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Noticia

Extracto del libro Que la ciencia te acompañe, de Agostina Mileo

ARGUMENTO 1: "ABORTAR ES LO MISMO QUE ASESINAR"

La discusión acerca de cuándo comienza la vida no es sencilla y está lejos de haber encontrado una conclusión definitiva. Desde hace años, la ciencia, a través de herramientas que permiten observar el desarrollo de los fetos, y la filosofía, mediante el uso de categorías que dan cuenta de diferentes estados de la identidad personal, dialogan entre sí tratando de hallar respuestas al respecto.

Para empezar, es importante establecer las diferencias entre una persona, un humano y un ser vivo. Nadie duda de que una vaca o un cerdo son seres vivos; sin embargo, no se suele proponer que sea ilegal matarlos. Carl Sagan (que, dicho sea de paso, era vegetariano y gran crítico de la utilización de animales para la experimentación científica) alude a esta distinción en su libro Los dragones del Edén:

"En el polo opuesto de la discusión, la frase 'derecho a la vida' constituye un ejemplo claro de expresión altisonante concebida para impresionar más que para aclarar las cosas. Ni hoy ni nunca ha existido en ningún país de la Tierra el derecho a la vida. Criamos animales domésticos para luego darles muerte, destruimos los bosques, contaminamos ríos y lagos hasta causar la muerte de toda la fauna piscícola, cazamos venados por deporte, leopardos por la piel y ballenas para preparar comida para los perros, atrapamos a los delfines, boqueantes y semiasfixiados, con grandes redes del tipo utilizado para la pesca del atún, y sentenciamos a muerte a los perros cachorros para ?equilibrar la población?. Todos estos animales y vegetales están tan vivos como nosotros. Lo que muchas sociedades humanas protegen no es la vida, sino la vida del hombre, y aun así desencadenamos guerras con medios ?modernos? que causan estragos en la población civil y que suponen un tributo tan escandaloso que muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a entrar en su consideración. A menudo se intenta justificar este genocidio acudiendo a una redefinición racista o nacionalista de nuestros oponentes que no les reconoce siquiera la condición de hombres".

Dicho esto, podemos establecer como punto de partida de la discusión que lo que se plantea es el derecho a la vida humana y no a la vida en general. En ese caso, entonces, el derecho debe aplicarse sobre aquello que sepamos con certeza que es una vida humana y no, como muchas veces se pretende, sobre su potencialidad (cuando se alegan cosas como ?No importa si el embrión es o no una vida porque puede serlo: al abortar, le sacás la oportunidad?). Si así fuera, al problema de determinar exactamente cuándo comienza la vida le agregaríamos el de distinguir en qué momento comienza la posibilidad de generarla. ?Debo decir, también, que el argumento acerca de la capacidad del cigoto para dar vida a un ser humano me parece sumamente endeble ?argumenta Sagan?. En circunstancias propias, cualquier óvulo o esperma tiene este mismo potencial. Con todo, ni la masturbación ni las poluciones nocturnas del varón suelen conceptuarse como actos antinaturales merecedores de una condena por asesinato. Una sola eyaculación contiene suficiente número de espermatozoos para generar centenares de millones de seres humanos?. En el mismo sentido, en su video para Big Think, Glenn Cohen, profesor de Derecho y Bioética en Harvard, ejemplifica diciendo: ?El agua y el oxígeno tienen el potencial de ser agua. ¿Eso significa que son agua??.

Para pensar en la vida humana, entonces, necesariamente deberíamos ponernos de acuerdo en qué es un humano. ¿Qué es eso que nos distingue del resto de las especies y que nos hace merecedores de un derecho que no le otorgamos a otras? Según Sagan: ?La cuestión clave del dilema radica en poder determinar en qué momento el feto puede considerarse un ser humano, dilema que a su vez depende de lo que se entienda por humano. Desde luego, no el hecho de tener una configuración humana, porque una masa de material orgánico que se asemejara a un hombre pero que fuera elaborada con tal fin no podría considerarse propiamente humana. Asimismo, un hipotético ser extraterrestre dotado de inteligencia que no se asemejara a nosotros pero que poseyera cualidades éticas, intelectuales y artísticas superiores a las del hombre debería entrar en nuestro cuadro de prohibiciones contra el asesinato. Lo que acredita nuestra condición humana no es lo que parecemos, sino lo que somos. La razón por la que prohibimos dar muerte a otro ser humano debe sustentarse en alguna cualidad peculiar del hombre, cualidad a la que conferimos especial valor y que pocos o ningún otro organismo de la Tierra posee?.

Para dilucidar a qué nos referimos cuando hablamos de humano, resulta central la noción de ?persona?, que es lo que comúnmente se conoce como ?sujeto de derecho? y refiere a aquellas garantías morales y legales que les otorgamos a los individuos. Esto, por supuesto, no es igual para los fetos que para quienes hemos nacido. Y ahí radica la cuestión central del aborto; en pensar que alguien le está quitando un derecho a otro.

Hay quienes dicen que el otorgamiento de derechos es un acto político y no natural y que, por lo tanto, debiera quedar fuera de la discusión acerca del comienzo de la vida. En estos casos, vale la pena observar un factor que se ha dado a conocer como ?la capacidad x?, una cualidad que podría ayudar a definir más precisamente lo que es una persona. Algunos ejemplos de ello podrían ser la conciencia de la propia existencia, o la posesión de una identidad. Ser consecuente con esta lógica implicaría ciertos riesgos colaterales: uno podría entrar en la difícil tarea de justificar el infanticidio de un niño que no desarrolló la noción de identidad o sostener que un anciano con demencia senil ya no es persona porque perdió alguna de estas capacidades.

Entonces, la cuestión central radica en precisar cuándo podemos considerar que cierta masa de material orgánico con genoma humano comienza a estar viva, como para ser sujeto con derechos propios. No es sencillo, ya que las nociones filosóficas sobre humanos y personas se combinan con el conocimiento científico del momento acerca de lo que sucede durante las gestaciones para sentar las bases de las conductas admisibles al respecto. Todo este proceso de fusión de conocimiento, luego, se refleja en un sistema de normas que nos regulan, y las leyes pasan a ser el instrumento que administra y reconoce nuestras concepciones acerca de la vida y de cuándo podemos, o no, interrumpirla.

Las respuestas que ha dado la ciencia a este dilema lejos están de ser unificadas y consensuadas. Mucho menos, estáticas en el tiempo. En el siglo XVI, cuando la esposa de Enrique VIII sintió la primera patada dentro de su panza, hubo fuegos artificiales en Londres. Era una prueba de vida y, hasta ese momento de la gestación, el aborto era legal en Gran Bretaña. Hoy, mucho antes de la primera patadita, alrededor de la semana 20, se puede sentir el latido del corazón del feto durante un ultrasonido de rutina. De esta manera, la ciencia posibilitó el argumento de la personería del feto, cosa imposible cuando no se podía observar el interior del útero.

Entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuando los médicos empezaron a coleccionar fetos y estudiar las etapas de la gestación, se instaló la concepción de que la vida empieza en la fertilización. A partir del desarrollo de la técnica in vitro (fuera del cuerpo), se supo que el fenómeno se da como proceso y puede tardar hasta 24 horas, dado que son necesarios varios cambios bioquímicos para que el espermatozoide traspase la membrana del óvulo. Dentro del cuerpo, además, la fertilización puede ocurrir varios días después de la inseminación, ya que los espermatozoides aún se mueven tratando de alcanzar las trompas de Falopio.

No obstante, pensar la fertilización como el inicio de la vida es muy polémico, pues no es la única condición que se requiere para que el óvulo fecundado comience su desarrollo. Para eso es necesaria la implantación, que es la adhesión a las paredes del útero. Se estima que entre un 50% y un 80% de los óvulos fecundados no se implantan y que muchísimos embriones se desprenden espontáneamente, eliminándose a través del ciclo menstrual. Si la vida comenzara en la fertilización, ¿se considerarían estos casos como muertes?, ¿se podría decir que esa persona experimentó un embarazo cuando, probablemente, jamás se entere de que eso sucedió?

El comunicador científico estadounidense Bill Nye14 señala al respecto: ?Si vas a otorgarle a cada óvulo fertilizado los mismos derechos que a un individuo por considerarlo una vida humana, ¿vas a encarcelar a cada mujer cuyo cuerpo descartó uno?, ¿a cada varón cuyo esperma fecundó un óvulo y no se convirtió en un bebé??. Si bien el contraargumento es sencillo ?nadie encarcelaría tampoco a padres cuyos hijos mueren por una enfermedad, sin mediar duda de que los niños son personas?, Nye da cuenta de que la idea de considerar personas a los óvulos fecundados parecería exagerada, como si no pudiera bastar con eso.

Aun si la fecundación y la implantación funcionan, la ciencia tampoco puede decir cuándo el embrión pasa a ser una persona humana. Para un embriólogo, podría ser en la gastrulación, cuando ya no puede dividirse para formar gemelos idénticos; para un neurocientífico, cuando se pueden medir ondas cerebrales.

Sagan, cercano a la última posición, señala: ?Creo que la cualidad humana básica no puede ser otra que nuestra inteligencia. Si lo consideramos así, la inapelable inviolabilidad de la vida humana puede identificarse con la evolución y la presencia del neocórtex. No podemos exigir que se trate de una evolución plena porque esta no se produce hasta muchos años después del nacimiento, pero tal vez podríamos determinar que el tránsito a la fase humana acaece en el momento en que se inicia la actividad neocortical tal como viene registrada por la electroencefalografía del feto. La observación de algunas funciones biológicas muy simples nos ofrece indicativos del momento en que el cerebro cobra un carácter específicamente humano. Hasta la fecha [1977] se ha investigado muy poco dicha cuestión, y estoy convencido de que los estudios en este terreno desempeñarían un papel determinante en la consecución de un compromiso aceptable que zanjara los debates sobre el aborto. Indudablemente, habría diferencias de un feto a otro en cuanto al momento de iniciación de las primeras señales electroencefalográficas del neocórtex, y todo intento de formular una definición legal del momento en que comienza la vida propiamente humana debería adoptar una pauta de prudencia, es decir, a favor del feto menos desarrollado capaz de exhibir tal actividad. Tal vez el momento de transición habría que fijarlo hacia el término del primer trimestre o próximo al inicio del segundo semestre del embarazo?.

A partir del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el juicio ?Roe vs. Wade? de 1973 (una solicitud de autorización para la interrupción de un embarazo producto de una violación), el aborto es legal en ese país según el criterio de viabilidad. Esto quiere decir que puede practicarse hasta que el feto sea, potencialmente, capaz de vivir fuera del útero sin ayuda artificial. En este sentido, se considera que la vida comienza cuando se da con independencia de otros organismos. Sin embargo, esto también es relativo. Desde los años 70 (cuando el umbral era de 26 semanas) hasta ahora, el límite se viene corriendo una semana por década.

Un estudio de 201515 mostró un aumento en la tasa de supervivencia en bebés de 22 semanas mediante el uso de esteroides para potenciar el desarrollo fetal y tensoactivos para prevenir el colapso pulmonar. Pero, como bien señala Matthew Rysavy, uno de los autores principales del trabajo, establecer un momento exacto para la viabilidad es prácticamente imposible: ?Depende de cómo lo definas, ¿quiere decir que algunos bebés sobreviven?, ¿que la mitad sobrevive?, ¿que la mayoría sobrevive? A las 22 semanas, la mayoría de los sobrevivientes tiene secuelas permanentes?.

ARGUMENTO 2: "ES UN PROCEDIMIENTO RIESGOSO"

A esta altura, podemos decir que ni la ciencia ni la filosofía ofrecen respuestas unívocas acerca del momento en el que comienza la vida humana. De todas formas, ambas están de acuerdo en algo: quienes se embarazan sí son humanos con derecho a la vida.

#Tip
Si estás discutiendo con alguien a quien escuchaste decir ?se embarazan por un plan? o ?estos te matan por un celular?, dejá de discutir inmediatamente. Este tipo de persona cree que el derecho a la vida se suspende cuando se trata de gente pobre.

En la Argentina, las estadísticas oficiales reflejan que el aborto es la primera causa de mortalidad materna pero, en torno a este número, surgen varios problemas: el primero se basa en la cantidad de mujeres que llegan a las guardias con abortos en curso (espontáneos o no). Las que mueren en condiciones de clandestinidad o son atendidas por complicaciones derivadas de abortos no entran en las estadísticas.

Si bien la clandestinidad dificulta mucho tener datos nacionales certeros (las estimaciones calculan 460 mil abortos inducidos por año en la Argentina), nuestro país vecino, Uruguay, otorga números contundentes: el aborto pasó de causar el 37,5% de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1% en 2011-2015, con una marca excepcional en 2014-2016 de cero muertes vinculadas a interrupciones voluntarias de embarazos. Hay una causa evidente para esta caída: en 2012 se aprobó una ley que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas. Este efecto se ve en todos los países que legalizan el aborto y la correlación es evidente al comparar sus tasas de mortalidad con las de países de la región que aún lo penalizan.
El argumento de la apelación a la vida, entonces, no es sencillo y no está resuelto. Quien enarbola los derechos del embrión o el feto debería presentar datos precisos para adscribir a la hipótesis de que la vida comienza en la fertilización, pero, aun en ese caso, aceptar que no hay pruebas concluyentes al respecto.

Lo cierto es que desconocemos el momento exacto en el que comienza la vida y, en consecuencia, no podemos diseñar políticas públicas cuya justificación sea una creencia personal. Menos aún mientras estamos seguros de que confinar el aborto a la clandestinidad causa muertes en quienes ?todos estamos de acuerdo? son personas.

Cabe destacar que incluso en situaciones donde no está penalizado, es el mismo personal de salud quien lo obstaculiza. Bajo el pretexto de la objeción de conciencia, los médicos están autorizados a no brindar información ni practicar los procedimientos correspondientes. Esto es especialmente grave ya que está permitido apelar a una cuestión individual para obstaculizar un derecho colectivo y no hace falta brindar ningún tipo de argumento. En palabras de Soledad Deza16, abogada y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir: ?La objeción de conciencia invocada por los/as miembros del equipo de salud frente a la solicitud de interrupción legal de embarazo se ha transformado en la Argentina en uno de los principales obstáculos para el acceso a la salud de las mujeres. Resistencias de tipo cultural, social y religioso se autoconvocan en la salud pública para indisponer la prestación médica y, a la vez, imponer maternidades forzadas o abortos inseguros. La protección de la libertad de conciencia es noble, pero el costo de esa protección no puede con justicia ser pagado por las libertades y la autonomía de las mujeres".

 

 ARGUMENTO 3: "PUEDE CONVERTIRSE EN UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO"

Corta la bocha: no. Ningún estudio comparativo a gran escala demuestra que, si el aborto se legaliza, las mujeres se lancen masivamente a utilizarlo como método anticonceptivo.

En países desarrollados donde la legalidad es más frecuente, la tasa promedio anual es de 27 abortos por cada 1000 mujeres, entre 15 y 44 años; en países en desarrollo, de 37. Este índice sugiere que la penalización no da resultado para prevenirlo, sino más bien alienta a hacerlo en situaciones clandestinas. Sin embargo, estos números no incluyen a quienes, ante la prohibición, llevan a término embarazos no deseados. Estos casos podrían ser, entonces, los que alimenten el supuesto de que la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo aumentaría si se legalizara (en tanto se sumarían los de quienes ?quieren pero no pueden?). De ser así, implicaría la falacia de pensar la legalización del aborto como una política sanitaria aislada.

La distinción legal/ilegal no pareciera ser la más adecuada para analizar la cantidad de abortos. Estudios como el que se publicó en 2016 en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas de Gran Bretaña, muestran que no hay grandes diferencias cuando se aplica este filtro. Sin embargo, sí se observa claramente que, en países desarrollados, las interrupciones voluntarias de los embarazos están disminuyendo a través de los años, mientras que se mantiene constante en países en desarrollo. ¿La clave? En general, el aborto legal viene acompañado de políticas de planificación familiar, en tanto que los estados que penalizan la práctica también suelen ser menos abiertos para implementar programas de salud sexual. Los datos señalan que la mayoría de los embarazos no deseados se debe a la falta de acceso a métodos anticonceptivos modernos.

En la Argentina, por poner un solo ejemplo, se calcula que la industria del aborto clandestino movió mil millones de pesos en 2010 (estimación más reciente), mientras que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable a cargo del Ministerio de Salud invirtió en ese mismo año 72.730.000 pesos en anticonceptivos (el 7%). Esta diferencia entre el gasto público

en anticoncepción (que podría considerarse la política más efectiva para prevenir el aborto) y el dinero facturado por un mercado ilegal muestra una política sanitaria desactualizada que no administra eficientemente sus recursos ni preserva a la ciudadanía.

En Uruguay, en cambio, una de las claves en la implementación del acceso al aborto fue pensarlo como una oportunidad para ampliar la prevención en instancias posteriores. En este país, la consulta de seguimiento luego de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo incluye información sobre métodos anticonceptivos para poder elegir el que más se adecúe a las necesidades, gustos y poder adquisitivo de cada persona. 

ARGUMENTO 4: "AUMENTA LA PROBABILIDAD DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO" 

En los años 80, el doctor Vincent Rue (un terapeuta de parejas abiertamente antiabortista) acuñó el término PAS (por las siglas, en inglés, de ?Síndrome Post Aborto?) cuando testificó ante la corte estadounidense en mediaciones por pedidos de interrupción voluntaria del embarazo. Aseguró entonces haber observado casos de estrés postraumático en mujeres que habían abortado. El trastorno, que jamás apareció en los listados de enfermedades mentales reconocidas por las asociaciones más prestigiosas, fue utilizado como uno de los principales caballitos de batalla de las campañas antiaborto.

Varios estudios cruzaron datos entre las historias clínicas de personas que abortaron, y patologías mentales y suicidios, sin encontrar correlación alguna. Un estudio de 2017 realizado en Estados Unidos19 monitoreó directamente casos de solicitudes

de abortos y no observó efectos negativos en la salud mental, proveyendo la evidencia en tal sentido más fuerte hasta la fecha. Durante cinco años, el equipo realizó seguimientos a 956 mujeres que solicitaron abortos en veintiún estados norteamericanos. Dividieron la muestra en dos grupos: las que accedieron al procedimiento y las que fueron rechazadas porque su gestación estaba más avanzada que lo que estipula la ley. A este último grupo, a su vez, lo subdividieron en dos: las que tuvieron abortos espontáneos o clandestinos y las que llevaron el embarazo a término. Cada seis meses, los investigadores las entrevistaron para evaluar su salud mental. Resultó que, en el corto plazo, las que no habían podido acceder al aborto experimentaban mayor ansiedad y baja autoestima que las que abortaron. Esto era especialmente intenso en aquellas que, aunque fueron inicialmente rechazadas, terminaron abortando, probablemente debido a que tuvieron que trasladarse a otros estados y conseguir más dinero para hacerlo, cuando no tener medios suficientes para mantener a un niño era, por empezar, una de las causas para no querer llevar a término la gestación. Luego de seis meses y hasta cinco años después de haber solicitado la interrupción voluntaria del embarazo, los niveles de depresión, ansiedad y autoestima de ambos grupos permanecían equiparados.

La creencia de que un aborto puede provocar daños en la salud mental también sostiene una política de restricción al acceso del procedimiento. En varios estados norteamericanos es obligatorio que las pacientes asistan a sesiones de terapia y se les dan folletos que les advierten acerca de los efectos psicológicos y psiquiátricos que podría tener su decisión. Este estudio funciona como prueba de que dichas advertencias e intervenciones no están sostenidas por ningún argumento basado en evidencia.

Sería interesante replicar el estudio realizado en Estados Unidos en países en los que el aborto es ilegal. Si las mujeres

que deben hacerlo forzosamente fuera de la ley experimentaran problemas de salud mental en el largo plazo, este argumento tan difundido podría funcionar para ?dar vuelta la tortilla?, situando el problema en la clandestinidad y el estigma, no en la práctica en sí. 

ARGUMENTO 5: "PROVOCA CÁNCER" 

En 2002, durante la presidencia de George W. Bush en los Estados Unidos, en el sitio web del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), se publicó información que sugería un vínculo entre el aborto y el cáncer de mama. La polémica estalló y The New York Times acusó al gobierno de haber extorsionado a la institución para no difundir sus verdaderas conclusiones sobre el tema, a modo de propaganda antiabortista.

Esto llevó a que, en febrero de 2003, el NCI convocara a un workshop para revisar la evidencia y allí concluyeron que los estudios que apoyaban esta hipótesis eran más políticos que médicos. Al revisar los papers de la investigación previa, encontraron que las muestras analizadas eran pequeños grupos de pacientes de quienes se habían extraído datos solo después de haberles diagnosticado cáncer de mama, y cuyas historias de abortos, inducidos o espontáneos, tenían como único sustento el relato (no había informes médicos al respecto). En estudios20 donde se examinaron más casos, se recolectaron datos antes del diagnóstico de cáncer y se reunió información de historias clínicas, no se comprobó una asociación consistente entre abortos (inducidos o espontáneos) y riesgo de cáncer de mama.

Actualmente, instituciones como la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Real de Ginecología y Obstetricia del

Reino Unido sostienen que no existe asociación causal entre cáncer y aborto.

ARGUMENTO 6: "REDUCE LA FERTILIDAD"

Esta creencia está basada en el riesgo mínimo de daño uterino que acarreaban las primeras técnicas de aborto quirúrgico. Conocidas como ?raspajes?, consistían en inducir la dilatación del cérvix e introducir un elemento quirúrgico para ?raspar? las paredes del útero. Son contados los casos en los que el tejido se lastimaba y causaba complicaciones. En los años 70, esta técnica se declaró obsoleta para abortos (aunque aún se utiliza cuando hay que remover tejido del útero, por ejemplo, en endometriosis severa o cuando no hay otro equipamiento disponible), y se reemplazó por las aspiraciones uterinas.

Hoy, además, contamos con abortos farmacológicos, de los cuales el más conocido en nuestro país es el que se induce con misoprostol. Esta droga, originalmente concebida para prevenir úlceras gástricas, produce contracciones en el útero que provocan la expulsión del endometrio y el embrión. Su uso es seguro hasta las doce semanas de gestación y no puede detectarse en análisis clínicos, lo que es especialmente importante si surgieran complicaciones y hubiera que hacer una consulta médica en un país donde el aborto sea ilegal.

Ninguna de estas técnicas está asociada con impactos en la fertilidad futura de la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo.

la tasa promedio anual es de 27 abortos por cada 1000 mujeres, entre 15 y 44 años; en países en desarrollo, de 37. Este índice sugiere que la penalización no da resultado para prevenirlo, sino más bien alienta a hacerlo en situaciones clandestinas. Sin embargo, estos números no incluyen a quienes, ante la prohibición, llevan a término embarazos no deseados. Estos casos podrían ser, entonces, los que alimenten el supuesto de que la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo aumentaría si se legalizara (en tanto se sumarían los de quienes ?quieren pero no pueden?). De ser así, implicaría la falacia de pensar la legalización del aborto como una política sanitaria aislada.

La distinción legal/ilegal no pareciera ser la más adecuada para analizar la cantidad de abortos. Estudios como el que se publicó en 2016 en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas de Gran Bretaña, muestran que no hay grandes diferencias cuando se aplica este filtro. Sin embargo, sí se observa claramente que, en países desarrollados, las interrupciones voluntarias de los embarazos están disminuyendo a través de los años, mientras que se mantiene constante en países en desarrollo. ¿La clave? En general, el aborto legal viene acompañado de políticas de planificación familiar, en tanto que los estados que penalizan la práctica también suelen ser menos abiertos para implementar programas de salud sexual. Los datos señalan que la mayoría de los embarazos no deseados se debe a la falta de acceso a métodos anticonceptivos modernos.

En la Argentina, por poner un solo ejemplo, se calcula que la industria del aborto clandestino movió mil millones de pesos en 2010 (estimación más reciente), mientras que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable a cargo del Ministerio de Salud invirtió en ese mismo año 72.730.000 pesos en anticonceptivos (el 7%). Esta diferencia entre el gasto público en anticoncepción (que podría considerarse la política más efectiva para prevenir el aborto) y el dinero facturado por un mercado ilegal muestra una política sanitaria desactualizada que no administra eficientemente sus recursos ni preserva a la ciudadanía.

En Uruguay, en cambio, una de las claves en la implementación del acceso al aborto fue pensarlo como una oportunidad para ampliar la prevención en instancias posteriores. En este país, la consulta de seguimiento luego de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo incluye información sobre métodos anticonceptivos para poder elegir el que más se adecúe a las necesidades, gustos y poder adquisitivo de cada persona.

ARGUMENTO 7: "LE CAUSA DOLOR AL FETO"

Esto es una ridiculez y, más que con ciencia, se debate con puro sentido común. Claramente, para sentir dolor, el sistema nervioso tiene que estar desarrollado y el cerebro debe ser capaz de procesar las señales. Este proceso se completa a las 26 semanas de gestación y, en general, el aborto legal tiene como condición de acceso realizarlo antes de la semana 12, teniendo como límite máximo la semana 24 en casos de diagnósticos específicos.

O sea, "no way, José".