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NO A LA IMPUNIDAD

Baltasar Garzón  

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Fragmento

Prefacio

Baltasar Garzón ocupa ya un lugar destacado en la historia contemporánea de la Justicia y en especial en la de la lucha por los derechos humanos. No tengo duda en afirmar que él es el más notable magistrado a escala mundial de la segunda mitad del siglo XX. Este libro es una elocuente demostración de su labor global en defensa de las víctimas de las barbaridades y atrocidades en un mundo de impunidades éticamente repugnantes. Setenta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la hipocresía de los poderosos, la política de promoción activa de la pérdida de la memoria, con la complicidad de los grandes medios de comunicación y la consecuente apatía de los ciudadanos, siguen permitiendo que tanta injusticia quede impune.

Incapaz de resignarse frente a esta lamentable realidad, Garzón ha dedicado toda su vida a luchar contra la impunidad, sin amilanarse frente a los poderes políticos y económicos que la generan. Ha puesto su impecable preparación técnica y sus impresionantes coraje y disposición al servicio de la defensa de los derechos que poseen las víctimas de los más graves atropellos a la legalidad y a la dignidad humana, aun a costa de un elevado sacrificio personal, ya que ciertamente su causa es impopular para los poderes legales y fácticos de muchos países. Este libro es un ejemplo bastante revelador de lo que he llamado en mi trabajo epistemológico «la razón caliente», aquella rara capacidad para combinar la argumentación jurídica impecable con el sentimiento de repulsa hacia la impunidad de los poderosos y, a la vez, de solidaridad con las víctimas. Precisamente, este es el libro de un hombre de derecho que hace de su estudio un instrumento de lucha contra la injusticia y la impunidad, y que al mismo tiempo acoge y pretende confortar a las víctimas.

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Como antes lo fueran los derechos humanos, y en buena medida todavía lo son, la jurisdicción universal es sin duda un asunto controvertido. Contradice los principios clásicos de soberanía de los estados y la competencia territorial de sus sistemas de justicia. Presenta además numerosos desafíos incluso para los juristas más avezados, ya que implica la aplicación simultánea del derecho nacional y del internacional, cuya combinación coherente es muchas veces problemática, y tiene también que lidiar con leyes que, a pesar de ser formalmente válidas, persiguen favorecer la impunidad de los crímenes, como lo son las leyes de amnistía, Obediencia Debida y Punto Final, entre otras. Pero, por encima de todo, la jurisdicción universal se enfrenta a la peor de las maldiciones, la selectividad, el mayor de los dilemas, quizá más bien una aporía, pues estamos todavía muy lejos de que la Justicia sea en la práctica verdaderamente universal.

A pesar de todas estas dificultades, la gran fortaleza de la jurisdicción universal consiste en ser el instrumento que mejor simboliza la clara vertiente emancipadora de la trayectoria emprendida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos setenta años acabamos de celebrar. Más que cualquier otro instrumento jurídico, la jurisdicción universal reconoce el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y proclama que todo ello forma parte de las obligaciones del cualquier Estado, no sólo de aquel en el que ocurrieron los hechos, sino de todo Estado que pretenda ser democrático, para con las víctimas de unos crímenes horribles independientemente del lugar y del tiempo en que hayan sido cometidos.

No es de extrañar que los poderes políticos hayan sido en general hostiles a la idea de la jurisdicción universal, no sólo cuando han sido ellos mismos los que han cometido los crímenes, sino también cuando éstos han sido perpetrados por otros países con los que tienen intereses políticos y económicos comunes, privando sin miramientos a la sociedad en su conjunto de su derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria, a pesar de que desde hace tiempo sabemos que «un país sin memoria es un país sin futuro».

Tal y como se presenta el panorama actual de las relaciones internacionales, en que la rivalidad entre países se agrava cada vez más, especialmente entre Estados Unidos y China, es probable que la vida y vigencia de la jurisdicción universal sea todavía más difícil y turbulenta en las próximas décadas. Esta realidad evidencia aún más la especial importancia de este libro, sin duda único en el mundo, tanto por la forma en que se trata este tema como porque es también el fruto de la experiencia vivida por su autor.

Esta obra de Baltasar Garzón no es solamente un libro importante, innovador y oportuno, sino también el fiel testimonio de lo que debe ser una verdadera lucha por el derecho, un ejercicio de ciudadanía activa, humanitaria y democrática, sin muchos paralelos en nuestro tiempo. La incansable actividad de Garzón ennoblece el sistema judicial en su totalidad y, si éste ha sido tan ingrato para con uno de sus miembros más ilustres, nos revela lo mucho que todavía ha de hacerse para democratizar la Justicia e impregnarla de la filosofía de los derechos humanos. Si el mundo valorase la jurisdicción universal tanto como Baltasar Garzón, no sería sorprendente que le fuera concedido el Premio Nobel de la Paz. Lo merecería totalmente, más que muchos que lo han recibido en tiempos recientes.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Coímbra, 31 de octubre de 2018

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La Justicia frente al terror de la dictadura cívico-militar argentina

A pesar del frío, el 14 de enero de 2005 es un día agradable en los alrededores de la plaza Villa de París de la ciudad de Madrid. La sala de juicios está llena: mujeres con pañuelos blancos anudados a la cabeza, hombres con gesto adusto y jóvenes letrados esperan la constitución del tribunal. Todos atentos a lo que va a suceder.

La primera que toma asiento en estrados es la fiscal Dolores Delgado, en quien se percibe el nerviosismo que caracteriza a los que son conscientes del momento histórico que viven y de la trascendencia de sus actos. Sabe que se enfrenta a un gran desafío, uno que quizá marcará su carrera. Se enfrenta al primer juicio por delitos de genocidio, terrorismo y tortura que se celebra en España. Apenas lleva cuatro meses en el caso, desde que el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le encargara que lo asumiera apoyando las tesis de la acusación y abandonando la postura obstruccionista que hasta ese momento había adoptado el Ministerio Fiscal.

Las abogadas y abogados de la acusación particular, que representan a las víctimas, y los que ejercitan la acusación popular en representación de todo el pueblo, un pueblo universal hermanado por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que siguió al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, son también conscientes de la importancia de lo que está a punto de suceder. Después de haber luchado y trabajado con firmeza desde el principio de la causa, incoada al inicio de la primavera de 1996, cuando admití a trámite la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), les corresponde a ellos dar comienzo al juicio pues, aunque se ha dado orden de cambiar la calificación, en este momento el Ministerio Fiscal mantiene una posición absolutoria. La fiscal tendrá que esperar a que intervengan todos para escenificar el cambio de postura y sumarse a las acusaciones.

Las víctimas están atentas a todo lo que sucede: gracias a ellas se ha podido llegar hasta aquí. Cierto es que el juicio tiene lugar a miles de kilómetros de su tierra, pero también aquí, en España, ha habido víctimas, y sigue habiéndolas en todo el mundo. Son víctimas de ayer pero también de hoy, porque esta clase de delitos son permanentes, imprescriptibles y conciernen a todo el género humano. Ahí radica la grandeza de la jurisdicción universal. Es la compensación legítima que los legisladores ofrecen a las víctimas y a todos nosotros al hacer frente a la impunidad, aunque no siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando en Argentina se adoptaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, o cuando España se mostró sumisa a intereses económicos, políticos o diplomáticos y volvió la espalda a quienes sufrieron la represión cruel de los perpetradores. Pero eso vendrá más tarde.

Ahora, en enero de 2005, los tres magistrados que forman el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hacen su entrada con gesto decidido. El público se pone en pie, en señal de respeto. Los rituales judiciales son necesarios para solemnizar el acto mediante el cual la Justicia decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de quien se enfrenta, en juicio oral y público, a sus presuntos crímenes. Estos tres jueces tienen en sus manos la difícil labor de juzgar los graves hechos que se imputan al acusado, presuntamente cometidos por él y por una serie de represores que, en nombre del pueblo argentino, habrían masacrado a ese mismo pueblo en un período concreto de su historia. Ha llegado la hora de rendir cuentas ante la Justicia, con todas las garantías, las mismas que ellos negaron a quienes secuestraron, mataron, torturaron o hicieron desaparecer.

Los jueces toman asiento. El presidente alza la voz: «Audiencia pública, que pase el acusado». El ponente, José Ricardo de Prada, mira por encima de sus gafas y siente un escalofrío. Han sido muchas horas estudiando la causa. Es consciente de su responsabilidad.

Adolfo Scilingo, el acusado, entra en la sala arrastrando los pies y con la cabeza gacha. Durante los últimos días ha intentado suspender el juicio, alegando estar enfermo y dejando claro, desde el primer momento, su negativa a participar en él. La posición procesal que mantuvo durante la instrucción ha cambiado radicalmente. De la colaboración inicial pasó a la negación y, más tarde, a la defensa de la represión. Como en muchos otros casos, los perpetradores se muestran incapaces de asumir que hay un momento en el que el verdadero valor radica en reconocer la traición a la patria y a quien le da sentido y contenido, el pueblo.

Se da inicio al juicio. Se informa al acusado de sus derechos y las acusaciones comienzan el interrogatorio. Las repuestas de Scilingo resultan estrambóticas e incoherentes. Frente a esta ignominia, este desprecio a las víctimas, no puedo sentir más que frustración. Me estremezco al escuchar las preguntas de las acusaciones. Veo a Carlos Slepoy, que tanto ha luchado durante la instrucción de esta causa, mirando severamente al acusado, que parece despreciar a aquellos que a su vez lo observan. Miro a los letrados Manuel Ollé, Jaime Sanz de Bremond, José Galán, Enrique Santiago, José Joaquín Puig de la Bellacasa, esperando que el valor que Scilingo mostró durante la instrucción del sumario reaparezca y comience a señalar a los máximos responsables de la represión y a describir los métodos de tortura, las actividades de los grupos de tareas, las «patotas». Pero en este momento decisivo Scilingo no habla, quién sabe si por cobardía o para mantener un silencio pactado en lo más profundo de las cloacas de la dictadura argentina. Sea como fuere, lo cierto es que en esta ocasión niega lo dicho en sus anteriores declaraciones, afirmando que se lo inventó todo.[1]

Después de varias sesiones, y según lo acordado con los abogados de la acusación, la fiscal Delgado se dirige al acusado con una firmeza glacial que transmite seguridad a las víctimas presentes en la sala. La tensión casi puede masticarse. Con la profesionalidad y las técnicas aprendidas tras cientos de interrogatorios en procesos contra el crimen organizado (también lo son estos que aquí se juzgan) y terrorismo, intenta abrir una brecha en la coraza de indiferencia del acusado. No lo conseguirá.

Es curioso, pero el cliché se reproduce en todos aquellos que han masacrado a inocentes. Casi nunca reconocen sus crímenes. Los disfrazan bajo grandes palabras y argumentaciones, pero en muy pocas ocasiones se les oye decir: «Sí los torturé... y los volví a torturar. Sí, los desaparecí arrojándolos al río». La cobardía ante la Justicia es su sello de identidad.

Adolfo Scilingo se enfrenta a varios cientos de años de prisión por los crímenes presuntamente cometidos cuando prestó servicios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El recinto, un complejo de numerosos edificios que se extienden a lo largo de diecisiete hectáreas en Buenos Aires, se convirtió en el mayor y más mortífero centro clandestino de detención (CCD) de la dictadura. El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner dispuso que se convirtiera en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.[2] Ese día, en el acto de firma del convenio para su creación, señaló: «Como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades».[3] Según la fiscal argentina de la megacausa de la ESMA, Mercedes Soiza Reilly, se estima que unas cinco mil personas (no hay cifra exacta) fueron detenidas e ingresadas en ese infierno, de las cuales sólo entre trescientas y quinientas salieron con vida.

Mientras el juicio continúa recuerdo a los miles de víctimas y sus declaraciones en diferentes espacios y lugares: radio, televisión, ante la ONU y otros organismos internacionales, ante la Justicia. Algunos de los rostros reflejan el paso del tiempo a la vez que emanan un aura luminosa, que les da fuerza y que logran transmitir a quienes desean creer que la justicia existe. Ante el olvido sufrido durante décadas sólo eso les ha quedado. Hablar, contar una y otra vez su historia, recrearla incluso como justa compensación al dolor desmedido que soportaron y aún soportan.

Una nueva pregunta de la fiscal me devuelve al presente. Scilingo está acusado de haber participado en dos «vuelos de la muerte», durante los cuales murieron treinta personas. A pesar de haber reconocido ante mí su participación durante la instrucción del sumario, ahora rehúsa contestar. «Que se le lean sus manifestaciones ante el juez instructor», insiste la fiscal. Tras la lectura por parte del secretario, el acusado mantiene su actitud ausente. «¿No tiene nada que decir?», espeta la fiscal. Scilingo ni la mira. Mantiene un silencio despectivo, humillante para las víctimas.

LOS VUELOS DE LA MUERTE

Adolfo Francisco Scilingo Manzorro, capitán de corbeta en la base naval de Puerto Belgrano, Argentina, se incorporó a su nuevo destino, la Escuela de Mecánica de la Armada, poco antes de las navidades de 1976. La ESMA estaba originalmente destinada al aprendizaje, la preparación física y el entrenamiento en todos los ámbitos relevantes del servicio de la armada. Pero todo cambió con el golpe de Estado y el comienzo del llamado Proceso de Reorganización Nacional, el «Proceso», eufemismo con el que se denominó formalmente la dictadura militar argentina. Esta escuela con vocación de instruir a los defensores del pueblo argentino se convirtió en el centro de detención y tortura más grande del régimen. No fue el único. Hubo más de seiscientos repartidos por todo el país. Pero la ESMA se convirtió en lúgubre escaparate de lo que el ser humano es capaz de hacer.

Allí Scilingo ocupó los cargos de jefe de electricidad y más tarde de automoción. Sus tareas no se limitaron a las propias de su posición y se extendieron a otro cometido mucho más execrable: su participación en dos de los denominados «vuelos de la muerte». No eran vuelos regulares, aunque las comitivas que llevaban a los detenidos salían regularmente del recinto con un destino cierto: la desaparición de sus víctimas. Los vuelos formaban parte de un plan de exterminio sistemático, fríamente calculado, contra opositores políticos o sin filiación alguna pero cuyo estilo de vida y forma de pensar no encajaba dentro del nuevo orden instaurado por el «Proceso».

Los vuelos de la muerte, llamados eufemísticamente «traslados» por los represores, tenían una fase previa. Un grupo de oficiales integrado por el director de la ESMA, el jefe del grupo de tareas (GT), los jefes de Inteligencia, Operaciones y Logística y algunos otros oficiales[4] seleccionaban a los detenidos y confeccionaban la lista de aquellos que debían ser incluidos en el traslado semanal. El día señalado, los «pedros» (como se denominaba coloquialmente a los que portaban las llaves de las celdas) llamaban por su número a los elegidos, los sacaban de las «cuchas» (celdas) en las que se encontraban recluidos y los «verdes» (guardas) los conducían al sótano del casino de oficiales.[5] Allí un médico les aplicaba una inyección de pentotal para adormecerlos, tras lo cual se los cargaba en camiones y eran conducidos al sector militar del aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, donde los esperaban aviones militares.[6]

En junio de 1977 se asignó a Scilingo su primer vuelo. Se le ordenó presentarse en la ESMA vestido de civil a las cinco de la tarde. Dos horas después, le ordenaron bajar al sótano del casino de oficiales, donde se encontró con un grupo de unos veinticinco detenidos, que habían sufrido terribles tormentos. A los elegidos, lejos de revelarles su destino final, se les decía que iban a ser «trasladados» al sur de Argentina, donde pasarían a tener la condición de detenidos legales y ya no de desaparecidos, de modo que sus familias conocerían su paradero y hasta quizá podrían recibir visitas. La retahíla de falacias continuaba, añadiendo que, para evitar que enfermaran era conveniente preparar sus sistemas inmunológicos, por lo que un médico les inyectaría unas vacunas. Pero no eran vacunas sino pentotal («pentonaval» le llamaban sarcásticamente los propios militares), un fuerte tranquilizante que los adormecería e impediría que opusieran resistencia cuando se dieran cuenta de lo que realmente iba a suceder. Llenos de ilusión y ansiedad esperaban su turno para la inyección. Poco tiempo después ya no eran capaces de sostenerse por sí mismos. Scilingo, según indica la sentencia que lo condenó, contemplaba cómo perdían la energía hasta casi desvanecerse. Era entonces cuando los conducían al camión. Salían de la ESMA tras pasar semanas y semanas en cautiverio, encapuchados, recibiendo golpes, descargas eléctricas y trabajando como esclavos. Por fin salían de aquel infierno. Pero, a pesar del fuerte narcótico, les quedaba un ápice de consciencia para darse cuenta de que algo no iba bien. Nadie en la calle podía ver qué o quién había dentro de aquel vehículo, pues unas lonas cubrían los cristales. Ningún pariente que se cruzara por casualidad con aquel camión reconocería a un detenido ni gritaría hasta que se detuviera. Y así, semiinconscientes, eran conducidos al aeroparque. Allí los esperaba un pequeño avión Skyvan. Los agarraban uno a uno y como bultos los metían en el artefacto. Entonces el avión arrancaba el motor, tomaba posición en la pista y despegaba. En la aeronave viajaba también un médico, además de otros soldados. Él era el encargado de administrar una última dosis de calmante a los detenidos. Scilingo participó en dos de estos vuelos, uniéndose así a la ominosa lista de criminales contra la humanidad que participaron en este plan sistemático de exterminio. Según se estableció, el médico que iba en uno de estos vuelos no quiso presenciar lo que vendría a continuación y se refugió en la cabina. Su parte del trabajo estaba concluida. La de Scilingo y los demás soldados no había hecho más que comenzar. Uno a uno, desnudaban a cada detenido. Esta tarea era importante pues en las ocasiones en que se arrojó a los detenidos vestidos, cuando sus cadáveres aparecieron en las playas de Uruguay, sus documentos de identidad y las monedas argentinas en sus bolsillos ofrecían indicios de lo que estaba sucediendo en el país vecino.

Los detenidos, desnudos y casi inconscientes, eran incapaces de responder a estímulo alguno. Entonces, se abría la puerta trasera del avión y uno tras otro eran arrojados al río o al mar. Para no dejar rastro alguno, más tarde sus ropas se incineraban. Scilingo llegó a tirar hasta a trece individuos. En un momento determinado, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al vacío, pero otro miembro de la tripulación lo sujetó y lo salvó. Tras el vuelo, los militares retomaban su rutina, se reportaban y volvían a la ESMA, donde, de nuevo, cargaban a otras víctimas y las «trasladaban» hacia un destino sin retorno. Mes y medio más tarde, Scilingo participó en otro vuelo.

La estrategia estaba cuidadosamente diseñada para que nunca se supiera cuál había sido el destino de los desaparecidos. Sin embargo, la verdad saldría a flote, de lo que se encargarían las propias aguas del Río de la Plata, como si no quisieran ser cómplices de esta macabra maquinaria de exterminio. En algunas ocasiones la marea arrastró los cuerpos inertes de las víctimas a la orilla uruguaya del estuario. De acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense, todos los cuerpos arrojados desde los aparatos tenían múltiples fracturas. Caer al agua desde esa altura es como hacerlo sobre cemento armado. Por algo les llamaban los «vuelos de la muerte». Una vez en el avión no había escapatoria. Ninguna de las víctimas de estos miles de vuelos pudo testimoniar en juicio alguno, porque nadie se salvó, a excepción de Adolfo Pérez Esquivel, que sobrevivió a su traslado porque el piloto recibió la orden de volver a tierra justo antes de que lo arrojaran al vacío. Pérez Esquivel recibiría en 1980 el premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los cuerpos jamás serían recuperados. Sólo el dolor inmenso de las familias y de quienes lloraban, bajo el yugo de la barbarie militar y de quienes les apoyaban, recordarían a las víctimas desaparecidas y exigirían Justicia durante años.

Iris Etelvina Pereyra, la madre de Floreal Edgardo Avellaneda, alias Negrito, hizo uso de la palabra en el juicio contra Scilingo, como ya hiciera durante el juicio a las Juntas Militares. Con voz emocionada y trémula, pero con la firmeza que da el dolor por la pérdida de un hijo de quince años, detenido, recluido en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, relató cómo lo habían torturado en una sala contigua a aquella donde ella misma estaba recluida y cómo murió empalado por el ano y fue más tarde lanzado al Río de la Plata. Su cuerpo, junto a otros siete cadáveres, apareció atado de pies y manos, lleno de fracturas, en la costa uruguaya. Por su asesinato serían condenados a cadena perpetua en 2009 los generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, entre otros.

La coordinación represiva entre la armada, el ejército y la fuerza aérea se hacía extensiva a esta espantosa forma de exterminio. Como se detalla con toda precisión en la causa seguida en España, vehículos de la armada trasladaban a los prisioneros desde la ESMA hasta el aeroparque bajo el control de la fuerza aérea. Una vez allí, efectivos de la fuerza aérea ensombrecían una zona de las pistas. Así, ocultos a la vista de posibles intrusos, los secuestrados eran introducidos en los aviones o helicópteros y una vez en el aire eran arrojados al agua por personal de la armada, generalmente narcotizados, pero a veces plenamente conscientes.

Vuelvo a la realidad del juicio al escuchar la pregunta de la fiscal Delgado. «¿Qué era “Capucha” en la ESMA?» De nuevo una concatenación sistemática de noes por parte del acusado. La «Capucha» era la zona donde se hacinaban los detenidos, siempre encapuchados y engrilletados, y de donde salían tan sólo para ir al baño, para ser torturados o «trasladados». «De la Capucha se salía para ser torturado o para morir», recuerda un sobreviviente, aunque algunos pocos detenidos también fueron sacados de allí para trabajar como mano de obra esclava.[7]

Conocí a Adolfo Scilingo en 1997. Me resultó un tipo curioso o, más bien, extraño. Siempre pensé que había viajado a España porque su contrición era verdadera. Sólo así tenía sentido venir para entregarse ante el juez. Si bien es cierto que había hecho declaraciones públicas en Argentina, e incluso había colaborado en un libro de gran difusión escrito por Horacio Verbitsky,[8] lo hizo cuando en Argentina regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo que podía confiar en que sus declaraciones no le traerían consecuencias. En España, ante un juez, debía saber que no sería lo mismo. Durante la fase sumarial declaró con todo lujo de detalles y una aparente valentía acerca de su participación, y la de otros, en dos «vuelos de la muerte» y otros hechos delictivos ocurridos en la ESMA. Describió las torturas y explicó el funcionamiento de las «patotas», como se denominaba al grupo operativo que salía a la calle en busca de víctimas (actividad conocida como «chupe»).[9] En el juicio, en cambio, calló y negó.

Recuerdo aquel 4 de octubre de 1997 en que Adolfo Scilingo compareció ante mí. Era un día otoñal típico de Madrid, con un cielo rasgado por nubes que estrangulaban el sol que pretendía aparecer entre ellas. Estaban también los abogados de las acusaciones. Se respiraba ansiedad en un ambiente de tenso silencio por lo que estaba a punto de suceder en mi despacho de la planta segunda del edificio de la Audiencia Nacional, hasta que Scilingo comenzó a desgranar los hechos, que todos los presentes pudimos escuchar con estupor, horrorizados frente a la confesión que detallaba tanta barbarie. Los secuestros, los centros clandestinos de detención, los abusos sexuales y violaciones, otros mecanismos sistemáticos de torturas, el saqueo de bienes, los enterramientos en fosas comunes, las cremaciones de cadáveres, los «vuelos de la muerte». La maquinaria represiva era desvelada, por primera vez, en toda su crudeza en una sede judicial española. Era un momento único. Las víctimas comenzaban a vislumbrar una remota posibilidad de justicia. Se inauguraba un tiempo que daría lugar años después a numerosos juicios en Argentina, hasta el día de hoy. Una vez más, las víctimas habían conseguido mover los pesados goznes de las puertas de la justicia. Después de tales declaraciones, dispuse el ingreso de Scilingo en prisión provisional.

Pero algo, que sólo él debe de saber, o alguien, como tantas veces sucede, le hizo cambiar. En el juicio oral, donde su colaboración hubiera resultado de una verdadera relevancia, Scilingo enmudeció. De posible «héroe» volvió a ser el «villano» que todos habían conocido.

Con cierta frustración ante las evasivas del acusado, la fiscal insiste con preguntas sobre su conocimiento de las actividades criminales en la ESMA. Pero Scilingo ha perdido la memoria. Simula estar enfermo, demente y afirma que todo es un montaje. Las miradas de las víctimas que asisten al juicio, y que asistirán después a otros cientos de juicios en Argentina exigiendo justicia para los treinta mil desaparecidos, sólo expresan indignación, rabia, impotencia, dolor y el desprecio que les genera la cobardía de los perpetradores. Mientras fueron impunes cometieron los crímenes, incluso hablaron y reconocieron sus horrores; ahora que la justicia los interroga, sólo responden con silencio y negación.

Oigo una nueva pregunta de la fiscal: «¿Qué eran los grupos de tareas?», tratando de penetrar la coraza de silencio y mentiras del acusado, con la esperanza de que recupere el relato que había contado en el juzgado durante la instrucción. Nada. La fiscal pareciera repasar mentalmente las declaraciones prestadas por Scilingo en el sumario, acaso en busca de ese resquicio del que servirse para que la declaración discurra por un camino lógico y coherente. Todavía mantiene la esperanza de que, como en tantos otros juicios en los que ha intervenido, el acusado ceda y comprenda, quizá, que su opción más favorable es decir la verdad. La fiscal dispara su nueva pregunta: «¿Qué sabe usted del plan sistemático de desaparición, tortura, asesinatos de opositores políticos, creado previamente al golpe, dirigido y coordinado por los responsables de las Juntas Militares y ejecutado por todas las fuerzas armadas y de seguridad en Argentina para acabar con la denominada “subversión”?». Una vez más, el silencio como respuesta. La impaciencia se apodera de la sala. La fiscal insiste y pide, de nuevo, que se le lea la parte del sumario donde consta cómo se diseñó el plan para la eliminación de opositores políticos que se extendió como una mancha imparable de aceite en los tres cuerpos de las fuerzas armadas del país. Así quedó demostrado en la causa 13/84, un número preñado de simbolismo, pues identifica el primer juicio a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que se sucedieron tras el golpe de 1976. El acusado apenas se inmuta. Sólo se contorsiona y simula desmayos y dolores inexistentes con el ánimo de que el juicio se interrumpa, como ya había hecho antes de comenzar.

Mientras Adolfo Scilingo sigue con su incomprensible estrategia de defensa, completamente alejada de la colaboración que prestó durante la instrucción, mi mente se desplaza a fechas clave en este proceso: la admisión de las denuncias, el 28 de marzo de 1996; la primera comparecencia voluntaria de Scilingo y su confesión en mi juzgado, el 4 de octubre de 1997; el auto de la Sala de lo Penal en pleno de la Audiencia Nacional en que se declaraba la competencia de la jurisdicción española, de 4 de noviembre de 1998; y la sentencia del 15 de noviembre de 2004 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se confirmaba la jurisdicción y competencia para juzgar a Scilingo. Este largo camino recorrido había sido de gran trascendencia. Puso a la Justicia española en lo más alto de la lucha por los derechos humanos y la defensa de las víctimas universales de los crímenes más abyectos, lugar en el que permanecería todavía algunos años más.

La aceptación de la jurisdicción española en el caso de Argentina, mediante sentencia del Tribunal Supremo, siempre reacio a la aplicación del principio de jurisdicción universal, siguió la misma doctrina que ya había fijado en la sentencia del caso Guatemala del 25 de febrero de 2003, en la que restringía su ámbito de aplicación basándose, en cierto modo, en un criterio de razonabilidad. Es decir, que la jurisdicción universal sería aceptada siempre y cuando España mantuviera al menos algún vínculo con los hechos. Para el Alto Tribunal, estas circunstancias se daban en este proceso, pues en el caso Scilingo había víctimas españolas y el acusado se encontraba en España. Es evidente que esta postura desvirtúa el principio mismo de la jurisdicción universal, pues ésta se fundamenta no en los vínculos entre el juzgado que conoce el asunto y los hechos, sino en la misma naturaleza de los crímenes. Habría que esperar hasta el 26 de septiembre de 2005 para que el Tribunal Constitucional, también a propósito del caso Guatemala, devolviera las cosas a su sitio estableciendo que lo que regía en España era el principio de jurisdicción universal absoluto, por lo que se extendía a todas las víctimas de crímenes señalados en la propia ley.

La fiscal Delgado sigue formulando preguntas al acusado sin conseguir que reaccione y conteste con algo más que evasivas. La atención del público decae por momentos, y en algunos de los rostros de las víctimas puede observarse el dolor que producen las negativas del acusado. De pronto, concluye el interrogatorio. El acusado no ha aportado casi nada diferente a lo ya expuesto en la instrucción, ni tampoco ha logrado explicar el cambio de su versión de forma mínimamente convincente. Apenas unos leves gestos de los miembros del tribunal dejan entrever que, al parecer, no han creído a Scilingo, aunque la farsa se demostraría con el juicio más avanzado, una vez oídos los testigos y leídos los documentos incorporados a la causa.

La vista sigue adelante. Se recupera el pulso de la terrorífica realidad de lo vivido a través de las declaraciones de testigos y víctimas, que hacen aflorar el sufrimiento en los rostros de los presentes, y mediante los testimonios de aquellos que desde Argentina asisten por videoconferencia, gracias, ahora sí, a la cooperación judicial, desbloqueada por un decreto presidencial de Néstor Kirchner de 2003. Todas esas declaraciones, casi treinta años después, son descargas de reparación.

Una cortina de lágrimas amenaza con caer en cualquier momento cuando cada una de las víctimas comienza a hablar y me hace revivir las largas sesiones que tuvieron lugar durante varios años en el Juzgado Central de Instrucción n.º 5, en las que escuché sus relatos estremecedores. Las mismas pausas entre frase y frase que entonces se producían, como si un reloj interno recuperara primero cada recuerdo y lo escupiera después, se repetían ahora y golpeaban el rostro indiferente y adormecido de Scilingo.

«Me detuvieron, me golpearon en la casa, me arrastraron, me introdujeron en el suelo de un Falcon, boca abajo, sintiendo las botas militares sobre mi espalda mientras me conducían hasta un lugar desconocido. Después de la primera media hora, perdí el sentido de la orientación. Recuperé la conciencia en un habitáculo donde me tenían tabicado.» Un paréntesis de silencio, suspiros, mirada fija, casi tan largo como el relato que acaba de hacerse, quizá buscando la mejor forma de seguir contando lo inenarrable. «Me torturaron salvaje y permanentemente.» Tres segundos de respiración, acaso cuatro. «Pensé que moriría... No sé de dónde extraje fuerzas para seguir viva... Conocí el horror... la soledad... el miedo a no encontrar la diferencia entre la vida y la muerte.» Ella, a diferencia de otros miles de víctimas que no sobrevivieron, nos cuenta cómo temblaba hasta la locura por los efectos de la picana eléctrica sobre su cuerpo desnudo, mojado con agua a modo de conductor de la electricidad, las descargas sucesivas en los pezones, la lengua, las encías, los dedos de las manos y de los pies y los genitales. Los echaban en somieres desnudos o mesas manchadas por la sangre propia y de otros compañeros y compañeras. A estas últimas las hacían parir en condiciones insalubres para después robarles a sus hijos (unos 500 recién nacidos fueron alumbrados en cautividad y entregados a sus captores, de los cuales 128 se han recuperado hasta la fecha),[10] y tras el parto ser «trasladadas».

«Fui violada reiteradamente y aún siento el dolor y el asco que experimenté cuando los monstruos derramaban su semen sobre mi cuerpo dolorido e inerte... en esos momentos llegué a confundir la vida y la muerte, tan antagónicas y tan gemelas en tiempos de represión. En un momento, porque todo era tiniebla, porque todo eran pretensiones, porque todo era hostigamiento, porque todo eran insultos, pedí a un torturador que me diera la mano; era lo único que le pedía, que por favor me la tomara porque no... no... no lo podía soportar.» Ni siquiera eso le concedieron; buscaban la degradación más insoportable. Les exigían que hicieran las confesiones más inverosímiles, daba igual que fueran verdad o mentira, tan sólo querían que otras víctimas alimentaran la maquinaria de depravación y degradación humana que habían puesto en marcha, bebiendo en las fuentes de las represiones pasadas de la España franquista, de la Alemania nazi, de la dominación francesa en Argelia o de las checas estalinistas.

LA HISTORIA PREVIA AL GOLPE

Mientras sigo atento al devenir del juicio, repaso por enésima vez los hechos que precedieron al Golpe del que tanto se habla en este juicio.

Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974 en Buenos Aires, durante su tercer mandato presidencial, conocido como el «tercer peronismo», al que accedió después de dieciocho años de exilio en España, residiendo en el madrileño barrio de Puerta de Hierro. Perón fue una de las figuras más influyentes en la historia argentina del siglo XX. A lo largo de sus tres mandatos consiguió crear todo un movimiento y con él una familia política, dispar y compleja, que incluía facciones tanto de izquierdas como de derechas. Un paro cardíaco le impidió cumplir su período presidencial en un momento en el que Argentina y, en general toda Sudamérica, atravesaba tiempos de inestabilidad política. A su muerte asumió el cargo su segunda esposa, que hasta entonces ocupaba la vicepresidencia, María Estela Martínez de Perón, Isabelita, como la llamaban cariñosamente en alusión al nombre artístico que había usado cuando se dedicaba a la danza años atrás.

Entre 1966 y 1973, Argentina ya había probado el amargo sabor de la dictadura militar durante la autodenominada «Revolución argentina». Durante este período, tres presidentes ilegítimos gobernaron el país. El general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia. A Onganía lo sucedió en 1970 el general Roberto Marcelo Levingston y en 1971 el general Alejandro Agustín Lanusse, hasta que, en 1973, asumió el cargo Héctor José Cámpora. Fue durante esta época cuando los «montoneros» empezaron a darse a conocer. Los montoneros se identificaban con el ala izquierda del peronismo que trataba de derrocar al régimen militar, traer de vuelta del exilio a Perón e instaurar un nuevo modelo de gobierno basado en un socialismo nacional. Finalmente, la dictadura cayó y, con la investidura del presidente Cámpora, se esperaba el regreso a la democracia. Su brevísimo mandato de cuarenta y cinco días dio paso al de Lastiri, y al fin a la llegada de Perón. Sin embargo, este último, dando un giro hacia la derecha, retiró su apoyo a los montoneros que, a pesar de ello, mantuvieron sus actividades. La violencia y la inestabilidad política eran notables en el país. Mientras tanto, la derecha más reaccionaria se estaba preparando. Como si de un cirujano de hierro se tratara, el conservadurismo argentino y el estamento militar buscaban sacar rédito político de la convulsa situación reforzando la percepción de inseguridad e inestabilidad política con la creación de su propio brazo terrorista y paramilitar, la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A.

La Triple A estaba dirigida por José López Rega, antiguo policía y ministro de Bienestar Social con Perón. Como allegado de Perón y de su mujer, el ascenso político de éste fue meteórico. Representaba al peronismo de derechas, hostil con el socialismo y con la interpretación izquierdista de las veinte grandes verdades justicialistas que conformaban los postulados originales de Perón. Desde su cartera ministerial coordinó las acciones de la Triple A, al principio notoriamente caóticas. Esta organización ultraderechista eliminó a cientos de personas consideradas subversivas con un doble objetivo: la desaparición física de opositores y la instauración de una sensación palpable de terror e inquietud en las calles. La Triple A reveló el ingrediente secreto y esencial para un caldo de cultivo que desembocaría, irremediablemente, en el golpe de Estado de 1976. De hecho, la Triple A no desapareció con el nuevo régimen, sino que fue oficializada por el Gobierno; el terrorismo pasaba así a convertirse en terrorismo de Estado.

Con el ascenso al poder de Isabel Martínez de Perón en solitario, los militares vieron una oportunidad ideal para dirigir el Gobierno bajo cuerda, intensificar su acción violenta y llevar a la población a la conclusión de que la única vía para salvar a la República era el establecimiento de un régimen militar. Porque lo cierto es que antes de un golpe tiene que haber un caldo de cultivo, deben existir unos conspiradores en la sombra, un plan trazado con meticulosidad, una urdimbre empresarial que provea de financiación y un brazo ejecutor que, llegado el momento, iguale o supere en número, fuerza y rango a aquellos que pretenden derrocar. Para ello, además, resulta crucial un mínimo factor sorpresa, aunque paradójicamente en Argentina ya se cavilaba que, a causa del inmovilismo de un gobierno noqueado por los acontecimientos, un puñado de gerifaltes insurrectos asaltaría el poder y conduciría irremisiblemente a la ruptura del sistema. Sin embargo, para que una toma de poder sea exitosa —cuestión que pasa de forma inevitable por tumbar al Gobierno establecido de la forma en que haga falta— resulta preciso mantener en secreto el modus operandi: nada de lo que ha de acontecer más adelante debe ser revelado hasta el final. En el caso argentino, los planes golpistas se encubrieron bajo la apariencia de la lucha antiterrorista.

Las presiones a las que fue sometida Isabelita la obligaron, en febrero de 1975,[11] a firmar el Decreto 261/75, con el que se sentaba la base estructural para la creación de organismos de inteligencia para la represión y desaparición de sujetos subversivos en la provincia de Tucumán, en la que los montoneros gozaban de gran influencia. Se inauguraba así el «Operativo Independencia».

«Algunos de nosotros estábamos convencidos de que el golpe de Estado era inminente. Cuando yo renuncio al Ministerio de Economía y Carlos Ruckauf al Ministerio de Trabajo nos fuimos a ver juntos a la presidenta y le dijimos: “Señora, acá lo que hay que ver es la forma en la que vamos a caer, pero caer caemos”», recordó tiempo después Antonio Cafiero, exministro del Gobierno legítimo. Y, en efecto, cayeron.

A causa de unos problemas de salud, Isabelita de Perón cedió la presidencia a Ítalo Argentino Luder, y los militares no desaprovecharon la ocasión. El 6 de octubre de 1975, Luder, presidente en funciones, firmó tres decretos que darían cobertura a la represión que se avecinaba bajo la excusa de combatir el terrorismo. El Decreto 2770/75, por el que se constituía el Consejo de Seguridad Interior y Consejo de Defensa;[12] el 2771/75, por el que se disponían los medios necesarios para la lucha contra la subversión a través del Ministerio de Interior;[13] y el 2772/75, en el que se ordenaba la ejecución de operaciones militares y de seguridad a efectos de «aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país».[14] Con toda la razón estos decretos fueron popularmente conocidos con el elocuente nombre de «decretos de aniquilamiento».[15] Ello supuso el diseño de una cobertura legal para la Triple A, que seguía sembrando el terror y la sensación de desastre nacional en las calles.

Isabelita retomó la presidencia en octubre, pero la situación se fue haciendo cada vez más insostenible. En diciembre de 1975 hubo algunos conatos de sublevación. Finalmente, el 24 de marzo de 1976 sucedió lo que muchos vaticinaban como irremediable: el golpe militar derrocó el Gobierno legítimo y democrático de Isabelita e instauró el llamado «Proceso de Reorganización Nacional», una dictadura cívico-militar criminal, al mando, en un principio, del teniente general Jorge Rafael Videla.

EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL

Las numerosas y severísimas leyes represivas dictadas durante el año 1975 seguían pareciendo insuficientes a los militares. Aquellos decretos buscaban combatir supuestas actividades subversivas, agravar las penas, diseñar figuras delictivas a medida de sus planes y restringir la salida del país a la población. Toda la fuerza del Estado estaba dirigida hacia la aniquilación de los grupos revolucionarios violentos, que, en realidad, estaban ya notablemente desarticulados. Pero para los líderes militares de las tres armas seguía sin ser suficiente, a pesar de que, de facto, junto con los jefes de policía y de los servicios de inteligencia, ya ocupaban el poder. A Videla, primer presidente de la Junta Militar le siguieron, a partir de 1981, Viola, Galtieri y Bignone. Durante aquellos años se coordinaron para materializar el Proceso y la lucha contra la subversión, que tenía por objeto real la destrucción sistemática de aquellos que se opusiesen a su concepción de nación y no encajaran en su idea de «civilización occidental y cristiana».

Sus objetivos podían pertenecer a cualquier profesión e ideología, actividad sindical, artística, intelectual e incluso etnia o religión. Pero en su punto de mira también se encontraban estudiantes, obreros, amas de casa, niños, discapacitados, políticos, sindicalistas, abogados o judíos. Como en todos los regímenes sanguinarios, la paranoia subversiva señalaba a casi cualquiera como participante en actividades terroristas.

Para ejecutar su política represiva, las Juntas Militares se valieron de su estructura bien organizada (formando los grupos de tareas), del respeto a la jerarquía y a las órdenes secretas, de la división militar del país en seis zonas geográficas y del establecimiento de más de seiscientos centros de detención y torturas por todo el territorio nacional.

En nombre del Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura dejó un reguero de víctimas, como si un tsunami hubiese cabalgado desde el océano y se hubiera adentrado por el Río de la Plata hasta sepultar la República entera; como si un terremoto hubiera devastado el país; como si hubiesen arrastrado una guerra de cien años y fuera necesario levantar de nuevo edificios y carreteras. Pero nada de eso había ocurrido, no había nada que reconstruir. Se lo inventaron. Tramaron el ardid perfecto removiendo los sentimientos, las fobias a las ideologías y el fantasma del terrorismo, cuando estaba claro que el movimiento montonero ya no suponía un riesgo para el Estado. Implantaron la macabra e inconsistente «teoría de los dos demonios», que aún hoy defienden aquellos a quienes ni la fuerza de los centenares de condenas por crímenes de lesa humanidad consigue mover un ápice de su marmóreo inmovilismo, negando la evidencia histórica de una represión selectiva, pero sistemática, de los oponentes políticos. Excusas del pasado para reiniciar de cero a un país entero, como si pudiera construirse o moldearse algo tan etéreo y propio como el alma o el corazón de los seres humanos.

Así lo atestiguan los miles de víctimas que dejaron a su paso y cuyas identidades importan porque representan el dolor de todos, pero sobre todo el de quienes intentaron evitar aquella locura. Entre otras muchas, están Miriam Lewin, Ana Testa, Víctor Basterra, Azucena Villaflor, la familia Labrador, Chicha Mariani, la familia Carlotto, la familia Bonafini, los jóvenes de la noche de los lápices, los militares valientes que no se rindieron, los periodistas fieles a la libertad, las madres a las que les robaron a sus hijos, los hijos que perdieron su identidad, las abuelas a las que les robaron sus nietos... Ellos son los protagonistas de esta historia de dolor y de muerte, pero sobre todo de valentía y heroísmo frente a quienes quisieron eliminarlos como pueblo.

En todo lo que aquí se narra, una palabra, la de la víctima, irá adoptando decenas de rostros. Unas veces estos darán vida a relatos muy similares ante tormentos sufridos una y otra vez. Otras tendrán nombres y apellidos de personas que fueron capaces de compartir primero el testimonio de sus desgracias con un confidente en la intimidad; que después lo desvelaron ante un desconocido, tal vez un abogado, que se convertiría en su aliado y valedor; y que, por último, lo reprodujeron con todo lujo de detalles ante un juez, quizá a miles de kilómetros de donde habían ocurrido los hechos. Con todo ello, estos rostros tal vez tengan la sensación, al menos, de que las puertas de la Justicia, que se abrieron para juzgar a los responsables y después se cerraron de golpe, ahora se abren de forma irreversible para exigir que los perpetradores rindan cuenta de sus atrocidades.

Es verdaderamente impresionante, y he podido observarlo en numerosas ocasiones y lugares, que todas las víctimas hacen gala de unos mismos valores, como la necesidad de verdad, de justicia y de reparación, y buscan siempre que no vuelva a repetirse la misma ignominia que ellas sufrieron. No obstante, jamás he apreciado el menor ánimo de venganza, ni siquiera el interés crematístico que legítimamente les correspondería.

De no haber sido por esa valentía que demostraron las víctimas al contar su experiencia, ese mecanismo ignoto que de repente se activa en lo más profundo de su ser y les hace emprender un camino inextricable hacia la Justicia, poco o nada se habría conseguido en su derecho, reclamado o no, a la reparación. Por eso fue (y es) tan importante alzar la voz, cuando las heridas enmudecen los sentidos de quienes padecieron una y otra vez la ira de los verdugos. Sólo de esta forma se construye la memoria, con la fuerza del presente y la voluntad de permanecer en el futuro dando solidez a los cimientos de unas reivindicaciones justas y dando forma a una verdad secuestrada durante demasiado tiempo.

En toda esta historia falta la voz de los victimarios, cobardes hasta el final de los tiempos, envueltos en una especie de aura de legitimidad asesina, en una visión distorsionada de la realidad, para justificar sus acciones. Pero hay una cosa que jamás consiguieron: arrebatar la dignidad a las víctimas. El «Acta de Propósitos y Objetivos», aquel documento con pretensiones de ser constituyente, adoptado el 24 de marzo de 1976, los identifica y señala como lo que fueron. El acta aludía a la moralidad, la idoneidad y la eficiencia para reconstruir el contenido y la imagen de la nación, que sólo existía en el interior de sus mentes; para alcanzarla, debían erradicar la subversión, recuperar la vigencia de la moral cristiana y otras premisas igual de grandilocuentes. Es decir, el abecé de una concepción fascista promulgada por los comandantes del ejército, la armada y la fuerza aérea, integrantes de la Junta Militar. «Es como si cada uno de ellos pensase que es Dios y que puede definir qué hace con un ser humano, y a partir de ahí todo era válido y estaba permitido», rememoraba una víctima. Acaso pensaran que eran como Dios, cuando no Dios mismo, manifestó esta misma víctima en un juicio posterior. Y no andaba desencaminada en su afirmación, pues en este caso Dios sí gozó de hijos en la Tierra que actuaban en su nombre y afirmaban tenerlo de su lado: los políticos, empresarios y militares corrompidos que se unieron para poner en práctica un poderoso plan sistemático de eliminación contra todos aquellos que se oponían a sus objetivos. Este reclamo ya era conocido en España, pues la dictadura franquista entronizó su pervivencia con la bendición divina y la cobertura «bajo palio» del dictador Franco, Generalísimo y Caudillo por la gracia de Dios.

Tal era la subversión que tenía que ser erradicada de Argentina, la de víctimas cuyo único pecado era pensar diferente, ser demócratas, querer un mundo mejor, como el que había soñado unos años antes al otro lado de la cordillera de los Andes un tal Salvador Allende, un sueño que había sido cercenado por otro dictador de nuevo cuño, Augusto Pinochet, auspiciado por la Administración estadounidense de la época. Este era, para ellos, el peor de los crímenes; había que eliminar la peste de la izquierda, pues todos eran socialistas, comunistas o guerrilleros, y eso era inasumible para la paz y la concordia en el díscolo sur del continente americano. La Doctrina de Seguridad Nacional importada desde Europa y actualizada por Estados Unidos era el único credo político posible. Y, tal y como señala Kafka en El proceso, la represión, una vez iniciada, no puede detenerse, necesita seguir siendo alimentada; de modo que, una vez eliminadas las víctimas previstas, les toca el turno a quienes tan sólo pensaban diferente a los represores. Quien discrepara debía ser ejecutado o desaparecido sin importar la edad ni la filiación, pues todo era contaminante. Así tuvo lugar la represión, que se inauguró en la provincia de Tucumán, incluso antes del golpe militar, bajo el nombre de «Operativo Independencia», en una serie de acciones diseñadas por los militares.

En ese momento, el terrorismo de Estado se había extendido ya por todo el Cono Sur bajo el paraguas de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia. Pero esto comenzó antes, durante la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, el régimen nazi dictó el Nacht-und-Nebel-Erlass (Decreto Noche y Niebla), cuyo propósito fue la desaparición de miles de personas acusadas de pertenecer a movimientos de resistencia en los países ocupados, siendo éste uno de los precedentes mejor documentados de la desaparición forzada de personas. En el juicio de Núremberg se condenó al mariscal de campo Wilhelm Keitel por crímenes de guerra, dada su participación en la implementación del mencionado Decreto Noche y Niebla. Posteriormente, la tortura, el asesinato y la desaparición de adversarios continuó siendo utilizada como arma de guerra. Dos de los ejemplos más citados son, por una parte, las guerras de descolonización de Francia contra Indochina y Argelia, durante las que se aplicó la nueva doctrina francesa de contrainsurgencia (guerre révolutionnaire) y, por otra, la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. La doctrina de contrainsurgencia francesa, que en Latinoamérica adoptó el nombre de «Doctrina de Seguridad Nacional», ofrecía un marco teórico para la legitimación del terrorismo de Estado y atendía a la necesidad de encubrir los crímenes del escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Los militares franceses que actuaron en la contrainsurgencia argelina habían desarrollado un manual que enseñarían en la Escuela de las Américas a cientos de militares latinoamericanos.[16] Sin embargo, los represores argentinos fueron un paso más allá y enviaron soldados a Francia para que se formasen en la guerra antisubversiva. Más adelante, incluso hicieron viajar a personal francés para que impartirse cursos en Argentina.[17]

EL GOLPE DE ESTADO: EL DÍA CLAVE

El 24 de marzo de 1976 tres militares suben la escalera con decisión, sin alardes ni concesiones a quienes les observan, principalmente otros militares y algunos reporteros que fotografían o filman ese momento. Sólo los disparos de los fotógrafos, cuyas imágenes abrirán las portadas de todos los periódicos, resuenan en el entorno de una jornada que se intuye en calma. La grabación que inmortaliza esta escena deja entrever algunos tramos de la avenida por la que circulan coches y algún que otro ciclomotor, muestra inequívoca de cotidianeidad.

Nadie diría que esos tres hombres uniformados acaban de dar un golpe de Estado. Tampoco su actitud, sus cabezas gachas y la diligencia de sus andares revela, en el corto camino que recorren desde el vehículo blindado hasta el interior del edificio, los signos altivos de la recién inaugurada autoridad. Tal vez se deba a la relativa facilidad con que se ha gestado todo; a la falta de presencia real desde el octubre anterior de la presidenta Isabelita de Perón; a los ensayos previos, como la puesta en marcha del Operativo Independencia en febrero de 1975; o a la falta de resistencia de las últimas horas y la tranquilidad de saber que, tarde o temprano, esto iba a suceder y que nadie haría nada para impedirlo. Ni siquiera fue preciso blandir las armas para arrestar a la presidenta, retenida, indefensa e inoperante en la base militar del aeropuerto Metropolitano. Casualmente, el helicóptero que debía trasladarla desde la Casa de Gobierno a la quinta de Olivos había sufrido un problema mecánico y aterrizó en la base militar, cumpliéndose así la primera fase del plan.

Casi veintiún años después, el 3 de febrero de 1997, la expresidenta habló conmigo por primera vez en mi despacho del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, en Madrid, al prestar declaración judicial: «Recuerdo que salí del palacio presidencial, la Casa Rosada, para dirigirme en helicóptero a la residencia oficial de Olivos; me vi sorprendida y el helicóptero no se dirigió a aquélla, sino a una base militar en donde me introdujeron en un avión con destino a Mesidor (Bariloche) sin más explicaciones que la de que una junta militar había asumido el poder y que estaba detenida». Todo ocurrió, pues, sin derramar una sola gota de sangre, limpiamente. Como todo golpe de Estado fue una maniobra por definición meditada, subrepticia, a traición y sucia. Pero volvamos a los tres protagonistas.

Después de subir la escalera, acceden al edificio uno a uno, sin alharacas ni muestra alguna de la solemnidad que suele comportar un instante así; de este modo ingresan los nuevos «amos» al lugar donde horas antes gobernaban otros. No obstante, como diría años después en su declaración judicial la expresidenta Isabelita de Perón, a partir de su reincorporación a finales de 1975 «el golpe de Estado era ya latente, manteniéndome los últimos meses de mi mandato como si no fuera presidenta, como una especie de figura decorativa... no sé quién regía el país en esos momentos... me sentía absolutamente sola, nadie me informaba de la marcha del país, ni de lo que se estaba haciendo o se iba a hacer».

Sólo el comandante Massera, segundo en cruzar la puerta, amaga un saludo militar ante un soldado de menor rango, que contesta cabizbajo con un gesto fugaz y carente de energía. Videla, el encargado de abrir camino, ni se ha dignado a mirar alrededor y Agosti, el último, ha pasado de largo sin levantar la mirada. Es imposible saber si esta llamativa indiferencia (o tribulación, quién sabe) se hubiera quebrado si una multitud exultante se hubiese agolpado profiriendo gritos de júbilo y proclamas de apoyo y ánimo a los advenedizos. Pero nada de eso sucede, ni desfiles apoteósicos o símbolos grandilocuentes que anuncien el nuevo orden. Únicamente sus uniformes revelan su identidad, marca inequívoca del movimiento militar iniciado.

Tres y diez de la madrugada del 24 de marzo de 1976. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales: «Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de la autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado: Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército; Emilio Eduardo Massera, almirante, comandante general de la armada; Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la fuerza aérea». Una larga y oscura noche comenzaba en Argentina.

He aquí el principio del horror. Que esos nombres queden impresos en la mente de todos los argentinos, y que nunca los olviden. Tal es el inicio de toda dictadura militar, en Argentina y en cualquier parte del mundo, donde bastan cuatro sencillas líneas y la rúbrica de sus muñidores como aviso atemorizador para la población, a fin de someterla bajo la más efectiva de las armas, el miedo, que lleva a bajar la cabeza y a pedir al torturador que otorgue algo de humanidad.

En primer lugar, fueron ocupados hospitales, escuelas, sedes partidarias, edificios de prensa, dependencias públicas y la Casa de Gobierno. También fue prioritaria la captura y el apresamiento de líderes políticos, economistas y periodistas, guerrilleros y sindicalistas combativos. Les seguirían los colaboradores del Gobierno en vigor y sus simpatizantes y, por supuesto, se acordó la detención de la máxima responsable del país, Isabel Perón, aunque su neutralización era un secreto a voces desde hacía meses. A partir de ese momento, los tres comandantes asumieron efectivamente el gobierno de la República y activaron su propia maquinaria de poder: anularon los mandatos de Perón y disolvieron el Congreso de la Nación Argentina, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes de los municipios; removieron a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de las provincias y a sus funcionarios; suspendieron la actividad de los partidos políticos en todo el territorio nacional, así como, por supuesto, la de los sindicatos y empresas; y dictaron el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, que contenía el nuevo orden que regiría los destinos de Argentina durante los próximos años.[18] En síntesis, un golpe de Estado planeado al milímetro, cuyo régimen del terror se prolongaría hasta finales de 1983.

Lo que vino después responde también al patrón de toda dictadura que se precie, e incluso fue vaticinado por algunos en una fatal premonición. Éste fue el caso del médico y político Óscar Alende, que ya había atravesado experiencias similares en el pasado y que lanzó la advertencia por radio minutos antes de que la normalidad democrática saltara por los aires: «Los gobiernos militares que nos rodean más allá de las fronteras son gobiernos aliados con las corporaciones multinacionales y con la filosofía y la práctica de la dependencia. Y recuerdo que, desde una Alta Tribuna militar, un teniente general sostuvo, no hace mucho, que cada vez que los militares toman el poder en la Argentina resulta que no solucionan ningún problema y agravan los existentes».[19] Y así fue, aunque se quedó corto en su advertencia.

DE LA REPRESIÓN AL NUEVO MODELO DE SOCIEDAD

En Madrid, el juicio continúa con la declaración de Adolfo Pérez Esquivel, que relata la experiencia sufrida durante su detención y «traslado», preludio de una muerte segura, que se frustró sólo porque alguien ordenó el regreso del avión a la base. La fuerza de su testimonio sólo es comparable a la entereza que este hombre enjuto, de apariencia frágil y voz quebrada, demostró antes, durante y después de la dictadura, y que lo hizo acreedor del premio Nobel de la Paz, que, si bien es una buena recompensa, es mucho menor que la de haber contribuido a la acción de la Justicia y a la reconstrucción de la verdad y la memoria en beneficio de toda la humanidad.

Recuerdo mi auto de procesamiento de 2 de noviembre de 1999:

De lo actuado se desprende que en la República Argentina, al menos durante todo el año 1975, se producen toda una serie de acontecimientos políticos, sociales y delictivos que determinan que los responsables militares de cada una de las armas del ejército, con la ayuda de las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia y apoyo de grupos de civiles, tomen la decisión no sólo de derrocar a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, mediante el correspondiente golpe de Estado que se materializará el 24 de marzo de 1976, sino también de diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos en función de su adscripción a determinados sectores, y por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos. [...]

Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, principalmente en los cinco primeros años, se produce un exterminio masivo de ciudadanos y se impone un régimen de terror generalizado a través de la muerte, el secuestro, la desaparición forzada de personas y las torturas inferidas con métodos «científicos», reducción a servidumbre, apropiación y sustitución de identidad de niños, de los que son víctimas decenas de miles de personas a lo largo y ancho del territorio de la República Argentina y fuera del mismo, mediante la ayuda y colaboración de otros gobiernos afines que aplican o habían aplicado similares métodos de represión, como el liderado en Chile por Augusto Pinochet Ugarte, el de Paraguay, el de Uruguay o el de Bolivia. No faltan tampoco las acciones de los represores, dirigidas contra los bienes muebles e inmuebles de las víctimas adjudicándoselos de forma arbitraria y continuada hasta sustraerlos totalmente del ámbito de disposición de sus legítimos propietarios o sus descendientes e incorporándolos a los propios patrimonios o a los de terceras personas. Para conseguir esta finalidad criminal proyectada desde la cúpula del poder militar, a lo largo de 1975 y los tres primeros meses de 1976, cuando todavía formalmente existía un régimen democrático constitucional, se desarrollan variadas acciones a través de organizaciones paramilitares como la «Triple A», que actúan con el apoyo de los responsables militares y coordinados con ellos, contra otras organizaciones revolucionarias violentas como Montoneros o ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y contra ciudadanos en forma indiscriminada, dándoles muerte en plena calle o en cualquier sitio que sea idóneo para generar una sensación de desastre y terror generalizado que justifique el advenimiento del poder militar [...]

Los máximos responsables militares y los jefes de los correspondientes comandos van a aprovechar la propia estructura militar de la nación, dividida en seis zonas, a su vez divididas en subzonas y áreas.

En ellas se habilitaron dependencias militares y lugares idóneos para ser utilizados como centros clandestinos de detención en los que se recluía a los opositores y se les

... tortura, [para] obtener información, para posteriormente matarlos o mantenerlos secuestrados, consiguiendo con ello una limpieza familiar, social, intelectual, sindical, religiosa e incluso étnica parcial, que permita cumplir el plan trazado de construir una «Nueva Argentina» purificada de la «contaminación subversiva y atea» y, simultáneamente, dar la sensación de que la violencia en las calles había desaparecido por el accionar antisubversivo del ejército, ocultando la realidad a la comunidad internacional.

Un elevadísimo número de personas circuló por estos centros clandestinos. Los cambios periódicos de ubicación de los detenidos tenían por finalidad dificultar aún más la búsqueda de los desaparecidos por parte de sus familiares y de los organismos internacionales. Ni los ciudadanos ni la comunidad internacional debían conocer la realidad de lo que estaba sucediendo, para no dificultar las negociaciones o inspecciones que pudieran tener lugar.

Aun cuando no hay cifras definitivas, según las estimaciones oficiales de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) el número total de desaparecidos en Argentina durante la dictadura asciende a unas diez mil personas, aunque las estimaciones realizadas por organizaciones de víctimas son de treinta mil. Un informe de Amnistía Internacional publicado en el año 1983 estimaba que durante los tres primeros años las estimaciones oscilaban entre seis mil y siete mil víctimas,[20] en tanto que los propios militares argentinos calculaban en veintidós mil la cifra de desaparecidos ya en julio de 1978.[21] Dentro de estas víctimas, se han contabilizado casi seiscientos españoles o descendientes de españoles.

Además de la práctica sistemática de la tortura, los abusos y agresiones sexuales, los enterramientos en fosas comunes, los vuelos de la muerte, las cremaciones de cuerpos, el saqueo de bienes y enseres, la dictadura argentina se caracterizó por la sustracción y consiguiente desaparición de niños y recién nacidos. Según algunos estudios estos podrían ascender a más de quinientos, arrebatados a sus madres y entregados a familias «de bien» previamente seleccionadas por su orientación política y su «moral occidental y cristiana», con el fin de educarlos lejos de la «ideología de sus entornos familiares naturales». Para ello alteraron el estado civil, facilitando adopciones irregulares, e incluso se recurrió a la simulación de embarazos y falsificación de partidas de nacimiento para hacerlos pasar como hijos propios. De este modo, los niños y recién nacidos perdieron su identidad familiar y la adscripción al grupo ideológico al que pertenecían sus padres biológicos.

El esquema represivo respondía a una estructura férrea y estrictamente militar, en la que incluso los miembros de las fuerzas de seguridad eran castigados cuando criticaban y se oponían a la masacre, o cuando algunos reclamaban por sus familiares desaparecidos, como es el caso, entre otros, del teniente Devoto, que fue arrojado en uno de los vuelos de la muerte. El auto de procesamiento de 2 de noviembre de 1999 añadía:

En esta dinámica, nada se deja al azar ya [que] el sistema funciona verticalmente según la estructura jerárquica de las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia, y, horizontalmente por armas o clases, pero con rígida coordinación impuesta en última instancia por los componentes de las sucesivas Juntas Militares, estados mayores del ejército, armada, fuerza aérea y sus equivalentes en la policía y demás fuerzas de seguridad e inteligencia. [...]

En el desarrollo del operativo general diseñado, los denominados Grupos de Tareas o Unidad de Tareas están integrados por personal militar, civil y de inteligencia y actúan organizadamente en el seno mismo de las fuerzas del orden, que aparecen como una especie de «nodriza» que va dando a luz grupos según la decisión de los responsables jerárquicos, y las necesidades de represión del momento.

La jerarquía militar se expresaba mediante órdenes secretas, verbales o escritas, directivas confidenciales o las denominadas «órdenes de batalla».[22] Una de las primeras y más claras fue la directiva 404/75, denominada «Lucha contra la subversión»,[23] promulgada por el comandante general del ejército y de la cual emanaron varias «órdenes de batalla» que especificaban las instrucciones de acción para cada una de las zonas jurisdiccionales.

La dictadura cívico-militar argentina, como vaticinaron Alende y otros tantos demócratas, dejaría no sólo un altísimo número de víctimas, sino también el legado de una gestión desastrosa a todos los niveles en un país que tardaría años en recuperarse. Según algunos expertos, durante el Proceso de Reorganización Nacional la concentración de la riqueza en unos grupos económicos determinados se llevó por delante a las organizaciones político-sociales. Además, los sindicatos fueron intervenidos y se dictaron leyes de «prescindibilidad» que amparaban el despido sin causa justificada ni indemnización a los trabajadores de la administración pública, incluso en contra del propio texto constitucional. Todo ello con el aval de una Corte Suprema compuesta por miembros designados por el propio régimen.[24] Se anuló, además, toda posibilidad de negociación entre trabajadores y empresarios, el Estado fijó los salarios, que cayeron un 40 por ciento, mientras los precios se disparaban un 75 por ciento. A causa de los préstamos del Tesoro Nacional de Estados Unidos y de compañías extranjeras, se estima que el país alcanzó una deuda pública externa de aproximadamente 45.000 millones de dólares. Se desmanteló el aparato industrial y productivo, se cercenó el patrimonio social y cultural, se destinó un bajísimo presupuesto para educación y se sumió en la pobreza, exiliados aparte, a millones de argentinos. Las consecuencias económicas de la dictadura aún se sienten hoy en el tejido económico y social del país, treinta y cinco años después de su final.[25]

Los mismos poderes económicos que patrocinaron los crímenes y el descalabro económico en beneficio propio, durante la dictadura, se opusieron después al examen necesario de la Justicia, y ejercieron su influencia no sólo para perpetuar un modelo económico y social que los favorecía, sino también para mantener el control de las altas esferas del poder judicial, impidiendo así una Justicia independiente. Este mismo comportamiento del poder económico es posible apreciarlo, lamentablemente, en otros muchos países ya democráticos, en los que ha desplegado toda su red de contactos formales e informales para garantizar la impunidad de aquellos que en el pasado destruyeron vidas y contaminaron el futuro de muchos ciudadanos. Esta transgresión de los límites de la legalidad, antes por la fuerza y ahora mediante tramas de corrupción, siempre se produce bajo el pretexto de defender valores como la libertad económica y el progreso, llegando incluso, en caso de ser necesario, a sembrar la inseguridad y el pánico social para justificar sus medidas.

Desde el establecimiento de la primera Junta Militar, la consideración de «elemento subversivo» se amplió a cualquier persona que manifestara la menor discrepancia con la idea de país sustentada por la Junta o con los medios utilizados para imponerla. Como se reflejaba en la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales, de marzo de 1996, con la que se inició la causa judicial en España, se trataba de personas «cuyo único denominador común consistía en resultar opositores políticos de las doctrinas propugnadas por los golpistas». Esto incluía a militantes de partidos políticos y organizaciones sindicales, pero también a miembros de asociaciones ciudadanas y vecinales, escritores, intelectuales, profesionales, profesores y estudiantes universitarios, a quienes se fueron añadiendo familiares, amigos, conocidos o vecinos de los anteriores, víctimas todas de un plan de exterminio que, al momento de la denuncia, aún no había sido juzgado con toda la profundidad y contundencia requeridas.

En abril de 1977 la Junta emitió otra directiva para el período de 1977 y 1978 en la que podía advertirse claramente que su interés radicaba ahora, más que en el combate a la subversión, en la adopción de medidas para dominar a la población y sus recursos:

3) La acción militar directa ha producido un virtual aniquilamiento de las organizaciones subversivas, con un desgaste aproximado al 90 por ciento de su personal encuadrado, mientras la acción militar de apoyo a las estrategias sectoriales de cada Ministerio, actuando sin la conveniente orientación que le hubiera dado un planeamiento adecuado del sector gubernamental en lo que hace a la lucha contra la subversión, ha conseguido sólo una temporaria normalización de los ámbitos prioritarios, donde, precisamente ha reforzado su accionar el oponente. [...]

4) Este cambio de la delincuencia subversiva y la existencia de problemas económico-laborales que aún inciden negativamente sobre la población, exige de la acción de Gobierno una preferente atención para superar frustraciones que el oponente esgrime como causas de lucha, y de la acción militar, el mantenimiento de un ritmo constante de empleo, que otorgue el tiempo necesario para alcanzar los objetivos.

LA DEGRADACIÓN DEL SER HUMANO

La tortura, en todos los tiempos y en todos los contextos, degrada al ser humano en lo más íntimo. Los represores argentinos la practicaron sistemáticamente sobre todos y cada uno de los detenidos, bien para extraer información o conseguir una confesión, para que acusaran a otros, alimentando así la siniestra maquinaria de la represión, para que revelaran sus bienes y así poder apropiárselos, o simplemente debido a una crueldad alentada por motivos ideológicos o religiosos. Aplicaron sobre los cuerpos y mentes de los detenidos una acción constante, empleando los más diversos métodos para conseguir su destrucción física, psíquica y psicológica, así como con el objetivo de causarles una desesperación tal que los llevara a desear la muerte para escapar de tanto sufrimiento.

Los detenidos permanecían siempre «tabicados» en sus cubículos, llamados «cuchas» por los represores, divididos entre sí por planchas de madera de dos metros de largo por setenta centímetros de alto. En el interior del cubículo sólo había sitio para una colchoneta sucia sobre la que yacían sin poder moverse ni hablar. En estos habitáculos en los que apenas cabía el cuerpo, los detenidos permanecían inmovilizados y sin posibilidad de cubrir sus mínimas necesidades vitales, encapuchados con el fin de perder toda noción de espacio y tiempo, sujetos con grilletes en manos y pies. El lugar se mantenía en penumbra, casi sin ventilación. Sólo la aparición ocasional de algunas ratas rompía la desesperante monotonía. La comida consistía en una infusión de mate por la mañana y por la tarde, y un pedazo de pan con carne al mediodía y por la noche.

Los gritos de dolor en las sesiones de la picana eléctrica se mezclaban con los ruidos de las cadenas sujetas a los tobillos que se arrastraban pesadamente durante el lento subir y bajar por las escaleras, ya fuera para ir a las sesiones de tortura o volver de ellas. Eran los gritos de agonía de unos jóvenes cuya única esperanza radicaba en la convicción de que en algún momento aquella locura terminaría y que Argentina dejaría de estar sometida por unos criminales regidos por teorías fascistas trasnochadas y por un ánimo predatorio insaciable.

Cuando en julio de 2005, en compañía de la entonces senadora y luego presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, entré en persona en la ESMA, apenas podía contener la emoción. Nos acompañaban algunas víctimas y miembros de organismos de derechos humanos, mi esposa y algunas personalidades internacionales. Recuerdo que una de las víctimas me agarró del brazo y, temblando, me dijo: «Señor juez, esta es la primera vez que entro en la ESMA después de que fui liberado en la dictadura»; y cuando entrábamos en la estancia que daba acceso a la zona de Capucha, añadió: «No puedo seguir. Aún retumban en mi cabeza los gritos de mis compañeras y los míos propios». Permaneció allí, llorando, consolado por la senadora. Esta visión arrancó las lágrimas de todos los presentes. Esas lágrimas y los escalofríos me acompañaron durante toda la visita. El fiscal Hugo Omar Cañón compartió conmigo su reflexión: «Todo fue un horror constante». Sí, allí en la ESMA y en los demás centros clandestinos de detención en los que he estado, como dijera Elie Wiesel[26] con respecto a Auschwitz, reafirmé la conclusión a la que ya había llegado a través de la lectura de miles de folios del sumario y que había plasmado en mis resoluciones judiciales: se negó al ser humano y a la idea de ser humano. El destino quiso que años después, en 2013, mi oficina como presidente del Centro de Promoción de Derechos Humanos se encontrara en ese preciso lugar. Cada día, hasta hoy, cuando seco mi cuerpo después de una agradable ducha, se me aparecen los cuerpos de las víctimas lacerados y deformados por los golpes y el tormento; cada día, hasta hoy, me parece estar oyendo aquellos gritos de dolor mientras trato de imaginar con qué fuerza y dignidad soportaron tanto sufrimiento, tantas agresiones.

«Ras, ras, ras; clinc, clanc.» Las cadenas resonaban cuando los detenidos subían o bajaban las escaleras para dirigirse a las sesiones de tortura o cuando se formaba el «trenecito», la fila para su «traslado». Momentos antes de iniciar aquellos vuelos de la muerte, los de la fila oían por última vez los quejidos de sus compañeros de cautiverio, los gritos de las detenidas embarazadas, los llantos de los niños recién nacidos, que robarían unos seres que formaban parte de una máquina de exterminio supuestamente inspirada en los principios de la sociedad occidental, en la moral universal, en la espiritualidad católica y en los más altos valores de la patria. Ellos se creían los redentores, los que hacían un trabajo sucio pero necesario por el bien del país, limpiándolo de personas que no merecían ser tratadas como tales.

«¡Dios dejó abandonadas a las víctimas de la dictadura!», me dijo en una ocasión una de ellas, y me hizo reflexionar sobre los millones de personas con convicciones religiosas que habrán experimentado ese abandono cada vez que alguien es atacado impunemente. Se colgaba a los detenidos de los pies y de las manos de las paredes con ganchos de hierro; se los ataba a camas o mesas metálicas para inmovilizarlos durante las sesiones de tortura; se los identificaba con un número; se los golpeaba sistemáticamente y con precisión durante horas, días y semanas; se les aplicaban las técnicas de tortura conocidas entonces como «submarino seco» (que consiste en introducir la cabeza de la víctima en una bolsa de plástico hasta que esta empiece a asfixiarse, para liberarla y comenzar de nuevo) y «submarino húmedo» (en el que la cabeza del detenido se introduce en un recipiente con líquido); se les obligaba a presenciar simulacros de fusilamiento de sus compañeros, que les hacía sentir la inminencia de la muerte; se les sometía a servidumbre o se les hacía objeto de múltiples y sistemáticas agresiones sexuales.

Las sesiones de tortura solían estar supervisadas por personal médico que, de acuerdo con la capacidad física y psíquica del sujeto, aconsejaba la intensidad del suplicio que podría soportar el detenido o detenida sin perder la vida. Uno de estos médicos fue Jorge Luis Magnacco, que, además, asistía a los partos clandestinos en la ESMA, como los de Cecilia Viñas, Susana Silver de Reinhold, Patricia Julia Roisimblit, Mirta Alonso de Hueravilo, Alicia Elena Alfonsín de Cabandié, Liliana Carmen Pereyra, María Graciela Tauro de Rochistein, Hilda Pérez de Donda y tantas otras a las que robaron sus hijos.

Los departamentos de inteligencia de las tres armas también recurrieron a la tortura para hacerse una idea de la condición del «enemigo» y su grado de peligrosidad. En realidad, la tortura se convirtió en el eje de la labor orgánica de los miembros de las fuerzas armadas para obtener información.

A veces me pregunto qué pensarían estos individuos, médicos, militares y funcionarios cuando llegaban a sus casas y acariciaban a sus hijos o se acostaban con sus parejas. ¿Sentirían en algún momento el sabor salado de la sangre que les salpicaba la cara en las sesiones de tortura?, ¿los gemidos de placer proferidos en sus relaciones íntimas les parecerían similares a los gritos de dolor de sus víctimas? Tal vez se tratase de lo que Eduardo Galeano me dijo en una ocasión, que aquellas personas eran «burócratas de la tortura». Como funcionarios, tenían ese oficio y esas horas de trabajo; una vez finalizada la jornada, no sentían el peso de las agresiones porque formaban parte de sus obligaciones diarias. Creo que nunca me recuperaré de las sensaciones que he experimentado a lo largo de los años por las acciones de quienes, desde lo más bajo de la degradación, han torturado, han humillado o han tratado de forma inhumana a aquellos que se encontraban bajo su responsabilidad.

Pero no nos equivoquemos, los degradados por la tortura nunca son las víctimas, sino los victimarios. Son ellos los que se han rebajado al nivel de tratar a otro ser humano como si no lo fuera, y eso los convierte, a ellos y no a las víctimas, en algo menos que humanos. La tortura y la impunidad son inasumibles humana y jurídicamente.

EL COMPONENTE ÉTNICO

Un porcentaje significativo de las víctimas de la dictadura argentina fueron ciudadanos de ascendencia judía que sufrieron, si cabe, una mayor dosis de represión y humillación, y estuvieron obligados a mostrar una mayor servidumbre. Padecieron ese añadido de sufrimiento por su condición de judíos, ya que el modelo de sociedad que preconizaba la dictadura se sustentaba sobre la religión cristiana occidental. Esto implicaba la exclusión de cualquier otro credo; incluso dentro del cristianismo miraban con recelo a otras confesiones que no se sometieran a la jerarquía oficial católica. Se produjeron numerosos atentados contra edificios, propiedades e instituciones hebreas. Se difundió literatura nazi y antisemita, proliferaron las amenazas anónimas, telefónicas y epistolares (delitos de odio por los que jamás se detuvo ni se procesó a nadie) y se produjeron también centenares de detenciones ilegales, seguidas en muchos casos de extorsiones o apoderamiento de bienes.

Desde el punto de vista cuantitativo, del total de personas ilegalmente detenidas durante el proceso, el 12,43 por ciento eran de ascendencia judía, lo que representa el 5 por ciento del total de los habitantes del país en aquella época, según datos oficiales de la CONADEP. Según las cifras de este mismo organismo, los judíos supusieron el 12,47 por ciento del total de víctimas de desapariciones forzadas y un 15,62 por ciento del total de muertos. Un ciudadano de origen judío, en aquella época, corría doce veces más riesgo de ser detenido que cualquier otro y, una vez cautivo, tenía menos posibilidades de sobrevivir.

Desde el punto de vista cualitativo, puede afirmarse que existió un «apriorismo antisemita». La razón principal para la detención de las víctimas era su origen judío, tener familia judía o relación con la vida institucional judía en Argentina. Así, por ejemplo, se detuvo a Jaime Pompas (expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, en Córdoba); en Córdoba se retuvo temporalmente a cinco israelíes sospechosos de subversión por haber participado en un seminario sobre sionismo; también allí se arrestó a otros dos israelíes, emisarios del Movimiento Juvenil Sionista, cuando buscaban a miembros de esta organización previamente detenidos; y se secuestró al hijo y a la hija, respectivamente, de los presidentes de la DAIA en Buenos Aires y Córdoba.

Son múltiples los testimonios que demuestran que los detenidos de origen judío fueron objeto de un «tratamiento especial», especialmente humillante y casi siempre traducido en un mayor maltrato físico. El descubrimiento de la condición de judío de un detenido lo abocaba de forma invariable a los tratos más crueles. Este trato especial hacia la población hebrea, según quedó acreditado en la investigación que dirigí en España, era manifiesto en los centros clandestinos de detención, cuyos responsables proferían consignas antisemitas, haciendo gala de su adoctrinamiento hitleriano, mientras aplicaban a los judíos sistemas de tortura especialmente inhumanos como el «rectoscopio», que consiste en la penetración del ano o la vagina de la víctima con un tubo metálico en el que se introduce un roedor que, al buscar la salida, muerde y destroza los órganos internos de la víctima. También se les sometía a tratos sumamente degradantes, como obligarlos a levantar la mano y repetir «yo amo a Hitler»; pintarles una esvástica con aerosol en la espalda como sistema de identificación más rápida para golpearlos; forzarlos a hacer el gato y maullar, o el perro y ladrar, y si no lo hacían al gusto del guardia se les golpeaba; se les obligaba a lamer las botas de sus captores; además de extorsionar a sus familias y sustraerles sus bienes.

En la ESMA, sobre todo, se aplicó la tortura de los dardos, que consistía en usar contra los objetivos de secuestro dardos paralizantes destinados a la caza mayor. Fue Antonio Pernías el diseñador de este tipo de tortura. Pernías experimentaba con distintas dosis para determinar la más adecuada para dejar a sus víctimas paralizadas durante una hora. También fue frecuente la tortura psicológica y la tortura de detenidos en presencia de miembros de su familia. Esther de Santi fue obligada a presenciar la tortura a su hijo Roberto, que a su vez fue amenazado con la tortura a su madre; o las torturas infligidas durante veinte días al señor Lordkipanidse junto a su hijo. Todos ellos eran confinados en el tercer piso de la ESMA, en el sector llamado «Capucha», o en un altillo, la «Capuchita».

INTENCIÓN GENOCIDA

El propósito real de los perpetradores no era otro que la destrucción parcial de la población argentina, de aquel grupo nacional que se oponía a sus proyectos, actuación que se enmarca en la definición internacional de genocidio recogida en la Convención de las Naciones Unidas de 1948.

Esta intención quedaba especialmente plasmada en el Reglamento RC-9-1, titulado «Operaciones contra elementos subversivos». En la página 86 del texto se lee:

El concepto es prevenir y no «curar», impidiendo mediante la eliminación de los agitadores posibles acciones insurreccionales masivas. En tal sentido, la detención de los activistas o subversivos localizados deberá ser una preocupación permanente en todos los niveles del comando. Ellos deben ser capturados de inmediato en el lugar en que se encuentren, ya sea el domicilio, la vía pública o el trabajo (fábrica, oficina, establecimiento de enseñanza, etc.) [...] El ataque permite aniquilar la subversión en su inicio y mostrar a la población que las tropas son las que dominan la situación.

En el punto 1.003, se define lo que considera subversión clandestina, que es donde ubica a los «oponentes»:

Subversión clandestina es la desarrollada por elementos encubiertos, que mimetizados en la población seguirán con su forma de vida habitual, accionando en la propia zona de residencia, en su ámbito de trabajo o trasladándose para actuar en otros lugares según la disponibilidad de medios.[27]

Siguiendo estas pautas, toda persona que continuara con su vida habitual y participara en cuestiones sociales de interés, propias de su zona de residencia o de su lugar de trabajo, podía ser calificada como «subversiva clandestina», y en consecuencia podía ser secuestrada, torturada, ejecutada o desaparecida. Fue así como muchas personas sin relación alguna entre ellas, que participaban en actividades barriales o gremiales fueron incluidas en el grupo de población que debía destruirse y, por ello, fueron secuestradas sin contemplación alguna y con escasas posibilidades de salvarse de la máquina de aniquilamiento y terror, pues los represores no admitían «rendiciones». No se trataba de una reeducación de los detenidos, sino de su eliminación sistemática.

En el Reglamento RC-9-1 se disponía también que aquellos que participaran en la subversión no tendrían protección legal derivada del derecho internacional público, se eliminaba la distinción entre combatientes y no combatientes y se disponía su «aniquilamiento» donde fuera que se encontraran.[28]

A las víctimas no les quedaba nada más que mantener la esperanza. ¿Qué habrán pensado y sentido en esos terribles momentos? Me lo puedo figurar, casi como si las estuviera escuchando:

—La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Y es por ello por lo que debemos protegerla, porque mientras la tengamos no nos podrán vencer.

La víctima bisbiseaba, pues nunca se sabía quién podía estar oyendo detrás de la capucha con la que cubrían todos los rostros. Día tras día se iban conociendo a través de los ruidos, los tonos y las voces, y de esta forma sabían lo que se podía o no podía hablar. El ser humano, en condiciones extremas, es capaz de idear mecanismos de supervivencia inimaginables en situaciones más benévolas.

—Si morimos, también matan nuestra memoria —le reprochó su compañera, más joven, desde la cucha de al lado, ubicada en uno de los ángulos de la Capuchita desde donde casi podría haber visto, si la hubieran dejado, quién se acercaba por el estrecho pasillo con el cuerpo aún cargado de electricidad, como si flotara levemente, con los pezones irritados por el contacto de la picana.

La más adulta, acostumbrada ya a las descargas y con una energía impropia de los sesenta años que ya frisaba, rebatió:

—¡No! ¡Jamás! Podrán matarnos, hacernos desaparecer, pero no podrán hacerlo con todos. Son unos ilusos si creen eso. Vendrán otros y otros más que seguirán la lucha por la dignidad y por esos valores que nunca serán comprendidos por quienes hacen de la represión ideológica y política su bandera. Nunca podrán callar la esperanza de conseguir un país más igualitario, más justo. Mientras nos quede un hálito de vida y mientras que alguien, desde la Patagonia a Jujuy, resista a estos monstruos, tendremos la seguridad de que cambiaremos el destino que pretenden para nosotros. Resistiremos y venceremos. No lo dudes en ningún momento. Y cuanto más nos torturen, más nos aferraremos a esa convicción y a la de todas nuestras compañeras y compañeros y no podrán con todos.

La conversación se prolongó unos minutos más entre las tres:

—¿De qué nos servirá recordar si estamos muertas mañana?

—A nosotras no, pero a quienes queden sí, y especialmente a los que vengan después.

—Yo quiero olvidarme de todo esto cuando acabe, prefiero desterrarlo de mi cabeza.

—No puedes, no debes. Tenemos que proclamar el «nunca más», y para ello debemos resistir.

—Me volveré loca si no lo hago.

—No enloquecerás, la mente encuentra recovecos hasta en las peores encrucijadas, y esa esperanza te mantendrá viva y con ganas de volverte a levantar. No lo dudes, nosotros somos quienes tenemos la razón. Ellos son los monstruos inhumanos y nosotras las víctimas.

—Yo no, yo necesito borrarlo de mi mente para siempre, sólo así sobreviviré a todo esto...

Un sonido metálico cosió sus bocas de repente. No, no se trataba del ruido de llaves del oficial de turno. Al poco tiempo, pasados algunos segundos de cautela, descubrieron que provenía del roce de las ca ...