

En el Regimiento 10º, se liberó a Campos y los rebeldes marcharon por el frente norte unidos al Batallón de Ingenieros. El mayor Pedro Toscano, que debía haber custodiado a Campos, también dormía. Del Valle había pensado en intoxicarlo con un somnífero, pero ni siquiera un disparo fortuito en el cuartel logró perturbar el sueño del mayor. Al coronel Figueroa le habían concedido un permiso de salida la noche anterior.

La Marina también fue parte de la insurrección esa madrugada. El comando revolucionario naval fue establecido en el buque Villarino, primera nave sublevada, con la jefatura del teniente de navío Eduardo O’Connor. Navegaron y abordaron el crucero Patagonia. El teniente de fragata a cargo entregó la nave al teniente de navío Ramón Lira, otro miembro de la dirección revolucionaria. Treinta marinos bastaron para tomar la cañonera Paraná. En el acorazado Los Andes tampoco hubo resistencia y la nave fue plegada a los conspiradores. Allí fue detenido el vicepresidente de la Junta Superior de la Marina, Bartolomé Cordero, quien había ido a inspeccionarla en búsqueda de novedades para transmitírselas al vicepresidente Pellegrini. En el ariete Maipú se precipitó el primer hecho de sangre. La nave fue levantada por el teniente Ibarra, pero su comandante, el teniente de navío Atilio Barilari, intentó reprimirlo y le disparó. El tiro mató a un soldado. Reducido, Barilari intentó escapar. Un centinela le clavó su bayoneta. En pocas horas, el poder naval revolucionario ya tenía el dominio del Río de la Plata.

Con las fuerzas concentradas en el Parque de Artillería, y en contra del plan de ataque original, Campos intimó al Régimen a que se rindiera y envió notas a la Policía Federal y a la Casa de Gobierno. Les dio un plazo de dos horas y decidió esperar. Durante ese tiempo, los soldados rebeldes cantaron el himno, y hubo churrasco para la tropa. Campos decía que debían conocerse y confraternizar. Los jefes revolucionarios aprovecharon para difundir un manifiesto a la población.

El patriotismo nos obliga a proclamar la revolución como recurso extremo y necesario para evitar la ruina del país. […] La Junta Revolucionaria no necesita decirle al pueblo de la Nación y a las naciones extrañas los motivos de la Revolución ni detallar cronológicamente todos los desaciertos, todos los abusos, todos los delitos, todas las iniquidades de la administración actual. El país entero está fuera de quicio, desde la Capital hasta Jujuy. Las instituciones libres han desaparecido de todas partes; no hay república, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa […]. El período de la revolución será transitorio y breve; no durará sino el tiempo indispensable para que el país se organice constitucionalmente y el gobierno revolucionario establezca la elección de tal manera que no se suscite ni la sospecha [de] que la voluntad nacional haya podido ser sorprendida, subyugada o defraudada.

En otra de sus modificaciones al plan de guerra, Campos no implementó el corte de las comunicaciones telefónicas, ni del telégrafo ni de los ferrocarriles. Su falta de acción provocó inquietud entre los cívicos. Alem le requirió explicaciones. Campos argumentó que prefería no dispersar a la tropa. No sabía dónde estaba concentrado el enemigo y temía que fueran sorprendidos por la retaguardia si lanzaba el ataque. En apariencia, Campos confiaba en que el gobierno se rendiría sin necesidad de un solo tiro. Alem se mostró molesto por el cambio de planes, pero no lo sometió al examen de la Junta de Guerra que acababa de constituirse. Dejó que la estrategia militar continuara en poder del jefe militar.

Tampoco los hombres clave del Régimen habían sido apresados. Alem también había perdido el control de ese procedimiento.

Fermín Rodríguez, el responsable de las capturas, había delegado en Lino Lagos y en Francisco Rayneli la misión de secuestrar a Roca. Se habían conformado dos grupos, con un total de quince personas, que se hospedaron en una pensión de la calle San Martín en la noche del 25. Quedaron a la espera de los cañonazos del Parque, la señal del inicio del alzamiento. Pero no hubo cañonazos. A las ocho de la mañana se fueron.

En cuanto al secuestro del ministro de Guerra, Levalle, un mínimo obstáculo fue suficiente para que el plan se arruinara. Al jefe de la misión le habían anunciado que la guardia del vigilante que custodiaba su casa de la calle República —actual Quintana— finalizaba a la una de la madrugada. Pero no fue así. Entonces, desistió del secuestro. Para el ataque sobre Juárez Celman y Pellegrini, los grupos de civiles no llegaron a conformarse.

Lejos de aceptar la solicitud de rendición, el Presidente marchó protegido por el Regimiento 2º de Infantería hacia El Retiro, donde solo había ochenta hombres; allí comenzarían a reunirse las tropas oficiales comandadas por el general Levalle, al que una función en el teatro Politeama, en Corrientes y Paraná, la noche anterior, lo había cruzado con Capdevila. Ambos se unirían en la batalla por la reconquista del Parque.

Para desagrado del general Campos, que buscaba un predominio militar en las acciones, en la mañana del 26 de julio la Junta Revolucionaria convocó a la población. Entre el entusiasmo y el desorden, los civiles hacían filas en las oficinas del Parque de Artillería para recibir armas y municiones. Para identificar a los que se incorporaban al combate se les entregaba una boina blanca, que se agregaba a las cintas de colores blanco, verde y rosado que los cívicos habían colocado sobre sus prendas en la madrugada bajo la luz verde y roja de los faroles de mano.

Mientras se esperaba en vano una respuesta del gobierno, cívicos y soldados rebeldes armaron barricadas en las bocacalles con bolsas de tierra, adoquines, metales, cemento o colchones, y también se instalaron en los “cantones revolucionarios”, edificios de dos o tres pisos que les permitían cierto control visual sobre el enemigo y funcionaban como puestos de avanzada. A media mañana, la Revolución ya había ocupado alrededor de cien manzanas de la ciudad, con epicentro en el Parque: el territorio de guerra se había delineado dentro del perímetro de Córdoba, Suipacha, Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) y Junín.

Uno de los cantones clave, el más cercano a la frontera con las tropas estatales, era el Palacio Miró, en Libertad y Viamonte. Allí había más de cien combatientes. Tenía instalada una ametralladora en la azotea. Además de los militares, protegían las posiciones ex milicianos de la Guardia Nacional, civiles de la clase media urbana, abogados, comerciantes, médicos e inmigrantes de distintas nacionalidades, quienes luego exigirían a los cívicos un reconocimiento a sus muertos en el combate. Sectores obreros, con agremiaciones de bajo nivel de organización que no participaban en la vida política, tuvieron una intervención limitada en el levantamiento. Entonces Buenos Aires contaba con una población de medio millón de habitantes, de los cuales trescientos mil eran extranjeros.

La primera descarga se inició desde el cantón de Corrientes y Paraná; allí, casi un centenar de combatientes abrió fuego contra una formación de vigilantes de la policía que se trasladaba en tres vagones de tranvía hacia El Retiro. Fueron los primeros muertos. Eran las nueve de la mañana. Pero mientras las tropas irregulares continuaban sin instrucciones en el Parque, las fuerzas gubernamentales tomaron la plaza Libertad, en Libertad y Paraguay, un punto estratégico para arremeter contra el cuartel revolucionario. Hasta allí intentó trasladarse un pelotón del mayor Toscano, pero desde el cantón de Viamonte y Artes (actual Carlos Pellegrini), el coronel Espina retrajo el avance a fuego constante.

Desde los cantones de las calles del frente norte también observaron el trote de la caballada del Regimiento 11º que avanzaba por Santa Fe en dirección hacia El Retiro. Esa calle estaba fuera del área de control insurgente, pero fue tomada como blanco. Desde la calle Talcahuano, los soldados del mayor Day, que se había agregado ese mismo día a la insurrección, alcanzaron con la batería de artillería al Regimiento 11º, causándole treinta o cuarenta bajas y similar cifra de caballos despedazados. Le interrumpieron la marcha hacia El Retiro.

Aun sin otra estrategia que la resistencia, la calle era de la Revolución. Los cantones se iban desplegando uno tras otro en terrazas de vecinos o en palacios apenas estrenados; la propia confitería El Molino, en Callao y Rivadavia, y la iglesia contigua fueron conquistadas por los cívicos.

Con el impulso de los coroneles Espina y Figueroa y del mayor Day, que distribuían a sus hombres entre las barricadas y los cantones de los frentes este y norte, junto a los civiles y los soldados de la Infantería, se fortalecía la defensa del Parque.

El general Levalle, por su parte, continuó su estrategia para perforar el cerco. En esas horas de lucha demostró su determinación. A media mañana, al grito de “¡Aquí está la ley y el deber!”, había logrado instalar con ochocientos efectivos su cuartel general en la plaza Libertad —donde Campos nunca había intentado asentarse—, y reanudó el ataque por la calle Artes para aislar a la Revolución por el frente este. El ministro de Guerra y Marina disponía de la Caballería y de tres regimientos de Infantería de línea; también lo secundaban los cuerpos de vigilantes y bomberos de la policía de Capdevila, que se había subordinado a sus órdenes para cerrar un posible ataque cívico al Retiro. Levalle marchó al frente con la caballería y provocó cinco bajas en el cantón “Frontón de Buenos Aires”, que acababa de instalarse en Viamonte y Artes. Pero, en una acción sorpresiva, los cívicos rompieron la pared de una casa vecina al cantón y saltaron hacia las azoteas de la intendencia municipal en construcción. Desde allí, el fuego revolucionario de la artillería, junto con otros tiradores que controlaban desde miradores el desplazamiento de las tropas oficiales por Artes, demolieron la ofensiva de Levalle.

En la desbandada y esquivando las balas, la tropa se replegó en el teatro Coliseo, también en construcción, frente a la plaza Libertad, mientras el caballo de Levalle y el de uno de sus asistentes caían muertos y el general retrocedía de prisa hacia la plaza Libertad. La acción dejó decenas de muertos y heridos. El jefe de Policía, Capdevila, de uniforme de gala y con su caballo negro, fue herido y recibió socorro en la casa de un vecino.

El fuego revolucionario dejó dos novedades: que las fuerzas oficiales actuaban con sus jefes al frente de la batalla, y que, aun así, estaban desconcertadas. La táctica de guerrilla urbana de los subl ...