Loading...

EL NEGOCIO POLíTICO DE LA OBRA PúBLICA

Luis Gasulla

0


Fragmento

Cara de piedra

Todo el mundo me usó de forro. La Cámara Argentina de la Construcción y Cristina. Acá se limpiaron todos el culo conmigo.

LÁZARO BÁEZ al autor, único periodista
que lo entrevistó en prisión. Julio de 2016

Que se haga una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno.

Ex presidenta CRISTINA FERNÁNDEZ
DE KIRCHNER. Julio de 2016

No quiero mala praxis en la obra pública.

ALICIA KIRCHNER, gobernadora de
Santa Cruz y hermana del ex presidente. 

30 de septiembre de 2016

A las 4.40 de la madrugada del 14 de junio de 2016, cuatro integrantes de la policía bonaerense sorprendieron a José Francisco López infraganti. El ex hombre fuerte de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas estaba perplejo. Tenía la cara de piedra. Por esas horas, comenzaba a escribirse la historia más impactante de corrupción política de las últimas décadas. El convento Nuestra Señora de Fátima, en General Rodríguez, fue el escenario circunstancial para relatar una trama cinematográfica en la que participaron monjas con pasado guerrillero, obispos acomodaticios, abogadas candentes, extraños informantes, servicios de inteligencia especialistas en acción psicológica y la lúgubre postal de un conurbano bonaerense abandonado, víctima de interminables promesas incumplidas.

Recibe antes que nadie historias como ésta

Al salir el sol, José López ingresó al penal de Ezeiza con la mirada perdida. El mismo destino había tenido, semanas antes, Lázaro Antonio Báez, empresario insignia de la era K. Nunca imaginó concluir su carrera política como una de las dos estatuas de piedra ubicadas en el antiguo edificio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) —conocido como Evita— que tantas veces visitó creyéndose amo y señor.

Nacido en Italia en 1885, el escultor Troiano Troiani llegó a nuestro país veintinueve años después para diseñar los faroles de la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires. Pero su obra más singular y polémica son dos estatuas de piedra ubicadas en los vértices del edificio mencionado: una de ellas lleva un cofre en una mano y extiende la otra hacia atrás, pegada al cuerpo, con la palma hacia afuera. Mira para abajo, distraída, picarona, como si simbolizase la “viveza criolla” que nos caracteriza como argentinos. A las estatuas se las llama, en voz baja, el monumento al soborno. El único que existe en el mundo. Vaya paradoja, las pintorescas figuras no aparecían en el proyecto original encargado al arquitecto José Hortal. Tal vez por esa razón el creador las escondió, a un costado, sin registrarlas en ningún plano ni archivo. Las “hermanas” fueron testigos mudos de coimas escandalosas, sobornos impensados, “cometas”, fraudes y centenares de negociados, coordinados a centímetros de sus miradas. Nadie se refiere —o tal vez nadie quiere saber— al monumento que habita en él. La estatua con la mano extendida no tiene precedentes en el mundo. La imagen de piedra, al acecho, en una esquina del segundo piso, simboliza el pago de coimas, una constante en la historia de la obra pública en la Argentina. Las estatuas representan una denuncia sutil, una alegoría de lo que pasaba en los años treinta con la obra pública y una profecía de lo que sucedería en el futuro.

Imponente, el viejo edificio de Obras Públicas distingue su silueta en la 9 de Julio. Hoy funciona allí el Ministerio de Salud. Fue concebido por el arquitecto Alberto Belgrano Blanco, pero llevado a cabo por su colega José Hortal, director nacional de Arquitectura, en 1933. Se creó por un proyecto del Poder Ejecutivo, convertido en ley 11.714 durante el ministerio de Manuel Alvarado, en la presidencia de Agustín P. Justo. Fue la primera construcción de altura financiada por el Estado nacional. El edificio del MOP fue transferido al Ministerio de Salud por el decreto 239 del 9 de marzo de 2010. Eran otros tiempos. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. El 26 de julio de 2011, la misma presidente inauguró el Mural de Evita, tras la restauración de su fachada. Siete meses antes había convocado a los dos empresarios más cercanos a su difunto esposo para exigirles respuestas sobre sus patrimonios: “La plata de ustedes es nuestra”. En esa reunión en Olivos, relatada en detalle por Leonardo Fariña, comenzaba a gestarse el comienzo del fin de Lázaro Báez, el fiel amigo de Néstor —no de Cristina—. Los principales protagonistas de aquella historia fueron entrevistados para este libro.

Negocios son negocios

Cuando López escapó de su mansión “alquilada”, en Tigre, cargando cuatro bolsos deportivos con nueve millones de dólares, hacia el convento del obispo emérito de Luján, el fallecido Rubén Héctor Di Monte, no pensó en la emblemática historia del edificio de Obras Públicas. Las imágenes de la detención de Lázaro Báez, empresario símbolo del kirchnerismo, aún estaban frescas. “En Estados Unidos no entienden cómo Cristina Fernández le soltó la mano a ‘su’ empresario ni tampoco cómo el gobierno de Cambiemos no pareciese interesado en ir contra los funcionarios corruptos”, explica un emisario del FBI en la Argentina. “Por eso colaboramos en la caída de López”, concluye.

Báez no era la excepción sino la regla del manejo de la obra pública en la Argentina kirchnerista. Cambiar las condiciones en que se manejaron y gestionaron los fondos públicos, específicamente en los grandes proyectos, sería un enorme desafío del gobierno encabezado por Mauricio Macri. Su padre Franco había sido un símbolo de la patria contratista. Los vínculos comerciales y de negocios en la obra pública entre Julio De Vido, ex ministro de Planificación de los Kirchner, con empresarios como Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, formaban parte de una historia sutilmente escondida por los protagonistas de esta obra. “El primer número en la lista de contactos del celular del Negro era Ángelo”, relató el mejor amigo de Lázaro Báez entrevistado para la presente obra. Ángelo es el primo del Presidente. Más aún, Pablo Schoklender me explicó que cuando Hebe de Bonafini alzaba demasiado la voz contra el, por aquel entonces, jefe de Gobierno Mauricio Macri, De Vido la mandaba llamar para calmarla: “No está bien que nos metamos en el tema viviendas ni inmobiliario”. Su hermano Sergio explica que “las solicitudes que atendía rápidamente Néstor Kirchner eran las de sus empresarios amigos, como Nicolás Caputo”. Todos formaban parte del club de la obra pública en el que el ex financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, era su “armador”. Pero para el establishment comunicacional, Nicky Caputo es solo un empresario amigo del actual presidente Macri, sin vinculaciones con el kirchnerismo. No es así. Caputo, a través de su empresa SES SA, en el año 2010, ganó la licitación para refaccionar el hospital Posadas. Lo hizo uniéndose con el Grupo Farallon, de Eduardo Gutiérrez, a quien el fiscal Federico Delgado apuntó como el posible testaferro de José López, tras su detención en el convento de General Rodríguez. Caputo recibió 1.400 millones de pesos en contratos con la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. A pesar de su amistad con el detenido López, el Grupo Farallon aportó a la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Negocios son negocios. No existen ideologías a la hora de hacerlos.

El capitalismo argentino está viciado porque depende, en gran parte, del Estado. Por eso, muchos empresarios obedecen los caprichos de los gobiernos de turno. A veces, los capitalistas argentinos terminan siendo cortesanos de los gobernantes. En otras ocasiones, les marcan la cancha. Es una de las circunstancias que explican por qué la Argentina ha fracasado como proyecto colectivo de país. Durante el kirchnerismo, montándose en la debacle social y económica desencadenada en 2001, Néstor y Cristina Kirchner organizaron un sistema de expoliación basado en un falso relato, mediante el cual, directamente, edificaron empresarios de la nada (Lázaro Báez), conformando una asociación ilícita. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el dictamen por el que pidieron la urgente inhibición de bienes de la familia Kirchner, advirtieron que existió “una canalización de fondos de origen ilícito provenientes de la concesión irregular de obra pública de parte de esos empresarios [Báez y Cristóbal López] a favor de la propia familia presidencial mediante la utilización de la actividad hotelera”.

La clase política de nuestro país encontró una manera de financiar sus campañas políticas a través de sus vínculos con el empresariado local, presuroso, en muchas ocasiones, para obtener jugosos y espléndidos beneficios.

Hubo dos grandes caminos para sustentar el proyecto político de perpetuación en Casa Rosada: 1) el método kirchnerista de acumulación de poder, basado en la experiencia soviética previa a la caída del muro de Berlín. Así se crea un sistema de empresarios “amigos” que son socios de la clase dirigente y que trabajan en un proyecto político autodenominado “revolucionario” que, según ellos, representa los intereses de la “clase trabajadora”. El kirchnerismo se quedó a mitad de camino en todas sus gestas “históricas”; 2) el sistema capitalista tradicional al estilo europeo y estadounidense en el cual la corrupción se combate, aunque, internamente, la clase política y empresarial es consciente de que está institucionalizada. En la primera opción, aparecen nuevos y prósperos empresarios que responden directamente a un gobierno determinado. Son los “nuevos ricos” como Lázaro Báez, Cristóbal López, las firmas Electroingeniería y Palma SA, en menor medida. En este caso, el gobierno se mete en todos los ámbitos de la vida pública regulándola con firmeza. Su ideólogo “nacional y popular” fue Carlos “Chino” Zannini. En la opción más tradicional, no aparecen nuevos ni repentinos empresarios. Los ganadores son los mismos de siempre: Techint, de Paolo Rocca; Bulgheroni, en los últimos cuarenta años; y la familia Macri, de la última dictadura militar al kirchnerismo, pasando por los años noventa. Todos fueron observados en silencio por las estatuas de piedra creadas por Troiano Troiani.

Atorrantes

Desde años treinta, prácticamente ninguno de los gobiernos que sucedieron a Justo se han diferenciado de la postura de la estatua del MOP. Una posible excepción fue el breve paso de Arturo Umberto Illia por la Casa Rosada entre 1963 y 1966.

El soborno, la coima, el sobreprecio, las empresas de los amigos y las creadas para y por la obra pública de otros amigos, fueron el denominador común de la desgracia política y social que nos expone hoy a la falta de infraestructura, a la ausencia de educación y de edificios escolares, a la escasez de vivienda, a la carencia de hospitales y a la indignidad en materia de salud pública. Allí radica la culpa que expresan los ojos de esa estatua, congelada en la piedra para sus contemporáneos y para todas las generaciones que los sucedieron.

Hasta la reforma constitucional de 1994, no existió el Ministerio de Obras Públicas tal como lo conocemos actualmente. Lo precedió una Comisión de Ingenieros, organizada por el ingeniero Pompeyo Moneta en 1860, en la órbita del Ministerio del Interior, que contaba con cuatro direcciones generales: Vías de Comunicación y Arquitectura, Obras de Salubridad, Contabilidad e Hidráulica.

La primera anécdota sobre la obra pública es la que habría dado origen al término “atorrante”. Corría el año 1883. En la Dirección de Obras de Salubridad, dependiente de la Comisión de Ingenieros, comenzaban las tareas de construcción de redes de agua y cloacales en la Ciudad de Buenos Aires. Los caños, fabricados en Europa, descansaban cerca del puerto, a la intemperie, mientras los obreros cavaban a pico y pala las zanjas donde serían emplazados. Gran cantidad de gente, producto de la aplicación de la Ley de Inmigración y Colonización de 1876, no tenía vivienda. Desesperados, decidieron vivir, temporalmente, en esos caños fabricados por una empresa llamada A. Torrent. Así fue como sus ocupantes comenzaron a recibir el apodo de atorrantes. Años después, ese término quedaría asociado con la vagancia.

A lo largo del siglo XX se fueron desarrollando las actuales empresas del Estado, privatizadas y reestatizadas según el signo político de los tiempos. Una de las primeras obras públicas argentinas fue el desarrollo de caminos, llevado adelante por la Dirección General de Vías de Comunicación y Arquitectura, perteneciente a aquella Comisión de Ingenieros articulada en 1860. Sería el origen de lo que más adelante conoceríamos como la Dirección Nacional de Vialidad.

La historia de las vías de transporte y comunicación en la Argentina es la de la continua deficiencia, falta de previsión y mantenimiento. Sin embargo, todos los gobiernos licitaron obras con ese fin. Se trata del limitado desarrollo de los caminos, que influye en la delicada situación que atraviesa la producción del interior del país y las economías regionales, así como en el desarrollo de los pueblos. La debacle del ferrocarril durante el menemismo lo confirma.

Desde las mensajerías en épocas del Virreinato, las postas, los caminos de fines del siglo XIX, los consolidados y las rutas, hasta las actuales autopistas, se han recorrido muchos kilómetros. Párrafo aparte merece la sanción de la Ley Nacional de Vialidad y la Ley de Reforma del Estado del 17 de agosto de 1989, que permitió la privatización de casi todas las empresas estatales, con la maldita frase “fallida” del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Paradojas del destino, el mismo Dromi, símbolo de las privatizaciones, sería uno de los asesores estrella de Julio De Vido y Néstor Kirchner en las reestatizaciones de comienzos del siglo XXI.

Nociones básicas sobre la obra pública

Las obras públicas están formadas por una amplia gama de trabajos de construcción, desarrollo de la infraestructura de transporte (caminos, rutas, autovías, autopistas, puertos, vías ferroviarias y aeropuertos), hidráulica (represas, plantas depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques), y la creación de edificios de interés social (hospitales, escuelas, bibliotecas).

En diversos lugares del mundo existen empresas únicamente especializadas en obras públicas, como en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se encuentra la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Por su intermedio el gobierno acomete todas las políticas de infraestructura, brindando así transparencia en las ejecuciones y garantía de terminación.

La puesta en marcha de la obra pública puede concretarse de diversas maneras. Una opción es que sea el Estado quien contrate trabajadores para que las ejecuten: esto es más común en los municipios. Otra opción es llamar a licitación para que las empresas privadas presenten ofertas de desarrollo y sea el Estado quien escoja la propuesta más conveniente. Así, los fondos públicos provenientes de los impuestos, o de créditos externos que finalmente también se pagarán con el aporte de los contribuyentes, se destinarán a la empresa ganadora.

El conjunto de operaciones o actividades promovidas por el Estado —construcción, demolición, sondeos, dragados— está enmarcado dentro de la denominada Ley de Obras Públicas. La Argentina tiene una ley promulgada en el año 1947 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón que no fue modificada por ningún gobierno de ese signo político, ni del radicalismo. En el gobierno de Cambiemos estudiaban reformarla en las primeras sesiones en el Congreso del año 2017.

Daniel Enrique Butlow, abogado y profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal en la Universidad Nacional de la Rioja, sostiene que el constructor siempre debe tener en cuenta las novedades del Boletín Oficial y los cambios en la manera en que se contratan las obras públicas. Sin embargo, la ley, publicada en el Boletín Oficial del 28 de octubre de 1947, y que fuera producto de la posguerra, sigue conservando su vigencia. A pesar de todos los intentos por sustituirla y todas las modificaciones que sufrió, está vigente. Más aún, algunos de esos cambios la fortalecieron. Para Butlow, “puede afirmarse que la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional promulgada parcialmente el 26 de octubre de 1992 fue el instrumento que inició el camino para efectuar las profundas modificaciones que más recientemente tomarían rango normativo. Esta ley tenía entre otros objetivos prioritarios el de garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos (artículo 4° inciso a)”.

La reforma constitucional de 1994 estableció la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio, y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca —artículo 76 de la Constitución Nacional—. La noche del 29 de marzo de 2001 se sancionó la famosa “ley de los superpoderes”, que delegó atribuciones especiales en el Poder Ejecutivo Nacional. Esa noche también se firmó el decreto 1.023/2001 sobre Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, que modificó la Ley de Obras Públicas. Los cambios se distinguen entre superficiales y profundos. Lo extraño es que los superficiales parecen profundos y los profundos resultan difíciles de explicar. Las modificaciones superficiales surgen del mencionado decreto. Mediante el artículo 33, se produce una adecuación del viejo artículo 9 de la ley 13.064. Se trata de sustituir términos en desuso como “remate público” por “licitación pública” y aclarar que los límites de costos de obras y trabajos complementarios son fijados, de aquí en adelante, por el Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la función administrativa. Otro tanto sucede con las disposiciones que reemplazaron los términos “remates” y “subasta” por la expresión “licitación pública” en los artículos 4, 11 y 17 de la ley 13.064 —artículo 34, decreto 1.023/2001—. Las modificaciones sustanciales a la Ley de Obras Públicas surgieron de los artículos 35 y 36 del mismo decreto 1.023/2001. Por el primero, se declararon aplicables a los contratos de obras públicas las disposiciones del título 1º del mencionado decreto, con lo que, en definitiva, se cambió la Ley de Obras Públicas… sin cambiarla.

Muchos actores forman parte de la obra pública que ha sido y es en nuestro país la caja más importante para la política y para el enriquecimiento personal de los funcionarios. Entre esos actores fundamentales están la Dirección Nacional de Vialidad y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que no escapan a la mirada de piedra de la estatua que sostiene el cofre en sus manos.

El 5 de octubre de 1932, se promulgó la ley 11.658, que creó la Dirección Nacional de Vialidad. Este nuevo ente se encargaría del estudio, proyecto, construcción, administración y conservación de la Red Vial Nacional. Las investigaciones judiciales efectuadas tras el cambio de gobierno, en diciembre de 2015, confirman que aquí se encontraba una de las cajas más aceitadas e importantes del sistema ideado para vaciar las arcas públicas durante el kirchnerismo. La obra vial es incontrolable, según explica Sergio Schoklender, quien estuvo al frente del programa de construcción de viviendas e inclusión social Sueños Compartidos. “Si en miles de kilómetros de rutas se ponen centímetros menos de compactación, de tosca, de movimiento de suelo, de concreto, de asfalto, esa diferencia se traduce en millones de pesos”, asegura en su libro Sueños postergados. Solo en Chaco se transfirieron 3.500 millones de pesos en ocho años para infraestructura vial. Sin embargo, durante la gobernación de Jorge Milton Capitanich no se construyó ni una sola autopista, y las rutas asfaltadas se cuentan con los dedos de una mano.

La Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico. Para garantizar su funcionamiento, la misma ley establece la asignación de recursos que provienen de un impuesto fijo a los combustibles y otro adicional sobre el valor de los lubricantes. Esto está directamente ligado al boom del desarrollo del parque automotor, que necesita más y mejores caminos para transitar. En 1958, se dictó el decreto-ley 505, ratificado luego por una ley, que, entre otras medidas, disponía una nueva estructura para la Dirección Nacional de Vialidad. Se creó el Consejo Vial Federal —compuesto por las oficinas provinciales de vialidad— y se dividió la Red Caminera Argentina en Red Troncal Nacional, Red Primaria Provincial y Red Comunal, asignándoles responsabilidades y recursos específicos para el financiamiento y la construcción de las mismas a Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y las comunas, respectivamente.

El 25 de enero de 2001, mediante el decreto 87/2001, nació el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), ente desconcentrado dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad. El OCCOVI es el encargado de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, los corredores viales nacionales concesionados y la conexión física Rosario-Victoria. Durante el kirchnerismo, por medio del decreto 1.915/2004, el organismo obtuvo facultades para realizar obras en de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión. Dentro de ese marco, el OCCOVI realizó un importante número de obras en la red vial concesionada. Claudio Uberti estuvo al frente de esa dependencia durante el primer gobierno kirchnerista. Dejó el cargo cuando Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país proveniente de Caracas, Venezuela, con una valija con 800 mil dólares. Uberti lo acompañaba junto con su bella secretaria Verónica Bereziuk. En agosto de 2009, el decreto 1.020/2009 dispuso la transferencia del OCCOVI a la Dirección Nacional de Vialidad como órgano descentralizado, por lo que se derogó el anterior decreto 1.915/2004. La historia reciente de la Dirección Nacional de Vialidad, responsable de 40.193,72 kilómetros, está asociada con la corrupción.

Por sus vínculos con el gobierno de turno y por las sospechas permanentes de corrupción, la Cámara Argentina de la Construcción fue el actor fundamental de los últimos doce años. Su ex presidente Carlos Wagner dirige una de las empresas constructoras más beneficiadas por el kirchnerismo: Esuco SA. Gran parte de las obras de las que se hizo cargo las obtuvo en la provincia de Santa Cruz. El gobierno de Macri no parece interesado en destapar esa olla sucia del “club de la obra pública”, tal como lo definió el caído en desgracia Lázaro Báez. Cara de piedra ponen sus integrantes cuando responden que por un solo empresario corrupto —Báez— no se puede ensuciar al resto. La misma expresión que adopta Cristina Fernández de Kirchner cuando pide que se investigue toda la obra pública otorga da durante los últimos quince años o cuando asegura que es una perseguida política.

Fundada el 6 de febrero de 1936, la Cámara fue protagonista de importantes logros, como la sanción del la ley 13.064 de Obras Públicas, en 1947. También propició la sanción de la ley 17.258 de Fondo de Desempleo; en 1980 hizo lo mismo con la ley 22.250 de Régimen para Trabajadores para la Industria de la Construcción. En 1996 fomentó la firma del decreto 911/16, Reglamento de Seguridad e Higiene. Todos estos logros, que son reales, han sido superados por las sospechas y denuncias que recayeron sobre la ella y sus principales miembros. A pesar de todo, sigue siendo uno de los actores más importantes e influyentes del país. Sus fondos aumentaron de manera proporcional al vinculo con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, nexo con el gobierno nacional. Fue el mismo ex ministro que en la quincuagésimo séptima reunión anual de la Cámara Argentina de la Construcción dijo en el discurso inaugural que los fondos asignados al sector habían crecido, en el año 2009, cuarenta y cuatro veces más, comparados con 2002.

Roberto Lavagna dejó el Ministerio de Economía denunciando la cartelización de la obra pública. Las acusaciones más importantes que salpican a la Cámara son la de caso Skanska y la de Yacyretá, pero no son las únicas.

Otro miembro de la entidad es Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, titular de la empresa familiar Calcaterra SA y propietario de Creaurban e Iecsa SA, otra de las sospechadas en el caso Yacyretá. Se cree que sus constructoras habrían aportado más de cuatrocientos mil pesos a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2011. A Calcaterra además se lo conoce por sus fuertes vínculos con Julio De Vido y con el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once. Calcaterra fue uno de los integrantes del consorcio del tren bala que nunca arrancó. Su número personal es el primero en la lista que posee el celular de Lázaro Báez.

El mensaje de las estatuas de Troiani ha trascendido aquella década de 1930. Plantadas en un lugar emblemático, enhiestas, con los ojos clavados en esa mano que espera el retorno. Son un signo de los tiempos y de los actores descriptos. Un término único abarca todo: corrupción, obscena en los bolsos de José López, en el éxtasis por la caja fuerte de Néstor, en las cajas de seguridad de su hija Florencia. Mortal en las tragedias de Cromañón, Once, Castelar o en las inundaciones de La Plata. Corrupción: irrespetuosa en los éxitos hoteleros de la familia Kirchner, en los aviones, los autos y las casas lujosas de los nuevos ricos funcionarios y empresarios. ¿Origen? El mismo: fondos públicos.

Un dato fundamental a tener en cuenta es que, más allá del inexorable paso del tiempo, la Ley de Obras Públicas se basa en un punto fundacional que el kirchnerismo incumplió sistemáticamente. La elección de un contratista del Estado se basa en licitaciones públicas y en la realización de concursos, que deberían ser transparentes. Allí radica la competencia del sistema capitalista. En economías débiles y/o en frágiles democracias, como la Argentina, las leyes no se cumplen. Eso aumenta el poder de inescrupulosos funcionarios y gobernantes que sueñan con perpetuarse en el poder. En ese sentido, la gestión del macrismo en la ciudad enciende luces de alerta que el lector descubrirá al recorrer la presente investigación. Por esa razón, la experiencia de Cambiemos en el gobierno nacional goza de buenas intenciones para transparentar el manejo de la cosa pública —fundamentalmente en materia de obras de esa índole— pero in curre en llamativas contradicciones.

Estatuas

Las estatuas siguen allí, impávidas. Desde 1933, ese inédito monumento al “retorno” sigue marcando una constante de la historia argentina: el negocio político de la obra pública. Como las enormes placas de mármol de ocho metros de altura que Cristina Fernández de Kirchner mandó colocar en el Centro Cultural Kirchner —ex Correo Central— para inmortalizarse. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, decidió mantenerlas en su sitio para testimoniar “una etapa superada de nuestra historia”. Allí también aparece grabado en la piedra el nombre de José Francisco López. Como las estatuas del Ministerio de Obras Públicas.

La Argentina es el único país del mundo en el que un funcionario es atrapado con millones de dólares en un convento y el único en el que existe un monumento al soborno en un edificio público. Pero la profecía de piedra no dimensionó los bolsos ni las bóvedas. Tampoco las cajas fuertes en dragones de tres metros, ni los agujeros en el piso de las casas de funcionarios o de los conventos de obispos amigos.

La corrupción será televisada

De la Basílica al convento

No es menor que los secretarios de obra pública de los dos distritos más importantes hayan terminado así. Uno preso [José López] y el otro suicidado [Alejandro Arlía]. Habla de un modelo.

PAULA OLIVETO LAGO, diputada

de la Coalición Cívica. Septiembre de 2016

La inteligencia es como el vuelo: largos momentos de tedio y un repentino instante de terror.

MIGUEL ÁNGEL TOMA, en referencia a la

supuesta intervención de los servicios

de inteligencia en la caída de José López.

Agosto de 2016

La Basílica

Cuando faltaban pocos minutos para despedir el martes 13 de junio de 2000, se caía la cruz de hierro desde las alturas de la Basílica de Luján. Como un presagio, el gobierno del radical Fernando de la Rúa comenzaba a transitar un calvario económico y social. Los dos mil kilos de la cruz caída en desgracia visibilizaban la crisis económica del país. Ni la Alianza ni el duhaldismo hicieron algo al respecto. Dos meses antes de esa profética caída, Rubén Héctor Di Monte fue elegido al frente de la Arquidiócesis Mercedes-Luján. Más tarde, con Néstor Kirchner en el poder, la refacción de la Basílica de Luján fue su carta de presentación en el negocio de la obra pública. Luego de modificar el presupuesto nacional de 2003, el presidente Kirchner destinó 4.550.000 pesos para restaurar su fachada.

La obra de reparación se dividió en etapas. Las dos primeras, durante el gobierno de Néstor, y la última y más onerosa, en el de Cristina. Los sobreprecios en la obra pública comenzaban en un lugar sagrado. En 2013, diez años después de comenzada la obra, el presupuesto seguía aumentando.

Declarada Monumento Histórico por Carlos Menem en 1998, la Basílica fue la excusa perfecta de los Kirchner para relacionarse con la Iglesia Católica y, de paso, hacer negocios. José López y el funcionario Abel Fatala —imputado en el manejo de fondos para viviendas sociales del programa Sueños Compartidos— fueron los operadores elegidos para la misión sagrada.

La refacción de la Basílica de Luján posicionó al obispo Rubén Héctor Di Monte con el kirchnerismo. Así empezó a hacer buenas migas con Julio De Vido y José López. Sus fieles, agradecidos. Los fondos seguían lloviendo del cielo. La obra, con sus sucesivas ampliaciones y redeterminaciones de precios al infinito, superaba los cien millones de pesos. Creaurban SA, propiedad de los hermanos Ángelo y Fabio Calcaterra, fue una de las ganadoras.

El hijo de Pía Calcaterra —hermana de Franco Macri— había participado del frustrado proyecto conocido como tren bala, propuesto por el condenado ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En plena reforma de la Basílica, los primos de Macri apostaron por la continuidad del “proyecto nacional y popular” aportando casi 400 mil pesos para la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007. Calcaterra solía participar en uniones transitorias (UTE) con el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

Pero había más. El 18 de noviembre de 2014, Cristina anunció “la inminente adjudicación”, con una inversión total de 158.076.540 pesos, de la remodelación del Descanso del Peregrino, la futura construcción del baptisterio y la realización de obras varias para la limpieza de la fachada principal y de las torres. La anunciada refacción de 2003 que debía concluir seis años después, continuaba sumando fondos y demoras. Las empresas —Teximco y Creaurban— no pudieron explicar las razones de ese retardo. El sacerdote Daniel Blanchou se apiadó de ellas. Para el religioso, la obra se había demorado porque a medida que se avanzaba se habían encontrado nuevos inconvenientes. Además, el templo no cerraba sus puertas en ningún momento —justificaba Blanchou—, por lo que las empresas “solo pueden trabajar en horarios nocturnos”.

En octubre de 2005, por orden de Néstor Kirchner, se destinaron quince millones de pesos más. El plazo de la obra estaba vencido. Las empresas a cargo eran una UTE formada por AC.SC SA, Teximco SA y Creaurban SA, que debían restaurar las fachadas laterales, la torre crucero y la aguja de bronce que se observa al frente. Presidida por el cordobés Marcelo Roca, Teximco nació el 14 de agosto de 1990 en la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes consultadas sugieren que fue la empresa elegida por De Vido para quedarse con las grandes obras en la capital. Es un misterio si Mauricio Macri, por entonces jefe de Gobierno porteño, estaba al tanto de esa supuesta relación. Lo cierto es que el fiscal Carlos Stornelli denunció sobreprecios en la refacción del mural de Evita, en el antiguo edificio del Ministerio de Obras Públicas, por veintitrés millones de pesos. Cuando el papa Julio II le preguntaba a Miguel Ángel por la terminación de la Capilla Sixtina, el artista respondía, paciente: “Cuando la termine”. Pero en Luján nadie preguntaba nada.

Creaurban SA ganó la licitación de la tercera etapa y se le asignó un presupuesto de cuarenta y siete millones de pesos para terminar las reparaciones interiores que incluían luces, sonido y cámaras de seguridad. La obra tampoco se concretó en los plazos establecidos.

En el año 2007, el obispo Di Monte se retiró a su orden fundada en General Rodríguez y dejó en su lugar a su heraldo portaestandarte: el padre Jorge Oscar Bruno, vicario de Luján y ex director del diario La Verdad de Junín. Así es, el director del diario más antiguo de la provincia de Buenos Aires era un sacerdote, porque La Verdad es un medio de la Iglesia, como algunas radios FM que transmitieron durante años sin autorización, hasta que Martín Sabbatella, en sus tiempos al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), recibió la orden de darle a la Iglesia todos los medios y habilitaciones que pidiera. Gerardo Milman fue testigo del otorgamiento de esas licencias “singulares”. El padre Bruno es un hombre discreto, amigo de Wado de Pedro y más amigo de su vocero de prensa, Agustín Cufré, quien aceitó los mecanismos de relación entre la Iglesia y el poder político K. También se encargó de tramitar ante la AFSCA la habilitación de Radio LT20 de Junín, otro medio de la Iglesia.

Durante seis años, Luciano Canaparo fue jefe de Redacción de La Verdad. Conoce en detalle los movimientos de los “jefes” de Mercedes-Luján. El periodista reveló los secretos sobre el manejo del diario y confirmó las relaciones con la Iglesia expresadas en los párrafos anteriores. Fue Jorge Bruno, el hombre clave en las relaciones con el poder de la arquidiócesis, quien marcó una continuidad entre la gestión Di Monte y el actual titular, el obispo de las “homilías tibias” Agustín Roberto Radrizzani.

Más allá de los millones de pesos excedidos del presupuesto inicial para las remodelaciones de la Basílica de Luján, la pasión recaudadora del obispo Di Monte, de la que se habló tras la caída de José López en su convento, se mantuvo oculta durante treinta largos años. Pero antes de ello, el amigo de Di Monte y un sector conservador de la Iglesia Católica —enfrentado a Jorge Bergoglio— habían mantenido una prolongada batalla contra un descreído de los designios de Dios en la Tierra.

Schoklender o yo

En su libro Sueños postergados, Sergio Schoklender escribió: “Néstor nombró subsecretario de Obras Públicas a Abel Fata la, para mediar ante los reclamos de la Iglesia. El Estado provee millones de pesos para la refacción de capillas, catedrales e iglesias, le daban guita para mantener el bajo perfil en las críticas al gobierno. Fatala negociaba”. El hijo putativo de Hebe de Bonafini había conocido los oscuros manejos de López en la función pública.

El 16 de marzo de 2011, Sergio Schoklender le escribió una carta de puño y letra a la Presidenta de la Nación acusando a José Francisco López —a cargo de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación— de demorar el envío de fondos para el proyecto de construcción de viviendas Sueños Compartidos. Cristina leyó los argumentos que esgrimía Schoklender, quien gritaba a quien quisiera escucharlo que su funcionario era un “hijo de remil putas”. Es más, se lo dijo en su despacho, poco después de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010. “Mientras Cristina daba su discurso en la inauguración de las viviendas de Castañares, lo tuvimos que separar a mi hermano de José López. Lo quería cagar a trompadas”, recuerda Pablo Schoklender. Esa tarde, el “creador e impulsor de Sueños Compartidos”, tal como rezaba el graph de los videos institucionales que promocionaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se le fue al humo a Josecito.

—¡Dejá de boquear con Cristina, hijo de puta! Vení que te cago a palos —le gritaba al funcionario de mirada socarrona un desencajado Sergio Schoklender. La pica entre ambos se había profundizado tras la muerte de Néstor Kirchner.

—Andá, andá, pedile ayuda a Hebe. Pero de esta no te saca nadie. ¡Ya vas a ver! —le respondió, amenazante, el número dos de Julio De Vido.

La historia es conocida. Hebe de Bonafini, por aquel entonces madre adoptiva del hombre que solía vestirse de negro tras recuperar su libertad en 1995 —luego de cumplir condena por el doble asesinato de sus padres—, escuchó los reclamos de Cristina, “su presidenta”. Le había pedido a Sergio que no le faltara el respeto a López pues era “como faltarle el respeto a Cristina”. Las discusiones entre ambos no dejaban de sorprender a sus empleados más cercanos. “Hebe, querida, sacate de encima a ese muchacho, haceme caso antes de que nos lleve puesto a todos”, le dijo telefónicamente la viuda que pedía “no hacerse los rulos” deshojando la margarita de su posible reelección. La histórica Madre de Plaza de Mayo accedió al pedido. La paranoia de Schoklender tenía sus razones. Luego de la muerte de Néstor Kirchner, José López había ganado terreno político y sumaba confianza con la ex presidenta. Es más, respondía directamente a ella y ninguneaba al todopoderoso ministro de Planificación. Quién habría dicho entonces que Schoklender, primero, y López, después, pasarían por el mismo pabellón de la cárcel de Ezeiza.

Sueños Compartidos había sido el proyecto de construcción de viviendas e inclusión social más ambicioso encarado durante el kirchnerismo. Un total de 1.296 millones de pesos pasaron por las manos de los hermanos Schoklender. El plan significaba una piedra en el zapato del Plan Federal de Viviendas de José López que había nacido en el año 2004. Según datos oficiales, desde la Secretaría de Obras Públicas se construyeron en doce años ciento cuarenta y ocho mil viviendas. En los discursos de Cristina Fernández y de sus funcionarios, la cifra se multiplicaba por diez. Sueños Compartidos financiaba el resto de los proyectos políticos, culturales, educativos y mediáticos de la fundación de Hebe. De allí salía el dinero para bancar la universidad, cursos, talleres, la radio y la revista, como así también los actos políticos. “Nosotros movilizamos más gente e hicimos más actos que La Cámpora y el Movimiento Evita juntos”, me dijo Schoklender años después. En su libro Sueños postergados, el hijo putativo de Bonafini recuerda que para el acto del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez, en Mar del Plata, él mismo se encargó de la logística y la contratación de los micros para la militancia. Para el acto de la llamada “contracumbre” los fondos corrieron “por cuenta de la caja de Oscar Parrilli”, y se citó a los “representantes de todas las organizaciones sociales en una reunión en la biblioteca de la Universidad de las Madres”. Dos protagonistas del encuentro confirman la versión de Schoklender. Parrilli formó parte del Grupo Calafate junto con Julio Bárbaro. Doce años antes había conocido a Kirchner, de quien fue secretario general, al igual que de Cristina. En julio de 2015 fue designado director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazaba a la Secretaría de Inteligencia. En enero de ese año, el fiscal que había denunciado a CFK por encubrir el atentado a la AMIA aparecía muerto en el baño de su departamento en el complejo Le Parc de Puerto Madero, el barrio más seguro del país. Un mes antes, la Presidenta había “jubilado” al más famoso de sus espías: Antonio “Jaime” Stiuso.

La caja de Sueños Compartidos financió costosos favores políticos, como la inconclusa campaña a jefe de Gobierno de Abel Fatala en 2011. Fatala era subsecretario de Obras Públicas de la Nación y hombre de confianza de Sergio Schoklender dentro del gabinete nacional. “El apoyo a la candidatura de Fatala se materializó bajo la forma de aportes de fondos para afiches, plata para los gastos de sus locales y otros ítems”, asegura Schoklender, aunque aclara que “no se trataba de una coima directa”. Sin embargo, según ex empleados de la fundación, una mujer pasaba a buscar un “sobre” para Fatala todos los meses. Allí tenían sus oficinas los arquitectos Claudio Fredín y Carlos Castellano. La mujer, que había sido legisladora porteña, era mano derecha de Fatala y llevaba adelante su campaña política. Ambos estaban muy cerca de Amado Boudou. El vicepresidente se mostraba interesado en quedarse con un porcentaje de Meldorek, la empresa constructora de Schoklender. La gestora era la consultora preferida de Cristina: Doris Capurro. Había sido contratada para promocionar Meldorek y realizaba la prensa y la difusión de las actividades de Sueños Compartidos. Pablo Schoklender declaró ante la justicia que esos gastos costaron medio millón de pesos. La hijastra de Capurro dirigía el colegio Jean Piaget, donde estudiaba el hijo de Sergio Schoklender. Meldorek lo refaccionaba mientras le compraba dos aviones Lear Jet al financista Fernando Caparrós Gómez. En sus aviones se subían gobernadores como Jorge Capitanich, de Chaco, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y también sindicalistas como Pablo Moyano.

Los obradores de Sueños Compartidos se multiplicaban por el país. Los convenios eran cada vez más jugosos y el mayor de los hermanos creía que podía disputarle el poder a Gerardo Martínez en la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). “Tenemos seis mil quinientos tipos, en un par de años más, a este ritmo, le peleamos el gremio a ese impresentable de Martínez”, le confesó Schoklender a Oscar Natalichio en una cena a fines de 2009. Natalichio había traído de Cuba la idea del método de construcción por medio de paneles. Terminarían echándolo de la fundación en medio de falsas denuncias orquestadas por Bonafini y Felisa Miceli. La prensa celebraba las obras y José López preparaba el contraataque: “¿Este tipo se cree Néstor? El turro me cayó en la oficina a exigir más guita, nunca le alcanza”, le decía el funcionario a una persona de su entorno. Los rumores se difundían por la Casa Rosada. Más aún cuando el propio Schoklender se encargó de divulgar que se había animado a tirarle un pocillo de café por la cabeza en medio de una pelea. Cristina debía optar. Lo hizo sin dudar. Nunca le había caído bien el mayor de los Schoklender. “Me entregaron para salvar a las Madres”, sintetizaría.

El escándalo de Sueños Compartidos y las sucesivas entrevistas que Sergio Schoklender ofreció durante 2011 denunciando a funcionarios kirchneristas con nombre y apellido sacaron a José López del ostracismo. Ganó terreno dentro del gobierno. Sin embargo, ante la opinión pública comenzaba a conocerse su rostro. Durante la presidencia de Néstor Kirchner había operado en las sombras. Eran escasas las notas periodísticas en las que se profundizaba sobre su destacado rol dentro de ese gobierno y en el manejo de las obras públicas. ¿Por qué? Adrián Gómez es la respuesta que ofrecen ex dirigentes políticos del sur que conocieron a los protagonistas.

Gómez había sido vocero de Domingo Cavallo en los años noventa. Se reencontrarían en el regreso a la política del ex ministro de Economía de Carlos Saúl Menem. Fue a comienzos de 2005. En su momento, a Adrián Gómez lo había recomendado el ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota. El vocero se dedicaba a la prensa y difusión de cada acto del superministro de Menem y de las figuras más importantes de la política de esa década. “No solo armaba las gacetillas y la difusión de las actividades sino que era un gran operador en las sombras de Cavallo”, explica una persona que integró el equipo del Ministerio de Economía del hombre que lloraría ante el reclamo de la jubilada Norma Plá.

José López sumó a Gómez a su equipo al llegar a la Casa Rosada. “Pasaban muchos periodistas de primer y segundo nivel por sus oficinas”, explica la fuente. “Es la única explicación posible de por qué José López estuvo protegido por grandes medios de comunicación en los primeros años de Néstor Kirchner”, asegura el ex funcionario santacruceño cercano a Gómez. La supuesta tarea de Gómez habría sido similar a la de Doris Capurro, según denunció Sergio Schoklender: “Gestionaba la pauta publicitaria en negro con medios y periodistas. Para hablar bien de un funcionario era una cantidad determinada de plata, para no mencionarlo en un escándalo de corrupción, era otra”. Gómez tenía otro amigo en común con López: el contador Andrés Galera, supuesto testaferro del funcionario. Su nombre cobró notoriedad cuando la ex mano derecha de De Vido cometió el desvarío de los bolsos en el convento de General Rodríguez.

Sin la competencia de Sueños Compartidos, López iba por todo. Durante el primer gobierno de Néstor Kirchner se habían institucionalizado las “tasas de retorno” y la obra pública estaba cartelizada. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, así lo denunció en 2005 delante de los principales empresarios constructores. Uno de ellos, que forma parte de los quince hombres de negocios más ganadores del período 2003-2015, explica en estricto off: “Cuando llegó a la presidencia, Néstor nos apretó a todos nosotros. Decía que nos iba a denunciar en los medios y en la justicia. Que nos iba a hacer mierda. Que sabía todos nuestros secretos, nuestras miserias y negocios. En fin, que iba por nosotros”. Ante la pregunta de por qué no lo hizo, el empresario ríe y mira hacia la ventana que da al Río de la Plata, en su cómoda oficina: “Nos agarró de las pelotas, usó el látigo y nos incluyó a todos en su proyecto. Nos fue bien a todos, tuvimos más obra pública que nunca en la historia argentina”. El presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian, no es tan generoso al respecto: “Alrededor de Cristina todos robaban, la guita aparecía en bolsos”. En el esquema kirchnerista de acumulación de poder, “José López era fundamental pero era un tipo muy jodido, un maleducado capaz de hacer esperar a un gobernador como el de Santiago del Estero, o a empresarios de primer nivel, horas y horas mientras escuchabas cómo boludeaba con su secretaria”, recuerda otro de los hombres más poderosos del país.

Julio De Vido nunca lo llamaba por su primer nombre sino que se refería a él como Francisco. También solía mencionarlo entre sus amigos como el “neolopecito”, un mal chiste que remitía a un personaje nefasto de la historia argentina y del peronismo: José López Rega. A pesar de alternar entre Santa Cruz, Tucumán y Buenos Aires, José López tenía domicilio fiscal declarado en la calle 48 esquina Francisco Bo, localidad de Argüello, provincia de Córdoba. “Es un hombre sumiso aunque calentón, un cadete bien entrenado para recibir órdenes, tan fiel que lo incluyeron en la mesa privada de los Kirchner”, explica un periodista cordobés a la colega Alicia Panero. Del respeto se pasaba al terror. Héctor Horacio Di Tullio, ex intendente de Caleta Olivia, recuerda que le suplicaba por fondos públicos para garantizar la gobernabilidad. Le terminaba escribiendo al ex Señor 5 de la SIDE, Héctor Icazuriaga, que le reenviaba los correos. El mismo accionar hacía el ex gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que le pedía por favor a Josecito que le reenviara sus correos a Cristina para que “me bajen los fondos antes de las PASO”. Buzzi temía perder la elección de agosto de 2015 si no llegaba la plata de la Casa Rosada. Discrecionalidad explícita, verticalismo y un modelo unitario de país más allá de discursos en los que se apelaba al federalismo y a la democracia.

Por sus características, entre la soberbia y la obediencia debida, es que muchos de los ex funcionarios consultados sospechan que López cumplía órdenes aquella madrugada del convento. Por esas horas, se rumoreaba que la justicia federal estaba por allanar a su ex jefe, Julio De Vido. El día anterior, López regresaba de una reunión del Parlasur junto con el ex diputado Agustín Rossi, y habría recibido un extraño mensaje del amigo de Máximo Kirchner, Javier Cuervo: “Los están vigilando a todos”.

Sin pasar por las tapas de los principales matutinos, José López aumentó su patrimonio personal un 600 por ciento en solo un lustro. Dueño de una finca en Concepción, provincia de Tucumán, que producía entre cuatro y cinco millones de kilos de caña de azúcar por año, había nacido allí el 20 de octubre de 1960. López ingresó a la función pública declarando 158.908 pesos. En 2010, tenía catorce veces más. Esos 2.274.895 pesos eran insignificantes en comparación con los nueve millones de dólares que llevaba en cuatro bolsos deportivos a un convento en General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016. En ese momento, los 8.982.000 dólares representaban 135.729.490 pesos. Al declarar ante el juez federal Daniel Rafecas, López explicó que esa plata era “de la política”. Rafecas lo investigaba desde 2008 por enriquecimiento ilícito. Su investigación estuvo estancada hasta que López apareció en el convento con un arma larga, relojes, bolsos repletos de dólares y ocho celulares. “No podíamos permitir que solo un empresario estuviese detenido por el desfalco de la obra pública. Por eso colaboramos en la caída de López”, me explicó un agente del FBI que opera desde hace años en el país.

Según Elisa Carrió, la gran caja política del kirchnerismo fue “la obra vial”. Rogelio Frigerio, ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda del gobierno de Mauricio Macri, cree que durante las administraciones kirchneristas había un sobreprecio de la obra pública que “rondaba el veinte por ciento”. Para Sergio Schoklender, la caja del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se dividió en tres áreas básicas: “La primera está sustentada en la necesidad real de fondos para sostener a funcionarios cuyos verdaderos sueldos no se blanquean. La segunda es la corrupción lisa y llana, y la tercera es la que mantiene a los organismos sociales que Kirchner ordenó financiar para poder construir una base social propia”. El arrepentido de la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, declaró ante el fiscal Guillermo Marijuán que Kirchner había creado “un plan para vaciar las arcas del Estado”. Según el ex asesor financiero de Lázaro Báez, “el sobreprecio en las obras públicas rondaba el veinte por ciento”. El método consistía en “te doy la obra sobrevaluada a cambio de un retorno para la política”.

¿Qué rol tenía José Francisco López en esa estructura? “Era un elemento fundamental del engranaje. Junto con De Vido y Santiago Carlos Kirchner, el primo del ex presidente, direccionaban la obra pública”, sostiene la legisladora porteña Paula Oliveto Lago, ladera de Carrió en sus denuncias desde 2005 hasta la fecha. “Era un operador de Néstor”, sentencia Schoklender. “Era quien vehiculizaba la llegada de las partidas presupuestarias a los municipios. Estas operaciones se canalizaban a través de los institutos de vivienda de cada provincia”, explica el hombre que cree que la ex presidenta fue quien dio la orden de asesinar a Alberto Nisman.

En los institutos de vivienda suelen hacer lobby las empresas constructoras. A veces los nombres se cruzan, como en Chaco. José Valentín Benítez fue contador de varias empresas constructoras y, al mismo tiempo, presidente del Instituto de la Vivienda de esa provincia. En los tiempos en que gobernaba Jorge Milton Capitanich, se transfirieron 3.500 millones de pesos para infraestructura vial. “Se podría haber asfaltado hasta el Impenetrable”, ironiza Schoklender en su libro. Sin embargo, la autopista que une las dos principales ciudades de la provincia —Resistencia y Sáenz Peña— está demorada desde hace años. “López era quien cobraba ‘la cometa’ que se conocía como el anticipo financiero”, asegura Schoklender. Leonardo Fariña cree lo mismo.

El ingeniero civil José López había sido el hombre fuerte del Ministerio de Planificación de Julio De Vido durante doce años y medio. Bajo el cargo de secretario de Obras Públicas manejó 596 mil millones de pesos. Si De Vido era hombre de confianza de Néstor Kirchner, tras la muerte del ex presidente quedó claro que López podía entablar empatía también con la Señora. El electo diputado del Parlasur por Tucumán, provincia en la que nació y que siempre anheló gobernar, comenzó su carrera en la función pública a comienzos de los noventa en la municipalidad de Río Gallegos, Santa Cruz, como secretario de Obras Públicas y Urbanismo. En 1994, ingresó como vocal del directorio de la Administración General de Vialidad Provincial para alcanzar la presidencia del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de esa provincia.

Ya en el gobierno nacional comenzó a incursionar en los emprendimientos privados como La Araceliti, empresa de la familia López que primero se dedicó a la producción de tabaco y caña de azúcar y luego se diversificó en otros rubros, como el de construcciones viales. Increíblemente, según los registros oficiales, La Araceliti también se dedicaba a supervisar obras públicas. Su compañero del colegio secundario Gustavo Enrique Menocal era quien manejaba su empresa. Menocal trabajaba en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Había sido designado el 15 de julio de 2009 por decisión administrativa 565/2009. Su ex esposa, Graciela Bravo, cansada de que Menocal no cumpliese con el pago de las cuotas alimentarias, denunció en los medios que tenía varias propiedades no declaradas. En febrero de 2012, la Oficina Anticorrupción emitió una resolución informándole al Poder Ejecutivo que se abstuviese de contratar los servicios de La Araceliti ya que su encargado era quien adjudicaba y controlaba la obra pública.

En 2010, López declaró ser dueño de cuatro terrenos en El Calafate. Casado con María Amalia Díaz, le dejó el cincu ...