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LA TRAMA

Julián Maradeo  

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Fragmento

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A Margarita, por todo.

Introducción

A mitad de 2017, cuando estábamos presentando el documental “No abusarás” en una sala de la Ciudad de Buenos Aires, algo ensimismado por lo que había visto en la pantalla, un espectador (se) preguntó: “¿Por qué no hay movilizaciones multitudinarias por esto? ¿Por qué no hay grandes manifestaciones que presionen a la Iglesia para que entregue a los sacerdotes denunciados a la justicia civil?”. ¿Por qué? Es difícil saberlo.

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Sin embargo, más allá de la apatía social, aunque nadie deja de aborrecer cada caso de abuso sexual, los juicios orales contra los sacerdotes acusados se suceden. Hay que dejar algo en claro: éstos se sostienen gracias a la conmovedora voluntad de los sobrevivientes y sus familias, que dan una pelea desigual y con enormes posibilidades de perder. Los ejemplos sobran.

Los sobrevivientes se enfrentan a una institución que se encuentra en el corazón de la sociedad argentina1 desde el momento cero de su constitución como tal. Una estructura que, en buena medida, es financiada directa e indirectamente por los impuestos2 de todos los argentinos. Pero, por sobre todas las cosas, se rebelan ante una mecánica en extremo aceitada para procurar reducir al mínimo las consecuencias que podrían desencadenarse ante cada caso.

La praxis de los sobrevivientes ha permitido elaborar un “Manual de encubrimiento”3, hecho sobre la base de cómo actúa la Iglesia, bajo orden vaticana, cuando se conoce extramuros un nuevo caso. Primero, alejan mínimamente al cura; segundo, callan y amenazan a la víctima, que suele ser menor de edad, sin que queden al margen sus familias; tercero, presionan a quienes pueden romper con esa línea y emitir alguna queja, como, por caso, otro cura; cuarto, si el victimario se les tornó incontrolable, lo trasladan; quinto, si se hace público, emiten un comunicado simulando “dolor” y enunciando su deseo de acompañar al agredido y a su familia a la par que le cierran por completo las puertas a quienes dicen apoyar, y sexto, inician un ineficaz e interminable proceso interno que terminará en algún cajón de la Santa Sede. Por supuesto, se le pueden añadir variantes.

Los procesos judiciales contra los sacerdotes son un caso extremo, en el que siempre queda afuera el sistema de protección. Lo ocurrido en el Instituto Antonio Provolo tanto en su casa madre en Verona, Italia, como en las sedes de Luján de Cuyo, Mendoza, y La Plata, provincia de Buenos Aires, es un ejemplo irrefutable. Del otro lado, la imagen siempre es la misma. Una madre en soledad pidiendo a los cuatro vientos que quiere justicia, apenas acompañada por un puñado de personas.

Más allá del grito en el desierto que representa cada denuncia, hay algo que la mayoría no ve venir. En el mientras tanto se encuentra el proceso que experimentan muchos de los afectados. Aunque lo cierto es que se trata de una institución medieval que logra imponer su voluntad en la mayoría de las ocasiones, lo que no se percibe, y menos aún lo hace la jerarquía católica, es la organización de quienes padecieron los abusos. En un claro salto cualitativo, las víctimas ya no se reconocen como tales. No. Son sobrevivientes. Su nueva identidad no sólo refleja el calvario que debieron atravesar, sin olvidarse de aquellos que prefirieron terminar con su vida antes de continuar con el tormento, sino también el momento en que decidieron unirse para luchar en reclamo de justicia. Es una lucha que los sobrevivientes están dando en soledad. Sin embargo, cada uno de ellos manifiesta un deseo muy íntimo: cuidar a los chicos que corren, hoy, el mismo peligro.

***

Sin querer, esta investigación comenzó en 2013 cuando contacté al periodista paranaense Ricardo Leguizamón para pedirle datos sobre la muerte del cura francés Georges Grasset, promotor de la Ciudad Católica, usina de pensamiento tradicionalista que vivió su época de apogeo entre empresarios y militares argentinos durante la década del 60. Ricardo hizo de puente con Fabián Schunk, uno de los denunciantes del cura Justo José Ilarraz. Como resultado de nuestras numerosas y casi diarias charlas, en diciembre de 2014, salió la nota en Página/12 sobre su caso. El título que originalmente tenía el artículo apuntaba a la médula del problema, puesto que enfocaba el doble juego y la responsabilidad del papa Francisco y del ex arzobispo y cardenal emérito Estanislao Karlic. Sin embargo, producto de la notable mejoría que atravesaba la relación entre el gobierno de Cristina Fernández y Jorge Bergoglio, fue modificado sin consulta previa. En ese momento, Fabián me pidió que resguardara su identidad, porque en su ciudad natal, Paraná, la derecha católica era fuerte y agresiva contra quienes se animaban a poner en jaque al Arzobispado. Un año después, se produjo el quiebre que representa la paradoja que, habitualmente, atraviesan los sobrevivientes. Al notar que la causa estaba encallada en el Poder Judicial entrerriano, Schunk decidió romper el anonimato y salir a ponerle voz y rostro a su denuncia. Fue cuando presentamos La derecha católica. De la contrarrevolución a Francisco, en el tórrido verano de 2016 en la capital litoraleña.

A partir de entonces, casi sin moverme en muchos casos, numerosas víctimas me contactaron, lo que de seguro ocurrió con otros colegas, para que contase sus experiencias. Tenían una hipótesis: de la única manera que podían saldar deudas con su doloroso pasado era haciendo público lo que el poder eclesiástico —y también el político— deseaba mantener oculto. Como es previsible en esta clase de situaciones, se produjo un efecto contagio. En este libro no sólo se narran casos paradigmáticos como el del Instituto Antonio Provolo, sino también la historia de la creación de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico tanto en los Estados Unidos como en la Argentina. Por otro lado, se analizan exhaustivamente los engranajes que componen el sistema de encubrimiento desarrollado por la Iglesia a nivel mundial desde que detectaron la profundidad del problema a mediados del siglo XX. También, se repasa cómo lo que ocurre en la Argentina es una réplica de lo que acaece en toda la región.

Ya sea por miopía o por cuidar al Papa argentino, cada vez que se conoce un nuevo caso, la prensa elige obviar el sistema de encubrimiento que atravesó los últimos tres papados. Sólo remite al hecho en sí mismo, como si fuese un expediente policial más. Salvo excepciones, no permite que se llegue a comprender el problema en toda su extensión. Lo cierto es que Bergoglio, más allá de su hábil estrategia publicitaria, no ha hecho más que mantenerse en línea con el plan trazado por Joseph Ratzinger: atacar lo que se conoce y callar sobre lo que aún no ingresó en la agenda pública. Alcanza con ver su nuevo y sistemático incumplimiento frente a los cuestionamientos del Comité de los Derechos del Niño. Es por esto que adquiere especial relevancia el capítulo-entrevista con el obispo Sergio Buenanueva, responsable de armar la estrategia de la curia argentina para tratar de mitigar los efectos. Autocrítico, se animó a hacer algo inédito para la jerarquía católica vernácula, acostumbrada a, mentiras mediante, cerrarles la puerta en la cara a las víctimas: propuso sentarse con los sobrevivientes sin condiciones. El tiempo dirá si eso efectivamente sucede.

1. En el capítulo III se desarrolla país por país de Sudamérica en los que el sistema de encubrimiento de abuso eclesiástico funcionó a lo largo de décadas.

2. Según la Ley Nº 21.950, de marzo de 1979, se obliga al Estado a pagarles a los obispos un sueldo equivalente al 80 por ciento de la remuneración de un juez de primera instancia. Asimismo, cada año, los diferentes presupuestos provinciales destinan dinero tanto para los colegios católicos como para refacciones de parroquias e iglesias. En 2018, según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara de Diputados de la Nación, el presupuesto para asignaciones de las autoridades católicas en el país ascendía a 130 millones de pesos.

3. Los distintos aspectos de este accionar sistemático fueron desarrollados en el informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dado a conocer en febrero de 2014. En extenso, se explica en el capítulo II.

I
El sistema

El 6 de agosto de 2003 un programa emitido en el canal estadounidense CBS reveló el documento vaticano titulado: “Crimen sollicitationis”, cuyo contenido sería replicado por el periódico inglés The Observer. Esto generó la inmediata desmentida por parte del Episcopado de los Estados Unidos, que se encontraba inmerso en una tormenta de descrédito a causa de los numerosos casos de encubrimiento de sacerdotes acusados de abusos en la década anterior.

Elaborado por el cardenal Alfredo Ottaviani y rubricado por el papa Juan XXIII el 16 de marzo de 1962, el Vaticano estableció, a través del mencionado documento secreto “Crimen sollicitationis” —delito de solicitación—, un férreo bozal. Por medio de él ordenó a todos los obispos y responsables de órdenes religiosas el ocultamiento de los delitos sexuales cometidos por el clero bajo pena de excomunión para quien hablase del asunto. Se aplicaba a los abusos sexuales que los curas cometían contra los fieles que iban a confesarse. La instrucción de la Sagrada Congregación del Santo Oficio fue remitida a todos los arzobispos, obispos y otros ordinarios locales, incluyendo aquellos de las iglesias católicas orientales.

En esas sesenta y nueve páginas en latín, la Congregación del Santo Oficio fijaba los procedimientos para afrontar casos de clérigos (curas u obispos) de la Iglesia Católica Apostólica y Romana sindicados de hacer uso del Sacramento de la Penitencia para llevar a cabo acercamientos de índole sexual con los fieles, así como los correspondientes castigos por estos actos. Uno de los que perduraría en el tiempo era el desplazamiento geográfico de los curas acusados. Las normas que establecía eran más explícitas que las que ya figuraban en el Código de Derecho Canónico. Con extrema precisión, daba instrucciones para que se siguiesen los mismos procedimientos en caso de denuncias de comportamientos homosexuales, pedófilos o zoófilos por parte del clero. Pablo VI confirmó, mediante la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana “Regimini Ecclesiae Universae”, publicada el 15 de agosto de 1967, la competencia judicial y administrativa en el procedimiento “según sus normas enmendadas y aprobadas”.

El articulado se apoyaba en la obligación y el secreto. El resultado era el silencio. Imponía al penitente la orden de denunciar el delito de solicitación en el plazo de un mes, bajo pena de excomunión. A su vez, la instrucción de los casos debía “ser diligentemente almacenada en los archivos secretos de la curia como estrictamente confidencial. No puede ser publicada ni pueden añadirse comentarios”. Fundamentalmente, como se dijo, se centraba en el abuso sexual derivado de la relación confesional entre un sacerdote y un miembro de la congregación, pero también se refería a lo que denominaba como el “peor crimen”, descripto como un acto obsceno perpetrado por un clérigo con “jóvenes de cualquier sexo o con animales”. Asimismo, una vez realizada la presentación, quien hacía la denuncia era advertido de guardar la confidencialidad, bajo pena de excomunión. Tal como se comprobaría tiempo después, el objetivo de fondo era resguardar la imagen de la Iglesia a cualquier costo. En 1974, la instrucción emanada por el entonces secretario de Estado, el cardenal Jean Villot, siguiendo la voluntad de Pablo VI, plasmaba que “en determinados asuntos de mayor importancia se requiere un particular secreto, que viene a ser llamado secreto pontificio y que ha de ser guardado con obligación grave”. A continuación, se enumeraron tantísimos casos, entre ellos la pedofilia eclesiástica. Más interesante aún resultaba la minuciosa lista de personas que “tienen obligación de guardar el secreto pontificio”: “Los cardenales, los obispos, los prelados superiores, los oficiales mayores y menores, los consultores, los expertos y el personal de rango inferior, los legados de la Santa Sede y sus subalternos”.

En 2003, cuando la prensa difundió el documento, la curia arguyó que había sido sacado de contexto y distorsionado. Aparte, señalaron que el objetivo era justamente el opuesto, ya que procuraba aumentar los castigos, llegando a la pérdida del estado clerical. También, indicaron que no se establecía la prohibición de radicar la denuncia en la justicia civil. Respecto de la confidencialidad, el Episcopado explicó que, entre otras cosas, era “para no impugnar innecesariamente la reputación de una persona, para proteger a los jóvenes o a las víctimas de asaltos, etc.”. En el comunicado, otorgaron al momento de confesión el estatus de una instancia que no puede ser violada por el sacerdote para defenderse, ya que “debe realizarse con la mayor delicadeza para proteger la confidencialidad del sacramento de la penitencia y los derechos y la dignidad tanto del acusado como del que acusa”. Enojados por la idea de que se había elucubrado un plan de encubrimiento, a raíz de las advertencias a los denunciantes, indicaron que “el documento no se refiere a los derechos y responsabilidades civiles de esa persona. Por el contrario, afecta a la vida interna de la Iglesia: la protección de la reputación de las personas involucradas, el carácter sagrado del sacramento de la Reconciliación, el posible escándalo para los fieles”. De esta manera, pretendían negar que se hubiera buscado intimidar a las potenciales víctimas. “El documento no dice nada sobre la responsabilidad que la Iglesia debería tener en la jurisdicción civil en la que vive y actúa. Entonces, al igual que ahora, la Iglesia no pretende exentar a nadie de la denuncia de crímenes a las autoridades civiles”, subrayaron. Por último, aparte de criticar la traducción del latín al inglés, la nota episcopal informaba que “Crimen sollicitationis” fue publicado poco antes de que el Concilio Vaticano II pidiera la revisión del Código de Derecho Canónico, lo que ocurrió en 1983: con lo cual querían decir que tuvo poca vida. Quien no coincidió fue la abogada Carmen Durso, encargada de la defensa de numerosas víctimas de los sacerdotes de Boston. Para ella, el documento no era otra cosa que órdenes destinadas a “cada uno y todos los sacerdotes y supervisores diciéndoles que cuando tengan información acerca de este tipo de actividad, la pueden mantener en secreto”. Por otra parte, John Beal, catedrático de Derecho Canónico de la Catholic University of America, en declaración oral jurada, el 8 de abril de 2005, reconoció, ante el abogado Shea, que la carta ampliaba la jurisdicción y el control de la Iglesia Católica sobre delitos de abusos sexuales.

DELITOS GRAVES

En 2001, Juan Pablo II fortaleció el sistema judicial eclesiástico en lo que a los abusos sexuales del clero hace, procurando obliterar los otros caminos, como es el de la justicia civil. Por eso, dio a conocer el decreto motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, por medio del que atribuía a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) la competencia para tratar y juzgar en el ámbito del ordenamiento canónico una serie de delitos particularmente graves, cuya competencia correspondía también a otros dicasterios4. Con la firma del por entonces prefecto Ratzinger, estaba acompañado por una serie de normas aplicativas y de procedimiento, denominadas “Normae de gravioribus delictis”.

En el apartado sobre los “Delitos contra las costumbres, es decir: delitos contra el sexto precepto del Decálogo con un menor de 18 años cometido por un clérigo”, establecía el mecanismo que debía usarse frente a cada oportunidad en que se conociese un posible hecho de estas características:

Cada vez que un Ordinario o Superior tenga noticia al menos verosímil de un delito reservado, una vez realizada una investigación previa, comuníquelo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual, a no ser que por las peculiares circunstancias de la causa avoque a sí, ordena al Ordinario o Superior a proceder mediante el propio Tribunal emanando normas oportunas; el derecho de apelar válidamente contra la sentencia de primer grado, sea por parte del reo o de su Patrono, sea por parte del Promotor de Justicia, permanece únicamente y sólo ante el Supremo Tribunal de la misma Congregación5.

Por otro lado, precisaba que, pasados los diez años, la acción criminal prescribía. Puntualmente, en los casos de abusos de menores, señalaba que comenzaba a correr desde el momento en que la víctima cumple 18 años.

No era casual la premura del Santo Padre, ya que durante la década del 90 había visto aflorar sucesivamente casos de abusos, por ejemplo, en la iglesia estadounidense. El descrédito iba acompañado por el consiguiente enflaquecimiento de las arcas religiosas a causa de los acuerdos económicos con las contrapartes. Ya en 1992, bajo estricto secreto, el Comité ad hoc sobre Abuso Sexual estadounidense realizó un estudio a partir del que se dio forma a una serie de normativas para tratar el flagelo en el interior de la curia norteamericana. En ese momento, reconocían alrededor de 400 abusos de menores por parte de miembros de la Iglesia. En su carta pastoral6 del 11 de junio de 1993, obligado ante las circunstancias, Juan Pablo II reconoció el problema, observando que se deberían profundizar las formas para correr al implicado, a la vez que puso el foco sobre cómo los medios de comunicación exponían cada situación. Sin embargo, no pasó de eso.

El ejemplo más cabal lo dio el cardenal estadounidense Bernard Law, que, en 2015, sería retratado por la película Spotlight, premiada con el Oscar como mejor película y mejor guión original. Durante su paso como arzobispo de Boston entre 1984 y 2002, Law tejió un complejo sistema de encubrimiento de cientos de abusos, amparado por la opacidad de las normas vaticanas. Su diócesis era la cuarta más importante de ese país, con alrededor de dos millones de fieles, 362 parroquias y 900 curas. Un dato anecdótico: en marzo de 1999, Law visitó la Argentina invitado por Carlos Menem, quien logró el apoyo del Vaticano en la celebración del Día del Niño por Nacer en franca oposición al debate sobre el aborto. A la opinión pública su nombre llegó gracias a la investigación que realizó The Boston Globe. Entre otras regularidades delictivas, los periodistas constataron que 102 sacerdotes fueron removidos de las parroquias en donde prestaban servicios con la excusa de enfermedad u otros motivos, entre principios y mediados de la década del 90. Según esa publicación, la arquidiócesis tenía en su poder un listado con 87 nombres de curas denunciados. Uno de ellos era el párroco de Weston, John Geoghan7, apuntado por sus agresiones sexuales a 130 niños. Los testimonios de las víctimas expusieron su estrategia. Primero, se hacía amigo de madres con problemas económicos. A partir de identificarlos, ofrecía su ayuda. Las víctimas relataron que perpetraba los abusos en la ducha, por la noche mientras rezaban o inventando excusas como salir a tomar un helado. Cada vez que obsequiaba algo pedía una retribución: que lo masturbasen. Su frase final era siempre la misma: “Como cuentes esto, nadie te va a creer”. Paul Shanley fue el otro sacerdote sobre el que se posó la lupa. Catalogado como un cura progresista por su estética, su discurso en defensa de los homosexuales y su actitud solidaria con los drogadictos, fue sindicado por 42 víctimas. Cuando lo supo la jerarquía católica, le pidió que se alejara de los jóvenes ante la amenaza de quitarle el seguro médico. Cuando salió el informe de The Boston Globe, vivía en San Diego.

En ese momento, David Clohessy, responsable nacional de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, le puso cifras al horror. Las estimaciones marcaban que, de los 53.000 curas católicos de los Estados Unidos, entre el 2 y el 10 por ciento podía ser pedófilo. El número de víctimas llegaba a las cien mil. Las querellas contra presbíteros católicos norteamericanos habían alcanzado las 1.500. En Boston, terminaron siendo 250 sacerdotes los implicados en casos de pederastia, mientras que las víctimas fueron alrededor de 5.000.

El Senado de Massachusetts reclamó a la Arquidiócesis que hiciese públicos todos los documentos relativos a este delito, acumulados durante los últimos cuarenta años. Law optó por dar a conocer escritos que databan de dos décadas antes. Luego, promovió el consabido lema eclesiástico de tolerancia cero. Ya nada alcanzaba para las víctimas que durante años aguardaron su reacción. También salió a la luz que el acuerdo económico por las acusaciones que pesaban sobre 70 sacerdotes durante los años de silencio le había costado alrededor de 30 millones de dólares. Con el paso del tiempo, esa cifra sería anecdótica. El diario oficial católico de la Arquidiócesis de Boston señaló que la Iglesia debía afrontar cuestionamientos y, a la par, encargar estudios respecto de la posibilidad de que debiera ser preservado el sacerdocio célibe y exclusivamente masculino o no. Atacado por todos los flancos, el cardenal Law dijo que el editorial no había tenido la intención de cuestionar la posición de la Iglesia acerca del celibato clerical sino de reflejar cuestiones planteadas por otros. En diciembre de 2002, su dimisión fue aceptada por el Papa, el mismo que lo había nombrado cardenal de Santa Susana en 1985. Sin embargo, el largo brazo vaticano lo siguió protegiendo, por lo que se mudó a Roma. En mayo de 2004, fue nombrado arcipreste de la Iglesia de Santa María Maggiore, una de las cuatro basílicas de altísimo valor simbólico de Roma, construida entre los años 432 y 440. Quienes se convirtieron en su sombra lograron saber que, en abril de 2005, celebró una misa en la Basílica de San Pedro. También, constataron que estaba presente en actos eclesiásticos o diplomáticos. En la página web del Vaticano, se registran sus diferentes participaciones, como, por caso, en el XLVIII Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en México en 2004; también su análisis sobre las seis cartas Pastorales del cardenal Van Thuân, difundido en 2013, año en que aparecía saludando a Benedicto XVI. A su vez, mantuvo su puesto en el Colegio Cardenalicio y en la Congregación para los Obispos, desde donde logró influir en el nombramiento de los obispos estadounidenses. Finalmente, se jubiló en noviembre de 2011, aunque todavía es “arcipreste emérito” de la Basílica y arzobispo emérito de Boston, según la página de la oficina de prensa de la Santa Sede. Cuando Bergoglio llegó al Vaticano, se dijo que pidió que Law no fuese más a la basílica, lo que fue desmentido por periodistas que cubren lo que allí ocurre. El 20 de diciembre de 2017, a los 86 años, Law murió en un hospital romano a causa de complicaciones en su diabetes.

LÍNEAS GUÍA

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